El PSOE pide 38 años de cárcel para Granados y 13 para el exsenador Erguido por la trama de los festejos del ‘caso Púnica’

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han pedido una pena de 38 años de cárcel para Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, consejero de Presidencia y antiguo hombre de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre, por la contratación irregular de la empresa de organización de festejos Waiter Music a cambio de favores. Los socialistas también solicitan 27 años de prisión para José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro y exconcejal de Ciempozuelos; y 13 años y medio para David Erguido, exsenador y diputado autonómico popular, y otros cinco exregidores de la Comunidad. Además, la acusación plantea que el PP responda como partícipe a título lucrativo por los delitos cometidos.

La acusación particular da este paso después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón procesase el pasado julio a Granados, Erguido y otras 13 personas por las presuntas corruptelas urdidas en cinco Ayuntamientos gobernados por el PP —Valdemoro (donde el propio Granados ocupó el cargo de alcalde), Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles— y en dos entidades dependientes de la Comunidad —la fundación de la empresa pública Arpegio y el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (Pamam)— para favorecer a Waiter Music y a otras sociedades del empresario José Luis Huerta, para quien supuestamente se amañaban adjudicaciones de contratos públicos para la organización de verbenas y festejos populares.

“Granados y Huerta idearon un plan para beneficiarse ambos y beneficiar al PP de la condición e influencia pública del primero”, exponen el PSOE y la Adade en su escrito de acusación provisional, enviado el pasado 13 de septiembre a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EL PAÍS. En línea con la Fiscalía, la acusación popular explica que el ex secretario general del PP y el empresario, que mantenían una amistad, idearon un plan para saquear las arcas públicas.

“Huerta Valbuena era presentado en sociedad por Granados. A continuación, los Ayuntamientos entregaban a Waiter Music información privilegiada y previa sobre las necesidades que habían de reunir las empresas que iban a acudir a la adjudicación del contrato. La empresa de Huerta lograba la adjudicación y obtenía el pago desde la Administración por ese contrato. Y, como mordida o moneda de cambio, Waiter Music organizaba celebraciones privadas, bien para el Partido Popular, bien para algunos de aquellos cargos públicos del PP que pasaron a conocer y participar del plan. También entregó regalos a aquellos alcaldes y concejales”, detallan el PSOE y Adade.

Además, según mantiene la Fiscalía y ha revelado la investigación, el empresario también recuperaba después ese dinero gastado en los dirigentes populares. Para ello, inflaba presuntamente las facturas que emitía por los contratos firmados con los Ayuntamientos, según expuso el ministerio público. “Los acontecimientos aquí relatados, celebrados por y para el PP, y que esta formación política no pagó, ya que el coste fue asumido por Huerta, suman 241.851,28 euros. Importe del que se benefició el PP, obteniendo así un enriquecimiento injusto, y por el que deberá responder”, remacha la acusación popular.

Más de 15 millones de euros

Según recoge su escrito, el PSOE y Adade atribuyen a Granados cinco figuras delictivas: tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones Públicas y falsedad en documento mercantil. Por ello, piden que se le condene a 38 años de cárcel y que afronte el pago de más de 15,5 millones de euros como responsabilidad civil. El exdirigente popular, que también ocupó el cargo de consejero del Gobierno autonómico durante la etapa de Aguirre, ya fue condenado en firme a dos años de prisión por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado en el caso Púnica.

La investigación judicial también atribuye a Erguido un papel clave en los tejemanejes urdidos en el Ayuntamiento de Algete, donde ejerció como teniente de alcalde (2003-2011). El ex senador popular, a quien el juez definió como un “hombre de confianza” de Granados y que dejó el escaño de senador tras su imputación, fue también diputado en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura y asesor técnico del Gabinete de la Presidencia de Aguirre. “Erguido era parte fundamental de las negociaciones con Huerta —fallecido en 2020— y bajo su supervisión y dirección política se diseñaba la contratación de festejos”, escribe la acusación popular, que pide 13 años y medio de cárcel para él.

Por su parte, el PSOE y Adade piden 27 años para José Carlos Boza por su presunta implicación en las tramas urdidas en Valdemoro y Ciempozuelos. Y 13 años y seis meses de cárcel para los otros cinco exalcaldes del PP implicados —José Miguel Moreno, de Valdemoro; Esteban Parra y Daniel Ortiz, de Móstoles; María Ángeles Herrera, de Ciempozuelos; y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio—; y para otras cinco personas: María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero, ex jefes de gabinete del Consistorio de Valdemoro; y los exconcejales Rafael Marín (Ciempozuelos), Ricardo Godino (Moraleja de Enmedio) y Lorenzo del Triunfo (Algete). Para Carmen Plata, ex directora gerente de la Fundación Arpegio, solicitan cuatro años de cárcel. El juez también procesó a Inmaculada Juárez, exalcaldesa de Algete, pero la acusación popular descarta presentar solicitud de pena contra ella al considerarla inimputable tras un auto del pasado marzo que evaluaba su situación médica.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.