El juez del ‘caso Púnica’ recaba nuevos datos sobre el “1% madrileño” de Esperanza Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, sigue recabando datos sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño, que este lunes supuso la imputación, entre otros, de las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. El magistrado ha reclamado a la Comunidad de Madrid información sobre los contratos de construcción y explotación de 34 hospitales y centros de salud públicos y de 16 proyectos de carreteras de la red regional, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción consideran que estos equipamientos e infraestructuras formaron parte de la llamada “trama del 1% madrileño”, por la que se reservaba este porcentaje en los contratos para publicidad de las obras, cantidad que luego terminaba total o parcialmente desviada a las arcas del PP madrileño y de sus dirigentes. García-Castellón solicita también los expedientes de seis grandes contratos de publicidad de la Consejería de Empleo y Hacienda que no estaban todavía incorporados a la causa.

El juez instructor de esta trama de corrupción que se investiga desde 2014 ha solicitado a la Consejería de Sanidad los expedientes electrónicos completos de los contratos de construcción y explotación de los hospitales públicos Puerta de Hierro de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Arganda del Rey y del Tajo. También reclama al Servicio Madrileño de Salud los contratos de gestión de 27 hospitales y centros de salud, entre ellos el del hospital de Valdemoro, adjudicado a Capio, o el 12 de Octubre de Madrid, adjudicado a OHL. Estas obras llevaban incorporada la cláusula del 1% en publicidad, que supuso un coste total de 3,07 millones de euros, parte de los cuales acabaron en la caja b del PP madrileño.

En el auto por el que decreta la imputación de Aguirre como supuesta ideadora y supervisora de la financiación ilegal del PP regional, el magistrado afirma que el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 “confirió la cobertura oportuna” para introducir, en los pliegos de las licitaciones de los contratos para la construcción y gestión de cada hospital y centro de salud, la cláusula (…) que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido Popular”. El consejero de Sanidad en aquellos años era Manuel Lamela, que también ha sido imputado en esta última fase de la investigación, que ha de estar terminada antes del 6 de junio de 2020.

“La obligación de pago de dicha cantidad por el adjudicatario del contrato obligaba al mismo a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, recuerda el magistrado. “El plan urdido aseguró que el pago en concepto de publicidad se realizase a las mercantiles del investigado [empresario argentino] Horacio Mercado”, afirma el juez.

Estas sociedades fueron “utilizadas como canal por el que circularían los fondos detraídos indirectamente del presupuesto del Plan de Infraestructuras, al reservarse los investigados Ignacio González y Francisco Granados, bajo la supervisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada publicidad”. El juez cifra en 3,07 millones de euros el dinero que las empresas constructoras abonaron en concepto de publicidad a las mercantiles de Mercado en quebranto a las arcas públicas.

García-Castellón reclama, asimismo, a la Consejería de Transportes madrileña expedientes completos sobre obras de duplicación y reparación de 16 carreteras regionales porque sospecha que también fueron sometidas al 1% de publicidad. Estas obras totalizan contratos por 74,65 millones de euros, por lo que, de haberse aplicado el 1%, el partido se habría podido beneficiar de 746.500 euros, aproximadamente. El magistrado quiere saber si “se introdujo alguna cláusula que reservase un porcentaje para publicidad” y que, en caso afirmativo, la Consejería aporte los expedientes completos. También quiere que, en caso de haber estado sujeta la obra al 1% de publicidad, la Comunidad informe sobre la “existencia del Plan de Publicidad en el que se enmarcaron las acciones sufragadas con dichos fondos” y “sobre cómo se acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de publicidad”.