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Un nuevo informe de Púnica vincula las obras del Metro al pago de la campaña de Aguirre

La Guardia Civil concluye que Granados obligó a tres constructoras a contratar para la inauguración de dos ampliaciones del suburbano a la empresa que luego hizo actos electorales a bajo precio para el PP de Madrid

La expresidenta Esperanza Aguirre, el pasado abril.
La expresidenta Esperanza Aguirre, el pasado abril.Uly Martin

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, un nuevo informe en el que se vincula la licitación de obras públicas con el pago irregular de actos electorales del PP de Madrid. Los agentes concluyen que en 2007 Francisco Granados obligó a las constructoras Sacyr S.A., Dragados Obras y Proyectos SA y FCC Construcción SA –a las que se les había adjudicado seis contratos por 700 millones de euros para la ampliación de las líneas 3 y 7 del Metro de Madrid– a contratar para organizar las fiestas de inauguración de dichas obras a una empresa de la trama, Waiter Music, quien cobró por ello cerca de 750.000 euros. Posteriormente, esta compañía se encargó del mitin de fin de campaña del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. El documento policial también relaciona las supuestas irregularidades con dos fiestas de cumpleaños valoradas en más de 10.000 euros que la misma empresa regaló al propio Granados en 2008.

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El informe de la UCO, fechado el pasado 9 de septiembre, implica en dichas irregularidades a Granados, al propietario de Waiter Music, José Luis Huerta, y a dos de los más estrechos colaboradores del político, todos ellos ya imputados en la causa. Uno es Edelmiro Andrés Galván, estrecho colaborador del presunto cabecilla de la trama desde 2003 y que cuando ocurrieron los hechos era su asesor en la Consejería de Presidencia. Él supuestamente se encargaba de recibir las facturas de la compañía especializada en organizar festejos, decirle a quién se las debía cargar y tramitarlas para que las cobraran.

El segundo es Jesús Miguel Trabada, entonces consejero de Mintra SA, la sociedad pública responsable de la gestión de las infraestructuras de Madrid, que estuvo bajo el control de Granados cuando fue consejero de Transportes. El documento policial recuerda que Trabada también aparece vinculado al político en la sociedad Bustren PM SL, que la Guardia Civil considera participada por Granados a través de un testaferro. Según la Guardia Civil, fue Trabada quien presuntamente se encargó de imponer a las tres constructoras la contratación de Waiter Music. El documento policial destaca que directivos de las tres compañías confirmaron en sus declaraciones como testigos que esta empresa les fue “sugerida” desde Mintra.

Los representantes de FCC admitieron haber sufragado los cerca de 300.000 euros que costaron los festejos de inauguración de la ampliación de la línea 3 del Metro madrileño que se celebraron los días 20 y 21 de abril de aquel año. Según recuerda la Guardia Civil, en aquel evento participó la propia Esperanza Aguirre y contó con la actuación de Isabel Pantoja. Por su parte, Dragados pagó a Waiter Music de 360.000 euros y Sacyr otros 90.000 euros para el pago de conciertos y paellas populares que tuvieron lugar en las localidades de Coslada y San Fernando de Henares por la ampliación entre ambos municipios de la línea 7.

La Guardia Civil concluye que las tres constructoras “sufragaron los gastos de inauguraciones de dichas obras públicas a petición de la empresa pública adjudicataria (MINTRA) sin haber intervenido en la elección de la empresa que organizó los eventos y sin conocer el alcance e importe de dichos festejos”. El documento policial también recuerda que en todos los casos se encargó de ello Waiter Music “por iniciativa del Gabinete de Protocolo de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia que en aquellos momentos estaba ocupada por Francisco Granados”. En este punto, la UCO recalca que los eventos fueron organizados en fechas cercanas a los comicios electorales municipales y autonómicos de 2007, cuando el presunto cabecilla de la trama ocupaba el cargo de “secretario regional del Partido Popular de Madrid”.

Otro informe de la Guardia Civil anterior sobre Waiter Music ya incorporado al sumario también apuntaba en el mismo sentido. Aquel documento destacaba que esta empresa organizó al menos dos actos de aquella campaña de manera irregular. El primero se celebró el 12 de mayo de 2007 en la Plaza de Toros de Valdemoro con la participación tanto la candidata popular Aguirre, como quienes entonces eran sus números dos y tres en el Ejecutivo regional, Ignacio González y Granados.

El segundo es el que tuvo lugar el 25 de ese mismo mes en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, y que sirvió de cierre de campaña de la candidatura de Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón para aquellas autonómicas y municipales, y que contó con la presencia de Mariano Rajoy. En la contratación de las actuaciones para este mitin participo también Edelmiro Galván. La Guardia Civil localizó documentos que apuntaban a que Waiter Music facturó únicamente 20.000 euros al PP de Madrid cuando el evento costó el triple.

La UCO también recalca en las conclusiones del nuevo informe que Granados se benefició a título particular de la contratación de las fiestas de inauguración del metro. En concreto, la Guardia civil cita la fiesta de cumpleaños que el político celebró en enero de 2008 y que tuvo un coste de 9.167 euros y de una comida en un restaurante de Valdemoro que costó otros 1.000 euros. Los agentes recalcan que el importe de ambos eventos “se localizan en un documento denominado ‘cuenta con Paco Granados’ que recoge un listado de servicios no facturados y cuyo coste fue asumido por el empresario”.

10.000 euros al mes para “gastos de supervivencia”

El ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio, Eduardo Larraz, y su esposa, María de los Ángeles de Diego, ambos imputados en el caso Púnica, han solicitado a la Justicia suiza que desbloquee parcialmente la cuenta bancaria con 2,8 millones de francos suizos (2,4 millones de euros) que las autoridades de Berna bloquearon en noviembre de 2016 a petición del entonces juez instructor, Eloy Velasco. Según ha notificado recientemente la fiscalía helvética a la Audiencia Nacional, el abogado el Ginebra de Larraz solicita que le faciliten 100.000 euros para abonar los honorarios de sus letrados y otros 45.000 para abonar la matrícula escolar de uno de sus hijos. Además, reclaman que todos los meses se liberen 10.000 euros “para cubrir los gastos de subsistencia”. El argumento que esgrime es que los fondos de dicho depósito cumplen “con el régimen fiscal y las autoridades [españolas] saben con exactitud que todos los activos fueron declarados” a Hacienda. La fiscalía suiza ha solicitado autorización al actual instructor, Manuel García Castellón, para desbloquear dichas cantidades. Los investigadores sospechas que dichos fondos proceden de supuestas mordidas por amañar contratos del llamado Plan Prima de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional aún no ha respondido a la fiscalía helvética.

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