El juez del ‘caso Púnica’ prorroga tres meses la investigación sobre la caja b del PP de Esperanza Aguirre

Nuevo varapalo judicial al PP. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado este jueves un auto por el que prorroga tres meses la investigación de la pieza 9 de este macrosumario de corrupción, centrada en la supuesta financiación irregular del partido en Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre mediante el desvío de fondos públicos. De este modo, el magistrado acepta la petición que había hecho la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción de no dar por concluida la instrucción de esta línea de investigación al considerar que aún quedaban por practicar varias diligencias, entre ellas la toma de declaración como imputada a una antigua alto cargo del Ejecutivo madrileño. La nueva fecha fijada por el magistrado para concluir las pesquisas es el próximo 29 de octubre, según el escrito judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La presente pieza separada se inició después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera en marzo de 2017, casi tres años después de que se iniciara la investigación del caso Púnica, un informe en el que recopilaba los indicios hallados hasta ese momento sobre la supuesta financiación irregular de los gastos de campaña del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, y en las generales de 2008. Aquel informe tenía su punto de partida en una libreta intervenida en su domicilio al exconsejero madrileño Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama de corrupción, cuando fue detenido en octubre de 2014, y en la que se recogían supuestas entradas de donaciones de empresarios y salidas de fondos para abonar en negro gastos electorales. Las pesquisas iniciadas entonces han llevado a imputar a tres de los expresidentes autonómicos: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, si bien la causa contra esta última se archivó el pasado abril.

El pasado 7 de julio, el juez García-Castellón planteó a las partes personadas en la causa si, al cumplirse este julio el plazo inicial fijado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, daba por terminada la instrucción de nueve de las 10 piezas que aún estaban abiertas. El magistrado considera desde hace meses que, en concreto, la parte referida a la supuesta caja b del PP estaba “agotada” y que debía cerrarse para acordar si se envía a juicio a los implicados o si, por el contrario, se daba carpetazo a las acusaciones. Sin embargo, tras recibir el escrito de Anticorrupción en el que le pide tres meses de prórroga (también lo había pedido la acusación en nombre de la asociación ADADE y dos defensas, mientras que otras 14 defensas se opusieron) ha acordado dar tres meses a la investigación. “Como se desprende del informe del ministerio fiscal, restan por practicar una serie de diligencias de investigación, de cuyo resultado podría derivarse la necesidad de nuevas diligencias”, señala en el auto.

En concreto, García-Castellón quiere que en este plazo de tiempo se termine de unir a la causa la documentación relacionada con la supuesta financiación irregular del PP madrileño encontrada durante la investigación de otra causa de corrupción que también instruye él, el caso Lezo, cuyo principal implicado es el expresidente madrileño Ignacio González, y que se tome declaración como investigada a Concepción García Diéguez, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid.

El magistrado también quiere que en este plazo de 90 días se conozca la decisión de la Audiencia Nacional sobre el recurso que presentó la Fiscalía contra su decisión, del pasado 12 de mayo, de crear una nueva pieza en el sumario, la número 13, centrada en las revelaciones del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (actualmente en prisión, cumpliendo condena por el caso Gürtel), e instruir estas de forma independiente a la de la caja b del PP, la número 9. Anticorrupción defiende que el testimonio de Ortega evidencia la presunta existencia de otra pata más de financiación irregular del partido en Madrid y, por tanto, no puede desgajarse.

“Dada la naturaleza de los hechos investigados, las diligencias interesadas y en atención a posibles circunstancias sobrevenidas y a la práctica de futuras nuevas diligencias que fuera conveniente llevar a cabo, procede la declaración por el órgano instructor de la prórroga del plazo de duración de la instrucción por tres meses”, señala el juez. No obstante, la decisión puede ser recurrida.