Bruselas investiga si Púnica desvió fondos europeos a campañas del PP

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha pedido información a la Audiencia Nacional sobre un contrato de la Comunidad de Madrid investigado dentro del sumario del caso Púnica. Se trata de la licitación en 2006 por parte del desaparecido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) de un concurso de 2 millones de euros que se llevó la empresa Over Marketing, sociedad investigada por la supuesta caja b del PP de Esperanza Aguirre.

Más información

Marjaliza afirma que un diputado del PP le pidió 400.000 euros “para el jefe”

La segunda confesión del arrepentido de Púnica

El juez retrasa la nueva declaración del arrepentido de Púnica

La solicitud de las autoridades antifraude de la Unión Europea llegó a la Audiencia Nacional el 5 de octubre a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de tramitar en España las peticiones de colaboración de la OLAF. En un escrito de este último, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se destaca que esta oficina europea había tenido conocimiento de la adjudicación realizada aquel año por el Imade a la empresa Over Marketing “para el desarrollo de una campaña de publicidad” con idea de transmitir “la importancia de autónomos y Pymes en el desarrollo de la Comunidad de Madrid”. Según destaca el escrito, dicho contrato había sido “cofinanciado por el Fondo Social Europeo”, a través del cual la UE invierte en la creación de empleo.

El documento de Hacienda destaca que “la OLAF está procediendo al análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación en caso de existir una sospecha suficiente de fraude, corrupción y otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea”. Por ello, solicita al juez Manuel García Castellón, actual instructor del sumario, “confirmación de que dicho contrato está siendo investigado en el marco del caso Púnica, si es así, el estado de tramitación del procedimiento”. Ocho días después de que el escrito entrará en la Audiencia Nacional, el magistrado pedía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el estado actual de las pesquisas sobre dicho contrato, que aún no se ha incorporado a la causa.

Las sospechas sobre dicha adjudicación se centran en la empresa que se hizo con ella: Over Marketing Comunicación SL, propiedad de Daniel Horacio Mercado Lozano, ya imputado en la causa por su presunta vinculación con la caja b del PP de Aguirre. Mercado también está encausado por hechos similares en una de las piezas separadas del caso Palma Arena, en la que se investiga la financiación de los populares baleares.

Recientemente, la Guardia Civil ha solicitado al juez García Castellón que reclame al magistrado que instruye este caso la documentación que en su día intervino la Policía Nacional en los registros de las sedes de cuatro sociedades del empresario, entre ellas Over Marketing. También pedía los atestados y diligencias policiales sobre dicha mercantil al tener constancia que en la misma hay referencias a contratos de la Comunidad de Madrid. Anteriormente, ya la UCO había pedido que se incorporase la declaración que Mercado prestó en el caso Palma Arena y en la que reconoció su implicación en la financiación irregular del PP balear.

Documentación extraviada

Esta documentación es considerada por los agentes clave para esclarecer las supuestas irregularidades del contrato del IMADE porque cuando la UCO reclamó el expediente completo del mismo, la Comunidad de Madrid aseguró que se había extraviado. Fue en un escrito del pasado 27 de marzo, en el que el Gobierno autónomo admitía que los dos contenedores que albergaban esta información habían sido retirados en marzo de 2010 de los almacenes de Recall Information Management SAU, la empresa encargada de su custodia, a petición del propio Imade y que los mismos nunca habían sido devueltos.

La investigación apunta a que en 2006 y 2007 —este último fue año electoral— las diferentes empresas de Mercado recibieron millonarias adjudicaciones de la Comunidad que gobernaba entonces Esperanza Aguirre, así como de una veintena de constructoras ganadoras de concursos de obra pública, para realizar diversos trabajos publicitarios. Para el juez, estas adjudicaciones sirvieron para “enmascarar el pago de actos de campaña” del PP con dinero público.