La ruta del dinero negro: de Valdemoro a Singapur

Toda investigación sobre corrupción es un puzle con numerosas piezas. Y algunas de esas piezas, generalmente el dinero o los bienes de los implicados, descansan en algún lugar lejano. Tan lejano como para que su pista termine por perderse. Y hay que buscarlo por orden del juez. El dinero puede viajar entre una modesta localidad de Madrid, Valdemoro, y Singapur. Con escalas en Mónaco, Suiza o Islas Mauricio, por poner un ejemplo descubierto en la Operación Púnica, que desmanteló uno de los mayores entramados de corrupción todavía por juzgar en la Comunidad de Madrid.

Un año de trabajo ha costado desentrañar algunos de estos itinerarios a un sargento de la Guardia Civil adscrito a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), creada por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes de personas condenadas. Sus conclusiones aparecen recogidas en un “informe de investigación patrimonial” fechado el pasado 2 de febrero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que detalla las gestiones realizadas ante las autoridades de ocho países, algunos de ellos considerados fiscalmente opacos, para seguir el rastro de los fondos.

El documento, incorporado recientemente al sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Manuel García-Castellón, detalla a lo largo de 22 páginas analiza la información recopilada de Costa Rica, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Mauricio, Mónaco, Suiza, Panamá y Uruguay respecto a nueve personas y cuatro sociedades implicadas en la trama de corrupción o con vínculos con algunos de sus protagonistas. El foco principal se sitúa en Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad y exdirigente regional del PP de Madrid. Es el presuntocabecilla de la denominada trama Púnica. El sargento analiza tanto sus cuentas en el extranjero como las que pudieran tener una de sus hijas y varios imputados señalados por la investigación como sus presuntos testaferros.

El informe concluye que el exdirigente del PP madrileño y su esposa, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, tuvieron “cuentas abiertas en Suiza entre los años 2000 [cuando ya era alcalde de Valdemoro] a 2006 [cuando ya llevaba tres años como consejero del ejecutivo regional de Esperanza Aguirre] en la entidad bancaria BNP Paribas, transfiriendo su capital a una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad Droz&Co (Costa Rica), cuyo beneficiario último es [el constructor] David Marjaliza, finalizando el dinero en una cuenta bancaria de un banco de Singapur”. La investigación judicial había apuntado ya con anterioridad que cerca de 1,33 millones de euros fueron remitidos desde España entre 1999 y 2003 a la primera de las cuentas de Granados.

El político admitió ante el juez en el inicio de la investigación que abrió un depósito en 1994 en el Crédit Lyonnais (después BNP Paribas) en Suiza “con un poco de dinero” que le dio su padre y que la fue engordando con sus remuneraciones “y lo que iba operando en Bolsa”. Incluso afirmó que decidió cerrarla cuando llegó a la alcaldía de Valdemoro, en 1999, pero que la entidad financiera le complicó dicha gestión y tuvo que traspasársela en el 2000 a Marjaliza, año al partir del cual asegura no haber operado con ella, pese a que su firma autorizando operaciones aparece hasta 2006. También aseguró que fue este quien le rembolsó los fondos, que él redujo a 340.000 euros. En octubre de 2016, y tras hallarse 922.000 euros en billetes en un altillo en la casa de sus suegros, Granados reconoció en un escrito enviado a la Audiencia Nacional que esa elevada cantidad procedía, precisamente de esa cuenta suiza, aunque insistía en que no poseía más propiedades en el extranjero.

La esposa del exdirigente del PP también ha sido objeto de investigación en el informe de la ORGA, si bien concluye que no tiene patrimonio en el extranjero más allá de las cuentas en las que figuró como titular junto al propio Granados. En el caso de la hija del político y de varios de sus presuntos testaferros, entre ellos el que fuera durante años su mano derecha, Ignacio Palacios, el documento señala que tampoco se han encontrado datos que apunten a que posean dinero o bienes en otros países.

De los que el informe sí detalla la existencia de patrimonio fuera de España es de los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid, ambos vinculados a Granados desde su etapa de alcalde de Valdemoro e imputados en la causa. Sobre Marjaliza, que colabora con la justicia desde el verano de 2015, el nuevo documento detalla que “abrió cuentas en Suiza y Singapur, realizando flujo de dinero desde España hacia dichos países, utilizando sociedades instrumentales para ese propósito”.

La ORGA hace especial hincapié en que a este constructor se le intervinieron, en marzo de 2015, meses después de su detención, “obras de arte, joyas, plumas y objetos de valor” en un almacén de Ginebra a nombre de una compañía registrada en ese país asiático, la Millenia Trading Pte. Se trata, en concreto, de 18 cuadros, cinco fotografías y cuatro esculturas, además de 185 plumas estilográficas de colección, valorados en 15,6 millones de euros.

Los investigadores recogen en varios informes incorporados al sumario en los últimos años que buena parte de estas obras de arte -hay de Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, Equipo Crónica, Juan Uslé, Torres García y un largo etcétera- “fueron adquiridas por David Marjaliza y sus sociedades para invertir y ocultar parte de las ganancias ilícitas procedentes de los delitos de corrupción”. De hecho, algunas de las facturas de adquisición de dichos objetos artísticos fueron encontradas bajo el colchón del dormitorio de la secretaria de Marjaliza. Allí, por ejemplo, se halló el cargo por la compra de un cuadro de Tàpies por 941.000 euros.

En febrero de 2016, el entonces juez encargado de la investigación, Eloy Velasco, inició los trámites para que esas 27 obras de arte regresaran a España y parte de ellas pasaran a formar parte de los fondos del Museo Nacional Reina Sofía, en Madrid. El propio Marjaliza dio su consentimiento a que se realizara sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia. Sin embargo, hasta ahora las autoridades suizas se han negado tras alegar que las obras no figuran como propiedad del constructor español sino de la empresa de Singapur cuyo administrador único es un ciudadano llamado Tan Hian Yew George, testaferro del empresario. Fuentes cercanas al empresario señalaban este miércoles a EL PAÍS que, “lamentablemente”, las obras siguen retenidas en el almacén de Ginebra.

El segundo constructor que el informe patrimonial de la ORGA destaca es Ramiro Cid, cuya amistad con Granados le convirtió en uno de los promotores que, según detallan diversos autos judiciales, presuntamente obtuvo “ingentes beneficios” por los supuestos amaños urbanísticos propiciados por el político entre 1999 y 2014, periodo en el que ocupó sucesivamente los cargos de alcalde de Valdemoro (Madrid), consejero en los gobiernos de Esperanza Aguirre y senador. El juez García-Castellón sospecha que, a cambio de estos favores, Granados recibió regalos y dinero en efectivo, parte del cual fue sacado de España de manera ilegal. Según el nuevo informe, Cid contrató productos financieros junto con su padre en Mónaco a través de una mercantil constituida en las Islas Vírgenes Británicas que, a su vez, tenía su origen en la sociedad panameña Rendor Overseas.

El informe destaca que el empresario “abrió cuentas bancarias en Mónaco, Islas Vírgenes Británicas e Islas Mauricio” y cerró posteriormente las de los dos primeros países. “El dinero sale desde España hacia dichos países, finalizando el mismo en Islas Mauricio”, en concreto, en el Commercial Bank of Mauritius, señala el informe. La ORGA también señala que ha solicitado información adicional a las autoridades de este país africano mediante una comisión rogatoria (procedimiento de auxilio judicial entre estados) tramitada por la Audiencia Nacional.

Los investigadores sospechan que Cid ayudó a Granados a ocultar fuera de España las comisiones ilegales que recibió. Según la documentación que obra en el sumario, el padre de Ramiro Cid contaba con cuentas en entidades monegascas desde hacía años. En abril de 2014, solo seis meses antes de que se produjeran las primeras detenciones de la Operación Púnica, el constructor transfirió los fondos desde ellas a un depósito de otra entidad monegasca, el UBP. En total, algo más de tres millones de euros, repartidos en moneda europea y dólares. Ese dinero se repartió entre una cuenta a su nombre y otra abierta al de la empresa pantalla Sil Assets Limited, registrada en Islas Vírgenes Británicas y cuyo beneficiario era el constructor.

Los documento internos del banco monegasco enviados en 2018 a la Audiencia Nacional revelan que, poco después del arresto del político y la propia imputación del constructor, este anunció a los gestores de la entidad que iba a transferir los fondos a otro país “menos accesible” por motivos fiscales. Sin embargo, no sería hasta abril de 2015, ocho meses después de la detención de Granados, cuando Cid confirmó por escrito la orden para que se enviase el saldo de 3,4 millones de dólares (tres millones de euros entonces) al Commercial Bank of Mauritius. La orden se ejecutó en julio, momento en el que las cuentas monegascas —que nunca fueron declaradas a la Hacienda española— quedaron cerradas. Toda esta investigación del sargento de la Guardia Civil ha servido para describir cómo se movió el dinero, pero no para recuperarlo.