Cuatro mariachis y un senador del PP

David Erguido Cano es diputado en la Asamblea de Madrid, senador y presidente del Comité Electoral del PP regional. Además, en el seno de la formación conservadora se le considera muy cercano al líder popular, Pablo Casado. “Más antes que ahora”, matizan fuentes de la formación. Estos no son, sin embargo, sus primeros cargos públicos. Entre 2003 y 2011 fue concejal en Algete, una localidad de 20.000 habitantes situada a 30 kilómetros al noreste de Madrid. Y entre 2011 y 2015, lo fue del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, el 21 de noviembre de 2017, cuando fue llamado por la Guardia Civil para declarar por su presunta implicación en el caso Púnica, la trama de corrupción que encabezaba presuntamente su compañero de partido Francisco Granados, no ocupaba cargo público alguno. Aquel día, Erguido acudió a las dependencias que el instituto armado tiene en la madrileña calle de Batalla del Salado acompañado de su abogada. Lo hacía después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) le hubieran entregado una citación para que acudiera como “investigado no detenido” —una figura sin consecuencias jurídicas, pero que permite que el sospechoso preste declaración ante los agentes acompañado de abogado para garantizar sus derechos— para aclarar el supuesto desvío de fondos públicos en el Ayuntamiento de Algete cuando él era teniente de alcalde de la localidad.

Durante tres horas y media, los guardias civiles le interrogaron mientras le mostraban facturas y otros documentos. Erguido alegó entonces que no sabía nada sobre supuestas irregularidades y que mientras ocupó este cargo confió “plenamente en los funcionarios” que trabajaban para él. “Mi función era, esencialmente, la representación política ante los vecinos de Algete”, se escudó.

Los seis folios que ocupó la transcripción de aquella declaración fueron incorporados por la UCO a un amplio informe que remitió días después a la Audiencia Nacional y en el que se concluía que Erguido, la entonces alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, y un cargo de confianza de su partido, Lorenzo del Triunfo, desviaron presuntamente a partir de 2007 fondos públicos para organizar cuatro actos del partido en la localidad y dos eventos privados, entre ellos la fiesta de comunión del hijo de Juárez, valorada en 41.800 euros. Los agentes cuantificaron en 224.000 euros el total del dinero desviado y apuntaban ya entonces que el ahora senador podía haber cometido un delito de malversación.

Según el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Erguido supuestamente participó en la elaboración de los pliegos para licitar, al menos, ocho contratos públicos para la organización de festejos en la localidad dando indicaciones a los técnicos que debían redactarlos. Todos los contratos fueron adjudicados de manera irregular a la empresa Waiter Music, propiedad José Luis Huerta, amigo de Granados e imputado en la causa. Entre ese año y 2014, Huerta facturó 1,9 millones de euros al Ayuntamiento de Algete.

La Guardia Civil también afirma que Erguido “supervisó, autorizó y dio el visto bueno” a 16 facturas que se abonaron a Waiter Music por la organización de siete eventos y que reflejaban un “incremento deliberado” de su cuantía cuando no eventos inexistentes. Estas facturas sirvieron supuestamente para desviar cerca de 79.000 euros para pagar actos del partido —entre ellos, dos mítines valorados en 21.000 euros— y fiestas privadas.

Entre estas últimas, la UCO señala una organizada por Waiter Music el 7 de marzo de 2008 que los investigadores relacionan directamente con Erguido al aparecer en la contabilidad intervenida al empresario con una referencia explícita al hoy senador. El documento policial señala que se contrató a un grupo de cuatro mariachis por 1.800 euros para que actuara en una fiesta en el Campo de Golf del Canal de Isabel II, en Madrid. Esa cuantía fue posteriormente pagada “con dinero público destinado al pago de otros eventos celebrados en el municipio de Algete y fondos públicos obtenidos de la Comunidad de Madrid”, concluye la Guardia Civil.

El informe de la UCO se incorporó en diciembre de 2017 al tomo 174 del sumario del caso Púnica —que cuenta ya con cerca de 300— y ahí ha permanecido hasta que la pasada semana, dos años y medio después de su elaboración, la Fiscalía Anticorrupción rescatara su contenido para solicitar de urgencia ante la próxima finalización de la investigación —fijada para el 27 de agosto— que se tomara declaración como imputados a la exalcaldesa y el antiguo asesor. Horas después, el juez dictaba un auto en el que citaba a ambos para este jueves.

Para Erguido, ya aforado, Anticorrupción apunta en su informe que, tras los dos anteriores interrogatorios, el juez debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que lo investigue por estos hechos. En su informe, Anticorrupción señalaba que el senador podría haber incurrido en delitos de malversación, cohecho y prevaricación, aunque admitía que los dos primeros podrían estar prescritos al haber pasado más de 10 años desde su comisión.