CASO PÚNICA

Anticorrupción implica a un senador del PP en el desvío de fondos públicos para pagar fiestas privadas

La Fiscalía urge al juez del 'caso Púnica' a concluir la investigación para enviar al Supremo las sospechas sobre David Erguido

El senador David Erguido, durante la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el pleno de la Cámara alta del pasado 14 de julio.
El senador David Erguido, durante la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el pleno de la Cámara alta del pasado 14 de julio.EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL / Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido recientemente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, un amplio informe sobre las supuestas corruptelas en cinco Ayuntamientos gobernados por el PP y dos entidades de la Comunidad de Madrid en el que le apremia a tomar declaración como presuntos implicados a 18 personas ante la inminente finalización de la causa el próximo 27 de agosto. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público destaca que uno de ellos es el senador del PP y diputado en la Asamblea de Madrid —y, por tanto, aforado— David Erguido Cano, por lo que urge al magistrado a practicar las diligencias que le reclama para poder elevar al Tribunal Supremo el resultado de las pesquisas y que este órgano estudie su posible imputación. Erguido es también presidente del Comité Electoral del PP de Madrid.

Anticorrupción señala a Erguido como presunto autor de delitos de malversación, cohecho y prevaricación por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar fiestas privadas y actos de su partido cuando era concejal en el Ayuntamiento de Algete (Madrid, 20.000 habitantes), aunque admite que las dos primeras infracciones penales estarían prescritas al haber pasado más de 10 años desde su presunta comisión. Erguido declinó este sábado dar a EL PAÍS su versión sobre los hechos. “Desconozco el fondo del asunto, ya que no se me ha notificado nada”, se excusó en un mensaje.

El nuevo informe de Anticorrupción, incorporado al sumario el pasado jueves, recopila todos los indicios sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades del empresario José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles) y dos entes públicos dependientes del Gobierno regional (la Fundación Arpegio y el Patronato Madrileño de las Montañas). Todo ello, durante la etapa en que Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama Púnica y amigo de Huerta, ocupó cargos en el Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre y dentro del PP de Madrid.

El documento de Fiscalía, de 85 folios de extensión, señala que, como contraprestación de estas adjudicaciones, Huerta organizó sin coste alguno fiestas privadas para Granados y varios dirigentes populares, entre ellos Erguido, así como mítines y otros actos del PP. El empresario luego recuperaba el importe de los mismos inflando las facturas que emitía por los contratos firmados con los Ayuntamientos.

Las sospechas sobre Erguido —senador desde julio de 2019 y con un escaño en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de 2019— se centran en su etapa como teniente de alcalde en Algete (2003-2011) y, en concreto, a partir de 2007, cuando la investigación ha revelado la supuesta contratación irregular de las sociedades de Huerta por la corporación local en la que era la mano derecha de la entonces alcaldesa, Inmaculada Juárez, también señalada en el informe de Anticorrupción. Entre ese año y 2014, Waiter Music se embolsó 1,9 millones de euros en adjudicaciones de este Consistorio. Siempre según Fiscalía, el hoy senador presuntamente dio las directrices a los técnicos del Ayuntamiento para que se elaborasen los expedientes de contratación a la medida de esta empresa para que fuera la elegida para organizar fiestas patronales, cabalgatas del día de Reyes y carnavales durante varios años.

El informe de Anticorrupción destaca que entre las contraprestaciones que Huerta entregó a los cargos públicos de Algete por este elevado volumen de contrataciones se encuentran la organización de fiestas sin coste alguno para ellos. Entre ellas, la celebración de la comunión del hijo de la entonces alcaldesa, Inmaculada Juárez, valorada en 41.800 euros; y la contratación de un grupo musical mexicano por 1.800 euros para la fiesta privada que Erguido celebró el 7 de marzo de 2008 en el Campo de Golf del Canal de Isabel II, de Madrid.

La Fiscalía también hace referencia a la organización de actos del partido. Un informe de la Guardia Civil anterior concreta que fueron dos mítines —uno de las elecciones generales de 2008 y otro de los comicios europeos de 2009—, la cena de Navidad con “mariachis” y “karaoke” que el PP local celebró en diciembre de 2007, y un evento de la formación un año después. El ministerio público considera que hay indicios de que ni los dos cargos públicos ni el partido abonaron estos gastos.

En noviembre de 2017, el ahora senador fue interrogado por estos hechos por la Guardia Civil como “investigado no detenido”, una figura sin consecuencias jurídicas, pero que permite que el sospechoso preste declaración ante los agentes acompañado de abogado para garantizar sus derechos. Sin embargo, hasta ahora no ha sido llamado a declarar por el juez del caso Púnica. Por ello, y cuando queda poco más de un mes para que concluya la investigación judicial, Anticorrupción ha pedido al juez que llame a declarar como imputados “a la mayor brevedad posible” a 17 de las 18 personas que señala en el informe.

Para el decimoctavo, Erguido, Anticorrupción pide que se pida con la mayor premura al Senado que certifique su condición de miembro de la Cámara alta y, por tanto, de aforado. Además, quiere que se tome declaración como investigados a los otros dos miembros del Consistorio supuestamente implicados en las irregularidades, la exalcaldesa Inmaculada Juárez y el exconcejal Lorenzo del Triunfo. Una vez hecho, la Fiscalía apunta a que solicitará al magistrado que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para que sea este órgano judicial el que decida si se investiga a Erguido.

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