El Ayuntamiento de Madrid limita a un máximo de 350 metros cuadrados las cocinas fantasma en suelo residencial

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el avance de la modificación de sus normas urbanísticas, que actualiza la regulación de las llamadas cocinas fantasma en edificios de viviendas, cuya superficie en suelo residencial se limitará a 350 metros cuadrados, y de los pisos turísticos, que solo podrán estar en las plantas baja o primera y simpre que no estén encima de otra vivienda. Además, introduce el llamado factor verde, que permite aumentar la edificabilidad de los inmuebles a cambio de que se instalen elementos de soleamiento, confort térmico, energías limpias o ajardinamientos.

Con la aprobación de este avance de modificación de las normas urbanísticas y su publicación en el Boletín Oficial de La Comunidad de Madrid (BOCM), prevista el 16 de agosto, se abrirá un plazo de información pública de tres meses, a cuyo término la reforma volverá a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva, un trámite que puede durar alrededor de un año. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que ha dado el visto bueno los cambios, la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), ha asegurado que se trata de una renovación sin precedentes del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1997 y que “ya nació prácticamente caduco”.

Más Madrid ha opinado que la reacción del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ante el problema de las cocinas fantasma ha llegado “cuando ya se ve al borde y por la presión”, y ha pedido añadir más restricciones a estos negocios para evitar que estén cerca de centros educativos o médicos. Este partido ha exigido “más valentía” en la regulación de las viviendas turísticas y que se limite su implantación a los bajos de los edificios con acceso independiente.

El PSOE, por su parte, considera que la reforma se queda “corta”, ya que “no aborda el debate sobre el modelo territorial ni tampoco aspectos claves como solucionar el grave problema de acceso a la vivienda o de como abordar la lucha contra el cambio climático y la contaminación”.

Las principales reformas

Cocinas fantasma: se restringe su implantación en suelo residencial, de modo que su superficie no podrá superar los 350 metros cuadrados y los repartidores tendrán que hacer la carga y descarga dentro del local. El Gobierno local pondrá en suspenso la concesión de licencias susceptibles de verse afectadas por la nueva norma desde el momento en que el avance sea publicado en el BOCM. Por tanto, se interrumpirá durante un plazo prorrogable de un año la tramitación de las licencias para instalar cocinas que pasarían a ser ilegales con la nueva norma, una paralización que concierne a cuatro expedientes, indican a Efe fuentes municipales.

Con esta reforma, las cocinas fantasma contarán con una normativa urbanística específica, bajo el nombre de cocinas agrupadas, y se les exigirá la elaboración de un estudio de impacto ambiental y de movilidad antes de iniciar su actividad. La intención del Ayuntamiento es ponerles coto y fomentar que estos negocios se implanten en áreas industriales y sacarlas del centro de la ciudad. Los condicionantes de superficie y organización de la carga y descarga, así como la suspensión del otorgamiento de licencias, se aplicarán también a los locales de almacenaje con reparto a domicilio.

Pisos turísticos: solo se permitirá su existencia en las plantas baja o primera de su edificio y no estén encima de otra vivienda. El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), ha explicado que el objetivo es “aflorar la actividad” que ahora se desarrolla al margen de la ley. El Consistorio estima que swon “ilegales” el 98% de las alrededor de 14.000 viviendas turísticas que se calcula que funcionan en la capital ―dato previo a la pandemia―. Villacís ha detallado que, en lo que va de año, se han revisado 5.253 viviendas en busca de infractores, se han detectado 425 alojamientos turísticos, y que “se han abierto expedientes en todas ellas”.

La reforma integra el Plan Especial de Hospedaje (PEH) de Manuela Carmena y lo modifica en algunos puntos: se suprimen la obligatoriedad de que los alojamientos cuenten con un acceso independiente y la fijación de un límite de días de uso al año a partir del cual se exigía licencia como actividad terciaria de hospedaje.

Factor verde: se podrán aumentar los metros del suelo en los que se permite construir a cambio de que tengan elementos de soleamiento, confort térmico, energías limpias o ajardinamientos. Las fachadas y cubiertas verdes, los paneles solares u otros elementos de sostenibilidad y eficiencia energética no computarán a efectos de edificabilidad, al igual que los cuartos para guardar “vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas”. Tampoco lo harán terrazas, balcones o escaleras de incendios. Tampoco computarán los trasteros en planta baja ni los cuartos de instalaciones en plantas de piso, dejando la cubierta o terrazas abiertas para otros usos, lo que según el Ayuntamiento favorecerá que las azoteas de los edificios sean transitables y utilizables. Por tanto, los metros de edificabilidad que dejarán de ser absorbidos por todos estos elementos podrán convertirse en metros de vivienda.

Otras medidas: para aumentar el parque de vivienda, se permitirá a las administraciones públicas utilizar sus suelos dotacionales en la capital para construir viviendas, siempre que se destinen a la tutela o asistencia social o al alquiler por parte de colectivos especialmente necesitados. Además, la reforma actualiza los usos residenciales para regular, por un lado, el cohousing, de modo que se aumenta de 30 a 40 metros cuadrados el espacio mínimo que debe destinarse a vivienda pero se permite ceder parte de esa superficie a zonas comunes. También se crea la categoría de residencial compartido o coliving, para dar cabida a inmuebles donde los residentes disponen de unidades de alojamiento privadas, con dormitorio y baño, y que hasta ahora se inscribían habitualmente como uso terciario de hospedaje.

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