La Guardia Civil acusa a tres cargos del PP de ser el nexo entre la trama Púnica y el ‘caso Taula’

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica vincula por primera vez formalmente la investigación de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Granadas con las pesquisas instruidas en un juzgado de Valencia por la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia en la etapa de Rita Barberá. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala a tres cargos de los populares como la conexión entre ambas causas. Se trata del actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Seguí, del ex teniente de alcalde Miquel Domínguez –actual diputado no adscrito en las Cortes Valencianas- y del jefe de prensa de Rita Barberá, Julio Valero Lluesma.

Para la Unidad Central Operativa (UCO) la presunta implicación de todos ellos en ambos casos demuestra la estrecha relación de ambas pesquisas, por lo que solicita al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que remita el informe de Púnica que los implica al instructor del caso Taula, en el que permanecen imputados los dos primeros. El Tribunal Superior de Justicia, que se hizo cargo de la investigación sobre el tercero en su condición de aforado, sobreseyó la causa contra él en febrero.

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Aquel informe del caso Púnica, adelantado por EL PAÍS el pasado 3 de julio, concluía que el PP de la ciudad de Valencia recurrió en el verano de 2014 a los servicio del experto informático Alejandro de Pedro –uno de los principales implicados en la trama Púnica- para neutralizar las críticas que recibía en la red el partido durante la época de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. La Guardia Civil concluía en el mismo que dichos trabajos de reputación ‘online’ fueron supuestamente pagados con dinero público tras camuflarlos como inclusiones de publicidad del consistorio en un diario digital del propio De Pedro, cuya empresa facturó al menos 9.335 euros al Ayuntamiento en 2014.

La UCO detallaba entre otras irregularidades que el señalado como informático de la Púnica generó contenidos para las autoridades municipales valencianas incluso antes de haber firmado contrato y que entre los trabajos se incluyó el intento de manipular una encuesta de la web del periódico Levante sobre el proyecto de reforma urbanística de la barriada del Cabanyal.

Entre los presuntos implicados en estos hechos, el documento señalaba a los tres cargos del PP, a los que acusaba de los delitos de fraude y malversación. En el nuevo informe, fechado el pasado 12 de julio, la UCO recuerda el papel presuntamente jugado por cada uno de ellos en el fraude. Así, señala que el concejal Alberto Mendoza “se habría prestado como interlocutor” entre De Pedro y el jefe de prensa de Barberá, Julio Valero, “articulando la contratación” de Madiva Editorial y Publicidad SL, la empresa de De Pedro, para el supuesto desvío de fondos con los que “mejorar la imagen institucional de la corporación municipal en las redes sociales”. De Miquel Domínguez, hoy parlamentario regional y entonces teniente de alcalde, asegura que fue el encargado de conseguir que se aprobase el expediente de contratación que sirvió para camuflar los pagos.

La Guardia Civil destaca ahora que este informe “pone de manifiesto determinadas cuestiones que datan de los años 2013 a 2015 y que presuntamente revelarían tanto la implicación de dichas personas en los hechos relacionados con su formación política como la relación que existían entre los actores de forma previa a los hechos investigados” en el caso Taula, “así como las capacidades, jerarquía y autonomía de unos y otros en la toma de determinadas decisiones, lo que se considera de interés para ambos procedimientos judiciales”.

Por todo ello piden que el informe de Púnica sea trasladado al sumario de Valencia ya que considera que “ayudaría a su esclarecimiento” del caso Taula. En una de las piezas separadas de esta causa se investiga la participación de los tres cargos señalados por el PP por un presunto delito de blanqueo de capitales durante la campaña electoral de las municipales de 2015. En concreto, la existencia de una práctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y que luego fue supuestamente lavado mediante el llamado procedimiento del pitufeo, por el que concejales y otros miembros del grupo Popular del consistorio ingresaron 1.000 euros cada uno en la cuenta del partido como si fueran donaciones propias.