El juez de Púnica busca en Mónaco e isla Mauricio la fortuna oculta de Granados

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, libró el jueves una comisión rogatoria a las autoridades del Principado de Mónaco para recabar información sobre las cuentas abiertas en dos bancos de este país por el constructor Ramiro Cid Sicluna, también imputado en la causa. Un informe de la Guardia Civil apunta a que dichos depósitos fueron utilizados por Francisco Granados para ocultar millonarias comisiones ilegales. Las pesquisas llevan hasta la isla Mauricio, paraíso fiscal al que fueron transferidos fondos desde una de esas cuentas.

Más información

Granados apuntaba todos sus secretos en la misma agenda

La Guardia Civil incorpora al ‘caso Púnica’ facturas de la campaña de Rajoy de 2004

En un auto fechado el 14 de septiembre, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado detalla la estrecha relación existente entre Granados y Ramiro Cid. Una amistad de la que el segundo, junto a otros promotores urbanísticos, obtuvo “ingentes beneficios” ya que fue uno de los principales beneficiados de los numerosos amaños urbanísticos propiciados por el político entre 1999 y 2014, periodo en el que ocupó sucesivamente los cargos de alcalde de Valdemoro (Madrid), consejero y vicepresidente en los gobiernos de Esperanza Aguirre y senador.

A cambio de ello, el constructor presuntamente entregó al político numerosas comisiones. Una parte de éstas fueron en especie, entre las que el juez detalla vehículos, “la construcción de un macrochalet” y participaciones en empresas ocultas mediante testaferros a través de las cuales Francisco Granados encubría, entre otras, la propiedad de una finca en la provincia de Ávila y una inversión para la construcción de infraestructuras en el metro de Moscú.

Granados recibió otra parte de estas mordidas en efectivo. 942.000 euros fueron localizados en noviembre de 2015 dentro de una maleta oculta en el domicilio de los suegros del político. Sin embargo, la mayor parte fue supuestamente sacada de España de manera ilegal. Cerca de 1,33 millones de euros fueron remitidos desde 1999 a 2003 a la cuenta que él y su esposa, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, tuvieron hasta 2007 en el BNP Paribas de Ginebra. Su descubrimiento por parte de las autoridades helvéticas —junto con los depósitos que también tenía en este banco otro constructor imputado, el ahora arrepentido David Marjaliza— permitió iniciar la Operación Púnica que desembocó en la detención del político en octubre de 2014.

Ahora, las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que otra parte importante de esos fondos fueron transferidos de modo ilícito “al circuito de cuentas abiertas en Mónaco” del que era titular el empresario Ramiro Cid junto a su padre y su compañera sentimental, Benito Cid Salgado y Francisca María Parra González. El auto del juez destaca que dichos depósitos han permanecido ocultos hasta ahora para Hacienda y no consta que el constructor imputado los hubiera regularizado en la amnistía fiscal de 2012.

Las pesquisas han permitido localizar una cuenta en el Union Bancaire Privee (UBP) de Mónaco, en el que figuran como titulares el propio Ramiro Cid, Francisco María Parra y la sociedad Sil Assets Management. Como beneficiario aparece el padre del promotor. El auto judicial destaca que esta cuenta fue cancelada en una fecha que no detalla y que sus fondos fueron transferidos a una entidad bancaria de Isla Mauricio, “considerado un paraíso fiscal”, como destaca el magistrado en su auto.

La Guardia Civil también ha encontrado indicios de la existencia de otros depósitos en una segunda entidad financiera del Principado, el Lloyds Bank Mónaco. En este caso, las sospechas apuntan a que los mismos fueron abiertos a nombre de Ramiro Cid y su padre, aunque los investigadores no han podido aportar hasta ahora datos más concretos, ni siquiera de cuántas se trata.

El auto del juez García Castellón considera que con todas estas cuentas el constructor se convirtió en un “facilitador” para que Granados ocultara en el extranjero las comisiones ilegales que le entregaron él mismo y otros promotores en pago a sus favores políticos. Por ello, el magistrado reclama a las autoridades del Principado toda la información disponible sobre ellas, incluido el detalle de sus titulares, beneficiarios, transferencias, disposiciones e ingresos en efectivos, y tarjetas de crédito ligadas a las mismas. La comisión rogatoria reclama que todos estos datos se remitan a la Audiencia Nacional de manera urgente.