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Desaparecen documentos claves del ‘caso Púnica’

La empresa pública Arpegio remite al juez un escrito en el que reconoce que “varias carpetas” que contenían los originales de contratos bajo sospecha están vacías

Francisco Granados, a la salida de la cárcel el pasado 14 de junio.

Nuevo Arpegio, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, ha “traspapelado” y no encuentra los contratos originales que firmó con la empresa Analisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S. A. (DUSA), clave en los supuestos amaños del Plan Prisma de inversiones que se investiga en el caso Púnica como posible fuente de enriquecimiento de Francisco Granados. Así lo reconoce la propia sociedad en un escrito remitido el pasado 13 de junio al Juzgado Central de Instrucción 6, que investiga la trama corrupta desde 2014. Fuentes de la compañía reconocían ayer que dichos documentos, incluidas actas de mesas de contratación, continúan "desaparecidos"

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, empresa presidida por el imputado Adolfo Fernández Maestre, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

Por ello, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” de la ausencia de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, según asegura, han realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”.

Una adjudicación “meteórica”

La empresa DUSA es sospechosa de ser una de las patas del supuesto plan de Granados para extraer fondos de Arpegio en su propio beneficio. En marzo de 2006, esta empresa resultó adjudicataria de forma “meteórica” de un contrato de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del gobierno regional a través de los cuales se gestionaron cerca de 1.000 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa Granados. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

“Hasta el momento —se lee en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS— se desconoce la causa pero se sigue analizando minuciosamente la traza que estos originales hayan podido llevar, así como las diferentes circunstancias que hubieran podido dar lugar a que actualmente no se encuentren en el archivo” en el que estuvieron depositados. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”, pero intenta restar importancia a este “traspapelado”.

Para ello, asegura que una copia en papel de parte de estos documentos ya ha sido entregada “en mano” a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en anteriores requerimientos. También, en formato electrónico, a través de un pendriveque se entregó al juzgado en abril junto a una carpeta en papel con aspectos de la contratación de DUSA en este plan de infraestructuras.

Falta de colaboración

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció en mayo, en el escrito en el que pedía el registro de Arpegio, una supuesta falta de colaboración de la Comunidad de Madrid. Entonces, la fiscalía aseguró que en el Ejecutivo regional “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” en el Gobierno madrileño o en el PP regional.

Anticorrupción detalló que la documentación que había enviado la empresa pública en octubre presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconoció que se hacía “difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal”. La Comunidad ha negado siempre dichas trabas, aunque ayer admitió desconocer si habían aparecido los originales “traspapelados”.

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