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Ignacio González responde ante el juez por 12 años de corrupción

El expresidente madrileño será interrogado por su papel en el presunto amaño de contratos públicos entre 2003 y 2014

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, acude este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como imputado por su presunta implicación en la caja b del PP que se investiga en el caso Púnica. No será la primera vez que el político popular se siente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, que además de en este sumario también lo investiga en el caso Lezo, pero en esta ocasión deberá responder a preguntas sobre su presunta implicación en 12 años de corrupción, según recoge el auto judicial del pasado 2 de septiembre por el que fue citado. En el escrito de la Fiscalía Anticorrupción que ha motivado el nuevo interrogatorio se acusa al exdirigente del PP regional de siete delitos: cohecho, malversación agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. En sus anteriores comparecencias en el juzgado, González siempre ha negado ser autor de ninguna irregularidad mientras fue alto cargo público. 

Según detalla el auto de citación, el expresidente será interrogado este jueves por el supuesto "desvió continuado de fondos públicos a través de los contratos de las consejerías de Transporte y de Presidencia" del ejecutivo madrileño entre los años 2003 y 2011; además de por "el amaño de las partidas de publicidad licitadas" desde diversos departamentos de la Comunidad de Madrid en el periodo 2005-2010. También deberá responder a cuestiones sobre las subvenciones públicas concedidas por el ejecutivo regional entre 2007 y 2011 a Fundescam, la fundación del PP de Madrid a través de la cual supuestamente se financió de manera irregular campañas electorales.

El expresidente madrileño también está acusado de haber participado en el amaño de contrataciones de la Agencia Informática y Comunicaciones (ICM) y el Canal de Isabel II -empresa que presidió cuando fue el número 2 de Aguirre en el ejecutivo regional- entre 2011 y 2014 ante la sospecha de que ambas empresas públicas sirvieron para de nutrir de fondos de manera irregular la caja b de la formación. En este sentido, el escrito judicial también apunta a que el político popular "participó en una continuada dinámica de falsedad electoral en la presentación por el PP de la Comunidad de Madrid de las contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Madrid por las campañas autonómicas de 2007 y 2001 [ganadas ambas por mayoría absoluta por Esperanza Aguirre], y ante el Tribunal de Cuentas por la campaña de las elecciones generales de 2008 [en las que el candidato fue Mariano Rajoy]".

González deberá responder sobre su presunta implicación en la contratación al experto informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para que este realizara trabajos de reputación en Internet a dirigentes del PP, entre ellos él mismo, y que finalmente fueron pagados con fondos públicos "pese a ser trabajos personales". También sobre la estrategia para "desviar fondos" de empresas públicas "utilizando contratación ficticia emitida por proveedores concertados" con idéntico fin. Por último, el juez y la Fiscalía le preguntarán por su implicación en el amaño de contratos públicos desde ICM a la empresa Indra para desviar fondos para el "pago de gastos personales de los dirigentes del PP madrileño, particulares del partido y gastos electorales ocultados a la Cámara de Cuentas de Madrid". La investigación ha revelado que, al menos desde 2007,ICM infló presuntamente el coste de varios contratos a cambio de supuestas comisiones ilegales y que este dinero llegaba a la caja b del PP madrileño tras camuflarse mediante falsas operaciones mercantiles que se cruzaban con varias empresas de un entramado societario.

La declaración de Ignacio González se produce después de que el pasado marzo un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario lo situara en una reunión en la que también participaba Aguirre y otros altos cargos del gobierno regional -entre ellos Francisco Granados- en la que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en las campañas electorales del PP de 2003 y 2007. El documento policial concluía que el Gobierno regional utilizó “la publicidad institucional [...] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. Para ello, el ejecutivo del PP modificó varias leyes autonómicas en 2006 para que cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitase la “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, que entonces ocupaba Ignacio González.

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