El Ayuntamiento de Madrid detecta deficiencias en la mayoría de las cocinas fantasma

La polémica persigue a las conocidas como cocinas fantasma (dark kitchen, en inglés), una nueva forma de negocio a cuya expansión ayuda el cóctel que forman las restricciones que impone la pandemia y los usos sociales vinculados al comercio electrónico. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido esta semana que ha detectado anomalías en la mayoría de estos locales. En las inspecciones efectuadas en la capital desde el pasado 4 de marzo, se han hallado “pequeñas deficiencias” en 15 de los 22 establecimientos visitados, según informa el área de Desarrollo Urbano. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, suspendió en marzo la concesión de nuevas licencias hasta que se aclare cómo se regulan.

Se trata de instalaciones de corte industrial ubicadas dentro del casco urbano en los que se prepara comida únicamente para repartir a domicilio. El Ayuntamiento, comandado por un equipo de coalición de PP y Ciudadanos, defiende la legalidad de estos negocios. Pero cada vez es más intenso el frente vecinal al que se une la oposición política. Piden que se suspendan los permisos hasta que haya un nuevo marco jurídico porque entienden que la actual legislación no abarca la nueva actividad que desarrollan estas empresas. Por eso, creen, no son del todo legales. En la capital, la concesión de este tipo de licencias está sujeta al Plan General del Ordenación Urbana (PGOU) de 1997.

Los datos recogidos por Más Madrid, principal fuerza opositora, hablan de hasta 27 instalaciones con un total de 193 cocinas. 20 están ya en funcionamiento y siete, no. Solo el local pendiente de empezar a operar en la calle Canillas, en el barrio de Prosperidad, dispone de más de 1.400 metros cuadrados y 38 cocinas. Nueve de estas dark kitchen se hallan en el distrito de Tetuán, siete en el de Chamartín, dos en Chamberí, dos en Arganzuela, dos en Centro y una en Salamanca, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Carabanchel y Retiro.

Los problemas detectados varían según los casos: falta de licencia de funcionamiento, obras de acondicionamiento o de reestructuración sin título, problemas en el sistema de protección contra incendios o elementos industriales sin título habilitante. Las “deficiencias” no afectan en nada a olores, ruidos, movilidad o “condicionantes que puedan poner en peligro o alertar a la ciudadanía”, dijo el responsable del área de Urbanismo, Mariano Fuentes (Ciudadanos), en la comisión del ramo celebrada el martes. Por eso, tras la campaña de revisiones no han decretado el cierre de ninguna de esas cocinas. “Ustedes mantienen la postura de que todo está bien sin tener en cuenta los conflictos y molestias”, lamentó Pedro Barrero, concejal socialista que llevó el asunto a la comisión. Lamenta la postura de patada hacia delante del equipo municipal que va “a remolque de la presión vecinal”. “Queremos actividad económica, pero regulada”, comentó el edil del PSOE.

Un reflejo del conflicto que se vive ha tenido lugar esta misma semana durante una visita del alcalde al distrito de Arganzuela para inaugurar una calle. Allí, José Luis Martínez-Almeida (PP) se acercó a un grupo de vecinos, entre ellos miembros de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Miguel de Unamuno, que protestaba y mantuvo una improvisada conversación con ellos. La escena fue grabada en vídeo y publicada en el perfil de Twitter de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), que esta semana ha pedido al Defensor del Pueblo que intervenga para “poner coto” a estos negocios.

Las imágenes las protagoniza una madre de la AFA, Noelia Cabezas, que, con su hijo pequeño en brazos, polemiza durante varios minutos con el primer edil, que insiste en que no otorgar las licencias llevaría al Consistorio a cometer un “delito”. Almeida finalmente accedió a acompañarles al centro educativo donde estudian 900 alumnos y comprobar la proximidad de una de las nuevas instalaciones pendiente de empezar a funcionar. Pero el alcalde antes quiso dejar claro que el de las cocinas fantasmas es un problema “heredado” del mandado anterior, que es cuando se concedieron las primeras licencias bajo la actual normativa. “¿Y si es un problema heredado por qué no lucha contra él como ha hecho al recurrir Madrid Central?”, se pregunta indignada Noelia Cabezas en declaraciones telefónicas a EL PAÍS. “Por intereses económicos”, intuye ella preocupada, como los otros padres que se manifiestan, por los perjuicios que se pueda causar a los niños y la comunidad escolar el día que empiece a operar.

Cuatro chimeneas junto al patio del colegio

Pegado al Miguel de Unamuno se levantan cuatro chimeneas extractoras de unas instalaciones que acogen a doce cocinas industriales en 573 metros cuadrados de una nave gracias a una licencia de negocio de mediados del siglo XX, denuncian los vecinos. La altura de los tubos ha sido ya corregida, al menos, en una ocasión. Pero en los datos facilitados por el Ayuntamiento, esta cocina fantasma, situada en el número 8 de la calle Alejandro Ferrant, no presenta ninguna anomalía. Las chimeneas se ampliaron después de la inspección municipal llevada a cabo el 17 de marzo y los vecinos han recibido esta semana contestación municipal a su recurso y aseguran que, según el propio Ayuntamiento, no todo está correcto.

En la campaña de inspecciones realizada por el Consistorio, dos de los 24 locales estaban cerrados y serán visitados de nuevo más adelante. De los 22 a los que lograron acceder los técnicos, “todos cumplían y se ajustaban a las condiciones otorgadas en la licencia”, comentan desde el área de Urbanismo, “si bien, en 15 se detectó alguna pequeña deficiencia (algún cambio de distribución, un cartel puesto en un lugar erróneo, etc), pero en ningún caso nada que afectara al entorno, a la seguridad o a la propia actividad”. El Ayuntamiento considera que solo 10 son “multicocinas” y 14 son “locales con obrador y logística de distribución”.

“El nuestro es un activismo impuesto y muy desagradable, porque todo esto debería ser preocupación de los políticos”

Noelia Cabezas, madre de alumnos del colegio Miguel de Unamuno

“Se amparan en las inspecciones ante la presión social y ya vemos el resultado: la inmensa mayoría tienen deficiencias. Y algunas que se suponen que no tienen, como la del Unamuno, pues parece que también. Es la ley de la jungla. No hay control. Son instalaciones que no pueden ubicarse en este tipo de entornos”, deplora la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre.

El de las cocinas fantasmas, junto a los pisos turísticos, la proliferación de terrazas o la logística de última milla, forma parte de una nueva serie de actividades económicas que causan “un fuerte impacto negativo sobre la calidad de vida de la población residente en los entornos próximos”, alerta el sociólogo y urbanista Vicente Pérez en un informe elaborado por la Fravm. La federación pide al Ayuntamiento que, ante esta polémica, decrete una moratoria en la concesión de permisos como ya se ha hecho en Barcelona hasta que haya una nueva normativa adaptada a la actividad real que se desarrolla. “Llevamos meses pidiendo que se paralice la concesión de estas licencias, que se ponga en marcha una moratoria, y se reforme la ley para controlar su instalación”, reclama también Maestre, que apuesta por el modelo de la Ciudad Condal.

“El nuestro es un activismo impuesto y muy desagradable, porque todo esto debería ser preocupación de los políticos”, defiende Noelia Cabezas, decidida, como el resto de vecinos, a seguir plantando cara a las cocinas fantasma.

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