Marjaliza afirma que un diputado del PP le pidió 400.000 euros “para el jefe”

El segundo día de la declaración del constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica, sirvió para que el ahora arrepentido diera nuevos datos sobre el amaño de los contratos de eficiencia energética a favor de la empresa Cofely en cuatro municipios madrileños: Móstoles, Valdemoro, Casarrubuelos y Brunete. Según fuentes jurídicas, el empresario señaló en su testimonio al que fuera parlamentario regional del PP y alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla, como la persona con la que negoció el pago de una mordida de más de 400.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de Móstoles, que ascendía a 74 millones de euros.

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Marjaliza detalló que este diputado madrileño y su hermano, Alejandro Utrilla –entonces concejal en Móstoles- le aseguraron que dicha cantidad era “para el jefe”, en referencia al entonces regidor de la segunda ciudad más poblada de Madrid, Daniel Ortiz Espejo, también imputado en la causa. También afirmó que ambos les reclamaron otros 40.000 euros para ellos. Cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, el constructor solo había entrado 6.000 euros a Alejandro Utrilla, quien se lo había pedido como adelanto para irse de vacaciones.

Marjaliza y Alejandro Utrilla fueron arrestados en la primera fase de la Operación Púnica, junto a otros implicados en este amaño, entre ellos varios directivos de la empresa Cofely. Sin embargo, Mario Utrilla no fue detenido ya que ocupaba un escaño por el PP en la Asamblea de Madrid y estaba aforado. Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 perdió dicha condición y fue imputado por el entonces juez instructor, Eloy Velasco. Daniel Ortiz, el alcalde, pasó a ser investigado un año después, tras verse obligado a dejar su escaño en la cámara autonómica.

Sobre éste, el arrepentido de la Púnica reconoció ayer que él nunca trató personalmente con él. De hecho, Marjaliza aseguró que tanto él como el directivo de Cofely que negociaba presuntamente los amaños, Pedro García, tuvieron serias dudas de que los 400.000 euros fueran a acabar íntegros en manos del entonces regidor y que sospechaba que parte se lo iban a repartir los hermanos Utrilla. Ortiz fue finalmente imputado por un cruce de mensajes que mantuvo con miembros de su gobierno municipal en los supuestamente daba instrucciones para amañar el contrato.

En el caso de Valdemoro, Marjaliza aseguró que no abonó ninguna cantidad al entonces alcalde del municipio, José Carlos Bouza Lechuga, también del PP, ya que tenía “amistad” con él y éste había accedido a adjudicar el concurso de 60 millones de euros a favor de Cofely sin necesidad de una compensación económica. No obstante, el constructor detalló que Francisco Granados, entonces miembro del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre y con el que el empresario ya había tenía diferencias, presionó al regidor para que sí lo hiciera.

En Casarrubuelos, Marjaliza también admitió no haber entregado ninguna cantidad a cambio a su alcalde, aunque sí admitió el amaño. Finalmente, en Brunete –cuyo actual regidor, Borja Gutiérrez, ha sido recientemente imputado- aseguró que solo tuvo una participación secundaria. En concreto, el constructor detalló que encargó una encuesta electoral valorada en 8.000 euros y que formaba parte del supuesto acuerdo que habían alcanzado Cofely y el alcalde popular como compensación del presunto amaño, también frustrado por las detenciones de octubre de 2014.