“Nos sentimos engañadas”: las dominicanas le plantan cara al presidente en su lucha por el derecho al aborto

Las mujeres no se rinden. La ola verde dominicana, el grupo de organizaciones que piden despenalizar el aborto en casos excepcionales en uno de los pocos países del mundo que mantienen una prohibición total, lleva más de 50 días de acampada frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para exigirles al presidente Luis Abinader y a los congresistas unas leyes que les garanticen sus derechos. Después de llevarse un revés esta semana en el Congreso, han convocado a una gran marcha nacional el domingo 23 de mayo para exigir a sus políticos que apoyen las tres causales básicas: la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo, en caso de violación o incesto o por malformaciones del feto.

“Las mujeres nos sentimos así engañadas, traicionadas”, le ha dicho a EL PAÍS Sergia Galván, una activista que lleva más de 20 años al frente de las demandas feministas. El miércoles, la Cámara de los Diputados aprobó en una primera lectura un Código Penal que incluye un artículo que permite la interrupción del embarazo en el caso de que la vida de la madre corra peligro, pero los legisladores rechazaron mayoritariamente un informe disidente que pedía incluir las tres causales básicas. Eso pese a que el liderazgo de los dos mayores partidos, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se habían pronunciado públicamente a favor de las tres excepciones.

“Lo que se aprobó es estado de necesidad. Van a poner en riesgo la vida de la mujer y, ya cuando sea inminente la muerte, van a intentar salvarla y esa no es la causal vida que nosotras estamos proponiendo”, afirma Galván en entrevista telefónica. Los grupos que promueven las tres causales están especialmente dolidos con el presidente Abinader, quien llegó al poder defendiendo esas excepciones, pero recientemente dijo que llevaría esa decisión a un referéndum popular. “La Constitución dominicana establece claramente que los derechos fundamentales no pueden estar bajo escrutinio de la mayoría, sino que se regulan a través de la legislación y por eso les elegimos”, afirma la activista en conversación telefónica desde el campamento.

El miércoles, tras la votación en la Cámara de Representantes, las mujeres del llamado ‘campamento de la dignidad’ se juntaron a cantar La calle será la calle de Xiomara Fortuna frente al Palacio Nacional, una declaración de intenciones para plantarles cara a los políticos que consideran que no defienden sus intereses. “Esta lucha, ya no nos queda de otra, es en la calle que la tenemos que ganar”, afirma Galván. “Al PRM, el partido mayoritario y que hizo campaña con las tres causales, le decimos que las mujeres y el pueblo le va a pasar factura por aprobar un código que niega esos derechos fundamentales”, advierte.

Después de Argentina, que a finales de diciembre legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación, la gran esperanza de las feministas latinoamericanas para avanzar en los derechos reproductivos era República Dominicana. Junto con El Salvador, Honduras y Nicaragua, la nación caribeña prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. El Congreso debate desde hace años las tres causales excepcionales. Pero pese a que diferentes líderes políticos como el expresidente Danilo Medina, del PLD, han abogado públicamente por ellas y a que las encuestas de opinión revelan una opinión favorable de la sociedad hacia ese cambio —según el Barómetro de las Américas de 2019, un 61% de los dominicanos está de acuerdo con el aborto cuando la salud de la madre está en riesgo o cuando se establece que el feto es inviable debido a malformaciones— los cambios de legislación no llegan.

Lo que sí ha aumentado en los últimos años son las voces que exigen públicamente la despenalización, así como los llamados de organizaciones internacionales que piden cambios en la legislación para que se garanticen los derechos reproductivos de las mujeres. “La prohibición total del aborto establecida por el país, que está vigente desde 1884, amenaza la salud y la vida de las personas gestantes y es incompatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por la República Dominicana”, denunció Amnistía Internacional a principios de mes en un comunicado. La legislación vigente contempla penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y las niñas que tengan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los realicen.

“Con este código, lo que están es condenado a la mujeres dominicanas a la muerte, a la vejación, condenándolas al sufrimiento y a la tortura y esto significa una violencia de Estado”, insiste Galván. Según un informe reciente del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el aborto es la cuarta causa de muerte materna en el país. “Su incidencia en la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva se encuentra directamente vinculada a su clandestinidad y a las condiciones de inseguridad en que se realizan”, se lee en el análisis de la universidad privada.

Si hay un testimonio en el país que habla de las consecuencias que puede tener la prohibición del aborto en cualquier circunstancia es el de Rosa Hernández, una profesora dominicana que perdió a su única hija, Rosaura, a los 16 años después de que le diagnosticaran simultáneamente una leucemia y un embarazo de siete semanas en 2012. Tras ver a su hija agonizar durante un mes y medio, en el que le retrasaron el tratamiento con quimioterapia que podría haberle salvado la vida, se le negó un aborto terapéutico y acabó teniendo uno espontáneo y muriendo. ”Se trata de salvar la vida, pero ¿de quién?”, se pregunta la mujer en una conversación con EL PAÍS a través de Zoom. “¿Se le llama provida a eso? ¿Se le llama cuidar la vida a eso? No cuidaron ninguna porque mi hija ya no está ni tampoco el embarazo de un mes”, lamenta.

Hernández lleva casi una década abogando por la aprobación de las tres causales y ha llevado el caso de su hija, que se conoció como ‘Esperancita’, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este año, la madre le envió una carta al presidente Abinader en la que le pide que se ponga en su lugar como padre de tres hijas y le explica que algo como le sucedió a ella les pasa a las familias de menos recursos. “Yo se lo dije al señor presidente en esta carta que a mi hija me la destruyeron y me destruyeron a mí. ¿Por qué lo hicieron? Porque yo no tenía dinero para sacarla ahí, de ese centro médico”, explica. “Y yo lo voy a seguir hablando, porque voy a salvar más vidas. No quiero que nadie, ni mi peor enemigo, pase por esto, porque mi familia entera se perdió”.

“No crucifiquen a las mujeres en nombre de Dios”

Frente a testimonios contundentes como el de Hernández, algunos congresistas se amparan en su fe o alegan que existen presiones de grupos religiosos que impiden que la normativa avance. Pero para la activista Galván, ese argumento no es válido. “Aquí lo que falta es la voluntad política y quien le ha fallado a las mujeres son ellos [los políticos] porque este no es un estado teocrático y quienes están obligados a legislar a favor de las mujeres, a favor de los Derechos Humanos, son ellos”, afirma. “Es muy fácil escudarse y decir: ‘Tengo presión de la iglesia’. Nosotros no los elegimos a ellos para que representaran nuestra fe, los elegimos para que garantizaran nuestros derechos”, asegura.

Figuras relevantes de la jerarquía católica, como el obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, han presionado públicamente a los legisladores para que no votaran para despenalizar el aborto. Además, una pastora evangélica, Betania Figueroa, fue retirada de sus funciones por su congregación tras apoyar esa medida públicamente en un acto en el que relató cómo había acompañado a mujeres embarazadas por violación o incesto o a las que obligaron a seguir adelante con sus gestaciones pese a saber que el feto era inviable. “Cuando viene un niño con algún problema, la iglesia no lo mantiene”, dijo entonces. “Lo mantiene la familia que se va empobreciendo”.

Entre los grupos promotores de las tres causales también hay asociaciones religiosas como Católicas por el Derecho a Decidir y, en el Congreso, la diputada Magda Rodríguez dio sus argumentos a favor de las tres causales con una Biblia en la mano y vestida de verde. “No conozco al Dios autoritario, vengativo, juzgador que nos quieren presentar aquí”, dijo la parlamentaria, que preside la comisión de Igualdad de Género. “Yo le creo a un Dios compasivo, que está al lado de la gente que sufre, en este caso de las mujeres que en condiciones extremas tienen que optar por la vida. Por favor, no crucifiquen a las mujeres en nombre de Dios”.

Al igual que las mujeres del ‘campamento de la dignidad’ que se han declarado en “movilización permanente” para defender las tres causales. Rosa Hernández dice que no parará en su lucha para que se apruebe esa legislación y que otras mujeres no tengan que pasar por lo que pasó su hija. “Vamos a salvar vidas de niñas violadas, maltratadas, ultrajadas, embarazos de personas que los tienen ahí nueve meses, que los médicos lo obligan a tenerlo ahí, aunque al final se va a morir la madre o se va a morir el embarazo”, afirma. “No es destruir la vida de un muchacho, como andan diciendo por ahí, es salvar la vida. Porque si de salvar la vida se trata, a Rosaura no la salvaron ni tampoco al embarazo que tenía”.

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