Dimite un alto cargo de Ayuso tras ser imputado en ‘Púnica’ por la presunta malversación de 69.000 euros

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de dar un impulso al caso Púnica con 17 nuevas imputaciones, entre ellas las de tres exalcaldes del PP en la Comunidad de Madrid, ha provocado un terremoto político. Uno de los investigados, Ignacio García de Vinuesa, anunció este jueves su dimisión como comisionado de Víctimas del Terrorismo. La Fiscalía acusa de García de Vinuesa de cinco delitos por malversar 69.051 euros cuando era alcalde de Alcobendas.

La imputación de García de Vinuesa y a las otras 16 personas se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera el pasado 18 de agosto un amplio escrito al juez en el que planteaban la necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación en una de las 12 piezas en las que se ha dividido la macrocausa. En concreto, en la número 10, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para el pago de campañas en internet para mejorar la imagen de políticos del PP en las comunidades de Madrid y Valencia.

En la región, Anticorrupción pedía imputar –y así lo ha acordado el juez- a García de Vinuesa, a los exalcaldes de Coslada Raúl López Vaquero y Majadahonda Narciso de Foxa, así como a una exconcejal, a un ex alto cargo municipal, seis asesores y tres empresarios, como adelantó ayer EL PAÍS. La investigación del caso Púnica, iniciada en 2014, acumula decenas de imputados en la Comunidad de Madrid, entre ellos numerosos cargos públicos locales y autonómicos, en su mayoría del PP. Además, en esta causa se investiga la posible existencia de una caja b en el PP regional que lideró Esperanza Aguirre, también imputada.

En el caso de Alcobendas, la Fiscalía pedía citar como investigados al hasta ayer alto cargo del Ejecutivo de Díaz Ayuso y a la exdirectora de comunicación del consistorio, Teresa Majagranzas, así como identificar al que fuera Gerente del Patronato Sociocultural del Ayuntamiento, también para citarle como investigado. Según detalla el juez en su auto, García de Vinuesa se “habría concertado en el año 2011” con el experto informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para que las empresas de este cuidaran “su reputación personal en la red […] a los efectos de que Internet ofreciese una imagen positiva de su persona que le favoreciese”.

El magistrado añade que “simultáneamente acordaría con el mismo la estrategia para que fuesen fondos públicos quienes abonasen este trabajo, con conocimiento de que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él”. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entregó un atestado sobre estos hechos en febrero de 2019, dichos gastos fueron pagados de manera irregular por el Patronato Sociocultural del ayuntamiento hasta 2014, cuando se interrumpen tras las primeras detenciones del caso Púnica.

García de Vinuesa no ha llegado a cumplir un año en su cargo. Es la segunda persona que ocupa el comisionado, para el que en un primer se nombró a la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien luego fue nombrada gerente del Organismo Autónomo Madrid 112. El líder del PP en Alcobendas perdió el poder en la localidad por un pacto entre el PSOE y Cs y fue recolocado en el Gobierno regional. Entre dimisiones y ceses, son ya 15 los altos cargos -entre ellos un ex consejero- que han salido de sus puestos del Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos.

La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha aceptado este jueves por la mañana la renuncia como Comisionado del Gobierno para la Atención de las Víctimas del Terrorismo de Ignacio García de Vinuesa. “El Ejecutivo regional agradece la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional”, según un comunicado del Ejecutivo regional.

Las acusaciones contra los otros dos exalcaldes son similares. En el caso de Majadahonda, además de a Narciso de Foxa, el juez ha imputado a la que fuera concejala de Participación Ciudadana Laura Nistal y a una tercer persona, Jaime José López. En Coslada, junto a Raúl López Vaquero, declarará como investigado su asesor de comunicación, Pablo García Lozano . A todos ellos los acusa de concertarse con el informático de la Púnica para que este mejorara la imagen de los regidores y abonarle estos servicios con fondos públicos.

En su auto, el magistrado aparca otra investigación relacionada con campañas de reputación en Internet. En este caso, la que se seguía por los pagos del Ayuntamiento de Madrid a las empresas de De Pedro. García-Castellón considera que “los indicios recabados” no son suficientes para concluir que los trabajos realizados estuvieran dirigidas a mejorar la imagen de la entonces alcaldesa Ana Botella, sino a difundir “las noticias favorables al equipo municipal, enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas”. No obstante, el juez señala que estas pesquisas no se archivan y que en futuras investigaciones pueden aparecer nuevos datos.