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Fracasa la búsqueda de un contrato de la Púnica pagado con fondos europeos

La Guardia Civil indaga sin éxito durante dos años para localizar el expediente de una millonaria licitación bajo sospecha del Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre

La Guardia Civil se lleva documentación del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) durante los registros de la Operación Púnica de octubre de 2014.
La Guardia Civil se lleva documentación del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid) durante los registros de la Operación Púnica de octubre de 2014.

"Se han realizado gestiones y se ha tomado declaración a testigos con el objeto de localizar el expediente, obteniéndose hasta la fecha un resultado negativo". El último informe de la Guardia Civil sobre la trama de corrupción Púnica, incorporado al sumario el pasado 25 de marzo, resume la frustración de los investigadores que, durante más de dos años, han buscado el expediente de un concurso público de 2 millones de euros adjudicado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).

Este concurso fue supuestamente amañado por el Ejecutivo del PP de Esperanza Aguirre en 2006 para enmascarar el pago de actos electorales con dinero público. Se trata del mismo informe que sitúa a Aguirre en las reuniones de su ejecutivo regional en las que supuestamente se decidió favorecer al empresario Daniel Horacio Mercado, publicista de sus campañas electorales-

 Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no eran los únicos interesados en estos documentos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE ya había preguntado en octubre de 2017 por esta adjudicación al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del sumario al conocerse las supuestas irregularidades del mismo para iniciar su propia investigación. El motivo: el contrato había sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo para la creación de empleo.

Las pesquisas para localizar el expediente de la licitación IMADE, un organismo ya desaparecido y entonces adscrito a la Consejería de Trabajo madrileña, se iniciaron en febrero de 2017. La pista sobre su existencia la aportó el análisis de la documentación fiscal de Over Marketing, la principal sociedad del entramado del empresario argentino Mercado, que había revelado que esta compañía recibió pagos del IMADE en 2006 y 2007 por un importe cercano a los dos millones de euros.

La investigación permitió saber que esta cantidad se correspondía con un único contrato, adjudicado en octubre de 2006 para planificar y producir una campaña de publicidad "en la que se transmita la importancia de los autónomos y PYMES en el desarrollo de la Comunidad de Madrid". El concurso había sido tramitado por el ejecutivo madrileño de Aguirre por vía de urgencia.

Los primeros problemas surgieron cuando los agentes quisieron examinar la documentación de la licitación. La Consejería de Hacienda del gobierno regional aseguró que aquel expediente había sido enviado, junto a otros, a la sede de una empresa especializada en custodiar documentación, llamada Recall Information Management SAU, posteriormente absorbida por la compañía Iron Mountain España. Los agentes se desplazaron a las naves que esta última sociedad tiene en el Polígono Industrial de Valgrande, en Alcobendas (Madrid), para custodiar los documentos de sus clientes, pero allí la respuesta que recibieron fue que los dos contenedores en los que debían encontrarse esos documentos habían salido de sus instalaciones a finales de marzo de 2010 y nunca habían vuelto.

La persona que había firmado aquella retirada había sido Nieves L. G., antigua empleada del IMADE, que fue interrogada poco después por la Guardia Civil para saber quién había ordenado sacar los documentos del almacén. Esta señaló a quien entonces era su jefe directo, Jesús Javier M. M. A., que también fue preguntado por agentes de la UCO por el paradero del expediente, además de por otros detalles de la licitación de aquel concurso. El testigo aseguró que en aquella adjudicación había participado la sociedad Swat, una empresa ya investigada en el caso Púnica por haber participado en la financiación irregular del PP de Madrid y cuyo propietario, Juan Miguel Madoz, está imputado. El informe de la Guardia Civil que el directivo del IMADE señaló a Miguel Ángel L. L., quien fuera secretario general del organismo público, como "una de las últimas personas que tuvieron a recaudo el expediente del contrato adjudicado a Over".

El interrogatorio a este último se produjo mes y medio más tarde, aunque tampoco permitió localizar la documentación. El que fuera secretario general del IMADE aseguró que los grupos de la Asamblea de Madrid del PSOE e Izquierda Unida habían solicitado precisamente en 2010 acceder al expediente de la licitación de aquel concurso y que, una vez que lo devolvieron, el mismo se remitió "al Departamento de Contratos para su final envío y archivo" a la empresa que debía custodiarlo. El alto cargo añadió que desconocía qué podía haber ocurrido con la documentación para que ahora no apareciera.

Ante la imposibilidad de localizar el documento, la Guardia Civil se dirigió a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que había elaborado unos años después de la adjudicación un informe de fiscalización sobre el IMADE. Los agentes pretendían recuperar información sobre el contrato financiado por la UE. Gracias a esta vía, los agentes se hicieron con una decena de documentos, entre ellos varias actas de la mesa de contratación y copias de algunos informes de la mesa de contratación, que se han incorporado al sumario. Estos han revelado algunos detalles de la adjudicación de la contratación bajo sospecha, pero no todos. Pese a ello, los agentes concluyen que el concurso fue supuestamente amañado para favorecer a la empresa de Mercado como una forma de pagarle los servicios publicitarios que iba a prestar al PP de Esperanza Aguirre en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. La dirigente popular ganó aquellos comicios regionales por mayoría absoluta.

Cuatro extravíos y otros tantos robos

La desaparición del expediente de licitación del contrato del IMADE no es el único que se ha descubierto durante la investigación del caso Púnica. Poco después, los agentes descubrieron otro agujero documental en las adjudicaciones de la sociedad pública Campus de la Justicia, un millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González. En junio de 2017 la empresa pública de la Comunidad de Madrid Nuevo Arpegio comunicaba que se había "traspapelado" la documentación que reclamaban los investigadores. En enero de 2017, la Agencia para la Administración Digital del gobierno regional admitía que había borrado el contenido de los correos electrónicos oficiales que tuvieron el exconsejero Francisco Granados y otras cuatro personas investigadas.

Además, durante la instrucción se han denunciado cuatro robos en ayuntamientos salpicados de la trama. El primer caso se conoció en noviembre de 2014, pocos días después de las primeras detenciones. La Guardia Civil arrestó a Antonio Sánchez, entonces aún alcalde de Serranillos del Valle (Madrid) y ya imputado en la causa, cuando se llevaba cajas con documentación de su despacho. El segundo episodio de conoció en abril de 2015, aunque supuestamente se produjo seis meses antes: una empleada del Ayuntamiento de Valdemoro, donde había sido alcalde Granados, había ordenado a varios trabajadores del consistorio destruir gran cantidad de documentos. En marzo de 2016, la alcaldesa de Moraleja de Enmedio, la socialista María del Valle Luna, denunció que su ayuntamiento había sufrido tres episodios de desaparición de información relacionados con la etapa de su antecesor, Carlos Estrada, imputado en el caso. El último episodio trascendió en marzo de 2018. El nuevo alcalde de Valdemoro, el socialista Serafín Faraldos, denunció que alguien había entrado en su despacho y llevado documentación sobre las adjudicaciones de la trama Púnica que estaba a punto de a entregar a la Fiscalía Anticorrupción.

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