La Audiencia Nacional procesa a Francisco Granados y al exsenador David Erguido por el ‘caso Púnica’

El PP de Madrid amplía su largo calvario en los tribunales. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto enviar al banquillo a Francisco Granados, ex consejero de la Comunidad de Madrid y uno de los principales colaboradores de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta autonómica; a David Erguido, exsenador del PP; y a otras 13 personas por una de las líneas de investigación del caso Púnica. Entre ellos se encuentran siete antiguos alcaldes de la formación conservadora.

A través de un auto dictado este jueves, al que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado procesa a todos ellos por las supuestas corruptelas urdidas en cinco Ayuntamientos gobernados por los populares —Valdemoro (donde el propio Granados ocupó el cargo de alcalde), Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles— y en dos entidades dependientes de la Comunidad —la empresa pública Arpegio y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (Pamam)—. Según la instrucción, la trama amañó las adjudicaciones de contratos públicos a Waiter Music y a otras sociedades del empresario José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares, quien después devolvía los favores a los políticos.

Esta decisión del juez García-Castellón se produce en la bautizada como Pieza Separada número 7 del caso Púnica, un macrosumario de corrupción con 13 líneas de investigación diferentes y que sitúa en el centro de la trama a Granados. De hecho, en 2017, la propia Audiencia Nacional ya condenó al exconsejero de Aguirre por la primera parte de esas pesquisas, la única que se ha juzgado y que se centró en el chivatazo que un guardia civil dio a Francisco Granados sobre la instrucción.

Según el auto dictado este jueves por el magistrado, los sospechosos negocios de Waiter Music se gestaron durante la etapa en que Francisco Granados, amigo de Huerta, ocupó cargos en el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre y dentro del PP de Madrid, donde ejerció el puesto de secretario general. La Fiscalía mantiene que, como contraprestación de estas adjudicaciones, Huerta organizó sin coste alguno fiestas privadas para Granados y varios dirigentes populares, entre ellos Erguido, así como mítines y otros actos del PP. El empresario luego recuperaba el dinero inflando las facturas que emitía por los contratos firmados con los Ayuntamientos, según el ministerio público.

El auto emitido este jueves —que archiva la causa contra otros 38 imputados y que atribuye a los procesados delitos de prevaricación y tráfico de influencias— sigue la línea de Anticorrupción y afirma que Huerta proporcionaba a los implicados en la trama “unos servicios extras a requerimiento de los políticos”. “Bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, incide la resolución del juez de Púnica, que remacha que el responsable de Waiter Music lo hacía para “seguir contando con el favor de los diferentes” cargos del partido conservador en la adjudicación de festejos.

Red de regidores

En el auto de este jueves, el juez no solo procesa a Granados —Huerta ya falleció—; sino también a David Erguido, quien dejó el escaño de senador tras su imputación y quien fue, además, diputado en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura, asesor técnico del Gabinete de la Presidencia de Aguirre y teniente de alcalde en Algete (2003-2011). Precisamente, su presunta implicación en la trama deriva de su etapa como edil.

Erguido, a quien el juez define como un “hombre de confianza” de Granados, tuvo conocimiento y participó presuntamente en las maniobras para las adjudicaciones irregulares. Es más, según el instructor y la Fiscalía Anticorrupción, se benefició directamente de la trama de favores: por ejemplo, la instrucción describe cómo Huerta organizó una “celebración privada” de Erguido el 7 de marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II por importe de 1.800 euros, “que este no abonó”.

La lista de procesados la completan otros siete antiguos alcaldes del PP: José Carlos Boza y José Miguel Moreno, exregidores de Valdemoro tras la salida de Granados del Ayuntamiento; Esteban Parro y Daniel Ortiz, ex primeros ediles de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; Inmaculada Juárez, de Algete; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio. A ellos se añaden Carmen Plata, ex directora general de Arpegio; María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero, ex jefes de gabinete del Consistorio de Valdemoro; y los exconcejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete).

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