Una testigo del ‘caso Púnica’ denuncia amenazas de muerte

Ana María G. B., técnico del Ayuntamiento de Valdemoro, ha denunciado ante la Guardia Civil que un empresario la amenazó hace cuatro meses por no querer modificar el informe que había redactado sobre un contrato de 26 millones bajo sospecha de haber sido amañado por la trama de corrupción. El alcalde del municipio, Guillermo Gross (Ciudadanos), asegura conocer el incidente y que fue él quien le recomendó que comunicara lo sucedido a la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de la investigación del caso Púnica. El empresario señalado —que no está imputado en esta causa de corrupción— reconoce el encuentro, pero niega las presiones.

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La declaración de la trabajadora municipal se produjo el 30 de marzo en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro. Ese día, Ana María G. B. había sido citada como testigo en el caso Púnica, que aún entonces dirigía el juez Eloy Velasco, para que detallara las circunstancias del concurso y adjudicación del contrato para gestionar durante 25 años el servicio de aparcamiento regulado en este municipio del sur de Madrid. Durante más de dos horas, la trabajadora detalló quiénes habían participado en el mismo y denunció las supuestas presiones políticas que se habían producido durante la elaboración de los pliegos de un concurso que finalmente ganó la UTE Valdemoro Movilidad, formada por Valoriza —filial de Sacyr— y Seys SL. Durante su testimonio, la mujer llegó a afirmar que éste estaba repleto de irregularidades y que tanto ella como otros técnicos que participaron en su elaboración fueron presionados para que dieran luz verde a los documentos bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

La trabajadora aprovechó esta segunda comparecencia como testigo –ya lo había hecho en octubre de 2014, poco después de estallar el caso Púnica- para denunciar que pocos días antes había recibido en su despacho del consistorio la visita de David G. C., accionista de Seys SL, para “transmitirle un mensaje” que ella interpretó como amenaza. Según recoge el documento policial, la mujer aseguró que este empresario le reprochó el contenido “muy duro” del informe que acababa de elaborar y que respaldaba la resolución del contrato por incumplimiento por parte de las mercantiles adjudicatarias. Ana María G. afirmó que David G. le advirtió de “que estaban investigando” tanto a ella como al alcalde, Guillermo Gross (Ciudadanos), “mediante detectives para desacreditarles” y que tenía información sobre ella que, “fuera cierta o falsa”, iban a filtrar a “la prensa y al juez Velasco” para apartarle de su puesto.

La trabajadora aseguró que estas supuestas amenazas venían atenuadas con referencias a que, en realidad, “quería ayudarla” y que la mejor forma para ello era que procediera a “suavizar” el contenido de su informe para evitar la rescisión del contrato. Ana María G. destacó a los agentes que el empresario hizo referencia a su familia y “al bienestar de sus hijos”, y al negarse a acceder a sus pretensiones le advirtió que “no podría disuadir a sus socios, a quien califico de los más sucios de España”. Inmediatamente después, supuestamente le facilitó un número de teléfono y le dio un plazo de media hora para decidirse. Tras ello, le espetó que “sus socios no amenazan, sino que matan” y se marchó. La mujer admitió que le entró “miedo”.

El alcalde de Valdemoro mostró ayer a EL PAÍS su respaldo a esta trabajadora “valiente” y aseguró que fue él quien le recomendó que denunciara los hechos a la UCO. Gross recalcó que Ana María G. no modificó el informe y que, de hecho, en los próximos días el Ayuntamiento va a proceder a resolver el mismo por el contenido del mismo. El primer edil del municipio madrileño también señaló que ha ofrecido protección a la mujer y le ha recomendado que no reciba bajo ningún concepto a este empresario a solas.

Por su parte, David G. admitió en conversación telefónica haberse reunido con la técnico municipal muchas veces —“la conozco desde hace 12 años”— y que en una de las últimas ocasiones le mostró su malestar por el informe que va a implicar que la UTE pierda la adjudicación. Sin embargo, aseguró que “es rotundamente falso que la amenazara”. El empresario añadió que está estudiando con sus abogados la posibilidad de emprender acciones legales contra ella por sus palabras a la Guardia Civil.

En ese mismo sentido, su socio en Seys, Jesús C. I. —quien sí está imputado en la causa y al que la trabajadora del ayuntamiento señala como participante en algunas de las reuniones que desembocaron en las irregularidades del contrato ahora investigadas— también negó las presiones a través de su abogado en la causa. Portavoces de Sacyr, la otra empresa integrante de la UTE, recalcan que nadie de la compañía ha tenido “ninguna intervención en los hechos que se relatan y denuncian”. También aseguran que, hasta la fecha, nadie de la Audiencia Nacional se ha puesto con ellos en contacto por este suceso.