Colau frena la apertura de ‘cocinas fantasma’ mientras decide cómo las regula

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiere que proliferen en la ciudad grandes locales con decenas de cocinas donde se preparan platos para llevar a domicilio, las llamadas cocinas fantasma, sin antes evaluar qué riesgos tienen para la vida de los barrios y para el negocio de los bares y restaurantes ya existentes. Por ello ha frenado su apertura, suspendiendo la concesión de permisos de establecimientos de platos preparados con obrador y cocinas industriales sin degustación para decidir cómo las regula.

“Era necesario actuar con contundencia y rapidez”, ha defendido la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, recordando la inquietud vecinal ante las obras de dos proyectos de los distritos de Les Corts y Sant Martí que ahora quedan congelados. La suspensión afecta a las obras y a la solicitud de actividad. Ni el consistorio ni el Gremio de Restauración tienen constancia de que haya macrococinas fantasma operando.

En la ciudad sí hay actividad de platos preparados o cocinas industriales, pero de pequeño tamaño. Desde la empresa Projectum, que actúa de oficina técnica y se encarga de proyectos y obras para terceros, su gerente, Carlos Cervera, explica que las solicitudes se han quintuplicado durante la pandemia y que la firma ha abierto, con las licencias citadas, varios locales (que no cuantifica ni detalla dónde están) con un máximo de ocho cocinas. Cervera asegura que la suspensión anunciada este viernes le afecta en cuatro proyectos que tenía en marcha. Otro negocio existente es de la firma Not So Dark, en la Travessera de Gràcia, que abrió hace unas semanas en un local de 500 metros que era un restaurante y opera con esta licencia. El consistorio analizará si puede continuar con la actividad.

El Gremio de Restauración ha aplaudido la suspensión: “Ha de servir para consensuar una regulación específica sobre los criterios de implantación de macrococinas en el interior de la trama urbana de Barcelona”, ha expresado su director general, Roger Pallarols.

Uno de los elementos que valorará el consistorio es si se permite la implantación de esta actividad en barrios residenciales, ha explicado Sanz. Los vecinos afectados, que temen problemas de humo, ruido, olores o de movilidad por las decenas de repartidores que esperarían en la calle, reclaman que se consideren una actividad industrial y no se implanten en barrios de vivienda. La edil ha especificado que para regular el sector será preciso aprobar un plan especial urbanístico para determinar las condiciones de implantación de estas instalaciones; y una ordenanza que fije las condiciones para abrir la actividad económica.

El teniente de alcalde de Economía, Jaume Collboni, ha sido muy contundente a la hora de alertar de los riesgos que la proliferación de esta actividad puede tener: “Estamos a favor de la modernización de la economía, el progreso de la ciudad y la digitalización, pero con normas. Normas que garanticen la tranquilidad de los vecinos, que no impacte en la contaminación y la movilidad y en la economía de la ciudad, que está sufriendo mucho. Una competencia sin normas de otras plataformas al sector de la restauración sería dar el toque final a los bares y restaurantes de la ciudad”.

Uno de los fenómenos que ha constatado el consistorio en el caso de dos proyectos de cocina fantasma en los distritos de Les Corts y Sant Martí es que sus promotores comunican las obras al distrito sin explicar qué será el local. “Dejarán de ser cocinas fantasma y serán actividad regulada compatible con la trama urbana y la progresión de la economía local”, ha insistido Collboni.

La suspensión impacta en las dos obras. La de Les Corts fue paralizada por una cuestión de volumetría del edificio; y la de Sant Martí podrá continuarlas, pero al no haber solicitado licencia se da por hecho de que se paralizarán a la espera de si la regulación le da cabida.

Cuestión distinta son las cocinas en la Travessera de Gràcia, que están en un local que tenía licencia de restaurante y cerró. El consistorio está analizando este caso. La suspensión de licencias incluye, para evitar picaresca, las de platos preparados y obradores de comida. La moratoria tendrá una vigencia de un año.