CASO PÚNICA

El jefe de gabinete de Levy se desmarca del caso Púnica y asegura que todo fue legal

En la trama se investigan trabajos de reputación personal pagados con presuntamente con dinero público

Sede de la Audiencia Nacional.
Sede de la Audiencia Nacional.

Pablo Balbín, actual director de gabinete de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, se ha desmarcado de cualquier irregularidad vinculada con el caso Púnica y ha defendido la legalidad de los trabajos de comunicación realizados cuando dirigía el gabinete de prensa de la Consejería madrileña de Educación. Balbín ha declarado este miércoles como imputado en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga el caso Púnica, en relación a los trabajos de reputación personal que la trama presuntamente realizó a la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar -también imputada-y que, según la Fiscalía, se pagaron con fondos públicos.

El actual director de gabinete de Andrea Levy y exdirector general de Medios de Comunicación del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso ha defendido el trabajo que realizó durante su etapa en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, donde, según ha explicado, la misión de su equipo era difundir públicamente las labores realizadas por el departamento dirigido por Figar. Según informan a Efe fuentes jurídicas, Balbín indicó que se informaba y ponía en valor el trabajo de Figar como consejera, pero no a título personal, como sostiene la Fiscalía. Además, ha enmarcado los servicios prestados dentro de las labores habituales de cualquier gabinete de prensa.

De esta forma se ha desmarcado de la tesis de la Fiscalía, que sostiene que participó, a petición de Figar, “en el engaño” consistente en pagar con fondos públicos y de forma encubierta “trabajos de índole personal” que una empresa vinculada a Alejandro de Pedro, presunto conseguidor de la trama Púnica, realizó a la entonces consejera.

De acuerdo a la tesis del Ministerio Fiscal, Figar encargó en el año 2000 a De Pedro estos trabajos para que las redes sociales ofreciesen una “imagen positiva” de ella; los servicios se realizaron presuntamente entre 2011 y 2014, tiempo en el que supuestamente se abonaron con dinero público. La Fiscalía también sitúa en los hechos a dos empresarios, Abel Linares y Víctor Steinberg, que supuestamente habrían aceptado realizar “facturación ficticia” a la consejería con conceptos irreales que “encubrían” estos trabajos de reputación.

Ambos estaban citados este miércoles, si bien la declaración del primero ha acabado posponiéndose por no haber podido tener acceso al procedimiento, mientras que el segundo ha defendido que le contrataron como refuerzo para dar visibilidad al trabajo de la consejería. Ha señalado a Alejandro de Pedro como la persona que contrataba y ha indicado que dedicó mucho tiempo y esfuerzo personal para recoger todas las noticias relacionadas con el departamento que dirigía Figar, según las citadas fuentes.

Más información

Lo más visto en...

Top 50