El juez da el primer paso para investigar al senador del PP acusado de desviar fondos públicos para fiestas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha citado a declarar como imputados para el próximo 23 de julio a la exalcaldesa del PP en Algete (Madrid) Inmaculada Juárez y al exasesor del mismo partido en el ayuntamiento de esta localidad Lorenzo del Triunfo por el supuesto desvío de fondos públicos para el pago de fiestas privadas y actos de su formación entre 2007 y 2014. La decisión del magistrado se produce solo unas horas después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito en el que implicaba a ambos y al senador del PP y diputado de la Asamblea de Madrid David Erguido, que fue concejal en este municipio, en el supuesto amaño de contratos públicos en favor de una de las empresas de la trama.

En aquel informe, Anticorrupción apremiaba al juez a realizar estos dos interrogatorios para decidir si se eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea este órgano judicial el que investigue por estos hechos a Erguido, dada su actual condición de aforado. La decisión del juez se produce cuando la instrucción del macrosumario del caso Púnica entra en su fase final, ya que debe estar concluida el próximo 27 de agosto.

En el auto en el que cita a la exalcaldesa y al antiguo asesor, el juez apunta a la posible comisión por parte de ambos de un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil, uno de malversación y varios de cohecho. El juez detalla que ambos, junto al entonces “primer teniente de alcalde”, que era Erguido aunque no lo cita por su nombre en la resolución judicial, fraccionaron de manera irregular contratos por valor de 1,9 millones de euros para organizar en la localidad todo tipo de festejos y así poder adjudicarlos por el procedimiento de “negociado sin publicidad” a Waiter Music, del empresario José Luis Huerta. Este era amigo del cabecilla de la trama, el exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, que supuestamente ejercía su poder para influir a su favor. Por estos festejos, el consistorio pagó precios que el magistrado tilda de “inflados”, ya que dejaron a Huerta un margen comercial superior al 20%.

El escrito de la Fiscalía incorporado al sumario del caso Púnica el pasado jueves -y adelantado por EL PAÍS este sábado- apunta a que a cambio de ello el empresario organizó para los cargos públicos fiestas privadas sin coste para ellos cuyo importe él recuperaba con el sobreprecio que cobraba al consistorio municipales por los contratos adjudicados, según refleja la contabilidad que se le intervino tras su detención. Entre estas contraprestaciones está la celebración de la comunión del hijo de la entonces alcaldesa, Inmaculada Juárez, valorada en 41.800 euros; y la contratación de un grupo musical mexicano por 1.800 euros para la fiesta privada que Erguido celebró el 7 de marzo de 2008 en el Campo de Golf del Canal de Isabel II, de Madrid.

La Fiscalía también hace referencia a la organización de actos del partido. Un informe de la Guardia Civil anterior concreta que fueron dos mítines —uno de las elecciones generales de 2008 y otro de los comicios europeos de 2009—, la cena de Navidad con “mariachis” y “karaoke” que el PP local celebró en diciembre de 2007, y un evento de la formación un año después. En su informe, la Guardia Civil cifró en 224.000 euros lo que el dueño de Waiter Music cobró del erario y que, en realidad, debía haber facturado al PP o a los cargos del partido en Algete.

Las sospechas sobre Erguido —senador desde julio de 2019 y con un escaño en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de 2019— se centran en su etapa como teniente de alcalde en este municipio (2003-2011) y, en concreto, a partir de 2007, cuando era la mano derecha de la entonces alcaldesa, Inmaculada Juárez, ahora citada a declarar. Siempre según Fiscalía, el hoy senador fue el concejal que dio presuntamente las directrices a los técnicos del Ayuntamiento para que se elaborasen los expedientes de contratación a la medida de Waiter Music y esta empresa fuera la elegida para organizar los festejos de la localidad.

En noviembre de 2017, el ahora senador fue interrogado por estos hechos por la Guardia Civil como “investigado no detenido”, una figura sin consecuencias jurídicas, pero que permite que el sospechoso preste declaración ante los agentes acompañado de abogado para garantizar sus derechos. Sin embargo, hasta ahora no ha sido llamado a declarar por el juez del caso Púnica. Este sábado, EL PAÍS se puso en contacto con él para que diera su versión de los hechos, pero declinó hacer comentarios. “Desconozco el fondo del asunto, ya que no se me ha notificado nada”, se excusó en un mensaje.