El juez interrogará en un mes a 57 imputados y testigos para impulsar el ‘caso Púnica’

Hay antiguos alcaldes y concejales del PP, asesores, ex altos cargos, un exdiputado autonómico y empresarios. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón interrogará, entre el 18 de enero y el 22 de febrero, a 24 imputados, 31 testigos y dos peritos para impulsar la investigación del caso Púnica de corrupción. La causa, que debe estar concluida en julio de 2021, cumple seis años y medio y hasta ahora solo ha sido juzgada una de las doce piezas en las que está dividida.

Entre los llamados a declarar como imputados están los exalcaldes del PP Ana Kringe (Denia), Juan Antonio Bataller (Castellón), Juan Carlos Boza (Valdemoro) y Narciso de Foxá (Majadahonda), y el exdiputado en las Cortes Valencianas Víctor Soler Beneyto. Todos ellos lo harán en la pieza separada número 10, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para pagar trabajos de mejora de la imagen en Internet de cargos públicos del partido conservador en ayuntamientos y consejerías de Madrid y la Comunidad Valenciana. Por estos hechos también declararán Claudio José Reig, jefe de gabinete de la exalcaldesa de Denia, y la directora de comunicación del ayuntamiento de Alcobendas, María Teresa Alonso-Majagranzas, así como Abel Linares, vinculado a una de las empresas de Alejandro de Pedro, el experto informático de la trama que realizó los trabajos.

En esta pieza han declarado ya como investigados en las últimas semanas Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; y los exalcaldes de Coslada Raúl López Vaquero y de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa. Este último dimitió en noviembre como comisionado de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid tras su imputación. En la mayoría de los casos se les imputan delitos de fraude, malversación, falsificación de documentos y tráfico de influencias.

El juez también ha citado como investigados a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid: Álvaro de Arenzana y Miguel Ángel Valdepeñas. El primero fue, entre 2005 y 2011, gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo ya desaparecido dependiente de la Consejería de Economía que supuestamente fue utilizado para desviar fondos públicos para la caja b del PP de Madrid con la que se financió parte de las campañas electorales que ganó Esperanza Aguirre. Valdepeñas, que llegó a ser viceconsejero de Medio Ambiente, será interrogado por los contratos que el ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid) adjudicó a Waiter Music, una empresa de organización de festejos investigada por la financiación irregular del PP.

También declararán el constructor David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama y que desde 2015 colabora con la justicia, y el empresario José Luis Capita. Ambos eran socios en la mercantil Vancouver que, a su vez, es accionista principal de la constructora Obrum, implicada en el presunto cobro de millonarias comisiones en las obras del Metro de Madrid y su posterior desvió al presunto líder de la trama, el exconsejero madrileño Francisco Granados. En el caso de Capita, el juez investiga también el hallazgo de una cuenta en Suiza a su nombre con cerca de 700.000 euros. Otros dos accionistas, Javier Aldavert Piñol y Antonio Martín Jiménez, también deberán comparecer como investigados.

El juez también quiere impulsar la pieza número 11, cuyo epicentro es Alfedel SL, una sociedad que ofrecía sus servicios a cooperativas de profesores para facilitarles la construcción en suelo público de colegios concertados, principalmente en Madrid. La trama se embolsó supuestamente 19 millones euros por estos amaños. Por estos hechos declararán el propietario de la empresa, Alfonso Ferrón, y el financiero de la misma, Ángel Bravo, además de una larga lista de testigos.

Finalmente, acudirán Javier Cid Sicluna —hermano de un implicado en la trama, el constructor Ramiro Cid— y el exjefe de la asesoría jurídica del El Corte Inglés Faustino José Soriano. En su caso, por las supuestas irregularidades en una operación urbanística ejecutada entre 2001 y 2006 en Valdemoro (Madrid) con terrenos propiedad del grupo empresarial. En esta operación, la trama presuntamente se embolsó 60 millones de euros.