Granados pide que Cifuentes y Aguirre declaren como imputadas en Púnica
El exconsejero apunta a la cúpula del partido en Madrid en relación con la financiación ilegal del PP

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados acaba de pedir al instructor de la trama Púnica, el juez Manuel García Castellón, que cite como investigados, en relación con la financiación ilegal del PP de Madrid, a gran parte de los miembros de la cúpula de su partido. Granados pide al juez que llame a declarar a su mentora, Esperanza Aguirre, a cuyo gobierno perteneció como consejero antes de ser detenido por la red corrupta Púnica; a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; al ahora senador Jaime González Taboada, hombre de confianza de Cifuentes; al ex consejero de Madrid Borja Sarasola; al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez; a Ignacio González, expresidente de Madrid y actualmente encarcelado por la trama Lezo, y a Lucía Fígar, exconsejera de Educación en el Gobierno de Aguirre, entre otros altos cargos.
El juez García Castellón investiga la supuesta financiación ilegal del PP en las campañas electorales celebradas en Madrid en 2007 y 2011. La financiación ilegal es una de las líneas de investigación de la trama Púnica. La petición de Granados para que comparezcan ante el juez como investigados sus antiguos compañeros de partido se produce tras llegar hace unos días al juzgado un nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntala los indicios de que el partido se financió ilegalmente en esas campañas por diferentes vías, incluida la de la fundación Fundescam, creada por el PP de Aguirre.
El nuevo informe de la UCO, fechado el pasado miércoles, sostiene además que la formación conservadora se sirvió de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro para camuflar gastos electorales por encima de los límites legales en los comicios autonómicos de 2011.
Granados sostiene que Cifuentes era la responsable de movilización de la campaña electoral del PP de Madrid en 2007, y secretaria de política territorial entre 2004 y 2008, y que su declaración "es imprescindible", como en el resto de los casos. La trama Púnica también ha salpicado a Cifuentes en otros flecos relacionados con adjudicaciones de contratas. El expresidente Ignacio González, compañero de gobierno de Ignacio González en la época de Aguirre, está preso por la trama Lezo desde abril.
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