Colombia ha sido el último país en legalizar el aborto. El delito por interrupción del embarazo, con penas de cárcel, estaba presente en el Código Penal del país desde 1837. Unas 400 mujeres son procesadas cada año por interrumpir su gestación y miles se ven abocadas a acudir a clínicas ilegales con enormes riesgos para su salud. La Corte Constitucional acordó el pasado lunes despenalizarlo hasta la semana 24 de gestación como respuesta a una demanda de la agrupación de organizaciones Causa Justa. El fallo coloca ahora a Colombia como uno de los países con uno de los plazos más amplios, junto a países como Holanda, Canadá, Reino Unido o Estados como Nueva York. La sentencia fue tan celebrada por el movimiento feminista y otros sectores como criticada por organizaciones provida o conservadoras. Incluso el presidente de país, Iván Duque, equiparó la decisión a “una medida anticonceptiva”. En medio de la clara polarización aborto sí o no, emergió un segundo debate: ¿por qué 24 semanas?

Laura Gil es ginecóloga y cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, integrado en Causa Justa. Antes de presentar su demanda ante la Corte en Colombia, el grupo médico analizó todos los plazos sobre el aborto que hay en los diferentes países. Desde el Estado de Texas, que contempla seis semanas, hasta las 12 de Uruguay o las 14 de España y Alemania, por tomar varios ejemplos. “Hay todo tipo de plazos y ninguno obedece a ningún criterio objetivo, médico o científico. La semana 24 sí tiene un criterio objetivo. Hoy en día, con tecnología avanzada, un bebe que nazca a las 24 semanas podría ser salvado”, analiza Gil el criterio que adoptó la Corte. Es el mismo planteamiento que siguieron años antes otros países como Holanda o Reino Unido. Para la doctora, los plazos tan variados responden a negociaciones políticas, que acaban fijando un “número al azar, hasta que las partes anti y pro se sienten cómodas” para sacar una ley adelante.

Hace ya 12 años que en España se aprobó la ley del aborto, en la que se fijó la semana 14. Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), comparte la tesis de su homóloga colombiana. “Se estableció [la 14] por una cuestión aleatoria, se hizo una ley que se pareciera al resto de las leyes europeas. No hubo un criterio de consideración como la viabilidad fetal, como sí hubo en Holanda”, explica por teléfono. La decisión que adoptó el Gobierno en España se basó en las recomendaciones de un comité de expertos que, en un informe de 49 páginas, estudió los diferentes plazos y las leyes de los países europeos para asegurar el derecho de las mujeres. La mayoría de los países se ajustan a ese primer trimestre del embarazo. En el documento se recomendó la semana 14. “Nosotros proponíamos que la mujer pudiera decidir hasta la 22-24 porque no existen cuestiones médicas para otro plazo, sino puramente políticas”, incide García.

La decisión de la Corte colombiana ha vuelto a alentar las posiciones de aquellos que consideran que legalizar el aborto hasta la semana 24 es ir demasiado lejos. Un recorrido por los países que ya pusieron ahí el plazo demuestra que los abortos practicados cerca del límite son mínimos. En Reino Unido el aborto es en la práctica legal hasta la semana 24. Una estadística del Gobierno, publicada en 2020, muestra que ese año el 88% de los abortos se practicaron antes de la semana 10 de gestación y apenas un 1% de las interrupciones se hicieron más allá de la semana 20. Holanda, a su vez, también tiene uno de los índices de abortos más bajos de Europa.

La Corte colombiana tenía que dirimir dos demandas que pedían la despenalización total del aborto, sin límite de tiempo. Una opción que fue desestimada pero ya existe en países como Canadá o Corea del Sur. La experta en salud sexual y reproductiva de Canadá Joanna Erdman, durante su participación en un acto en Argentina mientras se debatía la despenalización en 2018, subrayó que, siguiendo los datos canadienses, al contrario de lo que se pueda pensar, la total despenalización del aborto no incrementa su número, sino que lo reduce. Cambiar un sistema penal por un sistema de salud, sostiene, permite al país aumentar las políticas públicas para prevenir embarazos no deseados y mantener sus índices de interrupciones por debajo de otros países con leyes más restrictivas.

La Corte de Colombia explica en su avance de la sentencia -el texto definitivo aún tardará unas semanas en hacerse público- la búsqueda de la Sala por encontrar un equilibrio entre el derecho de las mujeres, niñas y personas gestantes a la interrupción del embarazo y la protección del bien jurídico de la vida en gestación. Para fijar el plazo, señala el documento, se tuvieron en cuenta “dos conceptos normativos, con relevancia constitucional”. Estos son el de la “existencia”, que se asocia con la idea de prohibir la práctica del aborto consentido desde el momento en el que inicia la vida, en la concepción o fecundación. Y el de “autonomía”, que se asocia con la idea de prohibir el aborto con consentimiento en el momento en el que es posible considerar que se rompe la dependencia de la vida en formación de la persona gestante, esto es, “cuando se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina”, circunstancia que “se ha evidenciado con mayor certeza” a partir de la semana 24. La Corte colombiana también tuvo en cuenta sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fijaron el plazo en función de la “viabilidad” del feto.

Debora Diniz, antropóloga brasileña e investigadora de la Universidad de Brown, explica que la Corte actuó por jurisprudencia comparada para llegar a una decisión, además de incluir “una ponderación de moralidad”. “No es al ciencia la que lo determina, el aborto es esencialmente una cuestión moral y de poder, del control de los cuerpos reproductivos de la vida, no de la biológica de la vida,”, sostiene. De ese acuerdo moral, “esencialmente con el patriarcado”, añade, se fijan los plazos en 12, 14 o 24 semanas.

El fallo colombiano, más allá del presidente, ha generado una tormenta en multitud de sectores. Incluso entre los propios médicos. El presidente del Colegio Médico de Antioquia, Carlos Valdivieso, ya avanzó en una entrevista con Blu Radio que no estudiaron “para servir de verdugos”. El ginecólogo y profesor de la facultad de medicina de la Universidad Javeriana David Vásquez señaló a W Radio que el aborto no debería superar el “período de embriogénesis, que es cuando el bebé está en su proceso de formación y termina entre las semanas 9 y 12″.

Mujeres y niñas vulnerables

Causa Justa lo que buscaba con la despenalización total era sacar el derecho al aborto del Código Penal para convertirlo en materia de salud pública, siguiendo el ejemplo de Canadá. Laura Gil explica que está demostrado que las mujeres que solicitan un aborto más allá del primer trimestre de embarazo son las menos, pero son las más vulnerables, las más pobres, las menores y las víctimas de violencia. A pesar de que en Colombia hasta este lunes existían tres causales para permitir el aborto -violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer- a muchas no se les reconocen las causales, o lo solicitan desde la semana 10 y entre que se determina si se ajustan a una causal acaban superando la semana 20.

En 2020, 4.268 niñas colombianas de entre 10 y 14 años fueron madres, según estadísticas oficiales. El código penal del país señala que los embarazos en ese rango de edad siempre son por causa de violencia sexual, por lo que se ajustan a una de las causales del aborto legalizado desde 2006. Pero las menores tampoco han estado libres de ser procesadas por la justicia. Según datos de la Fiscalía, 502 menores fueron llevadas ante la justicia entre 2005 y 2017 por interrumpir su embarazo.

La sentencia destaca que las mujeres, niñas y personas gestantes “sufren actualmente un déficit de protección respecto de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, que va más allá de las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres hipótesis previstas”. Esas tres causales se mantendrán ahora a partir de la semana 24 y sin límite de tiempo por decisión de la Corte. Gil sostiene que con el fallo, que obliga al Gobierno y el Congreso a legislar para regular la decisión, el mensaje enviado a las mujeres es muy diferente al punitivo: “El Estado ahora les dice creemos en usted, es una persona moral y consciente y tiene que tener el derecho a protegerse de ese peligro que puede ser la maternidad forzada”.

La coexistencia del delito con las tres causales ha expulsado todos estos años a miles de mujeres del sistema de salud público para ponerse en manos de clínicas ilegales, con enormes riesgos para su salud. Muchas mujeres que acudían a clínicas ilegales y presentaban alguna complicación grave eran denunciadas si acudían a un hospital. La sentencia también busca salvar esas vidas. “Si una mujer está en una situación tan extrema que necesita abortar por encima de la semana 20, preferimos que venga a un hospital y no se vaya a un aborto inseguro y se muera. Y si aun así lo hace, luego puede venir al hospital y no la vamos a denunciar”, añade Gil.

En Colombia, un país profundamente desigual y con una pobreza muy feminizada, en los últimos 15 años 5.000 mujeres fueron llevadas ante la justicia por interrumpir su embarazo.