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La Púnica madrileña, pueblo a pueblo

Varios Ayuntamientos de la región han visto cómo detenían a sus alcaldes, implicados en una trama que amañaba contratos a costa de las arcas públicas

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Francisco Granados y José Miguel Moreno, en la fiesta de Navidad del PP en 2010.

Quizá muchos madrileños no supieran de la existencia de un pequeño pueblo llamado Casarrubuelos o de otro de nombre Serranillos del Valle hasta el 27 de octubre de 2014. Ese día, marcado en el recuerdo de funcionarios y vecinos, desembarcaron en las dependencias de seis Ayuntamientos madrileños agentes de la Guardia Civil en busca de pruebas de supuestos amaños de contratos, con mordidas incluidas, en el marco de la Operación Púnica.

Tras horas de registro, los agentes abandonaron las instalaciones con seis alcaldes detenidos y portando cajas y cajas de documentación. Valdemoro, Móstoles, Collado-Villalba, Parla, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco completaron esta primera lista de localidades marcadas por el nuevo caso de corrupción. La operación, dirigida por el juez Eloy Velasco, se extendió también por las comunidades de Murcia, Castilla y León y Valencia, y finalizó con la detención de 51 personas. En el último auto de levantamiento del sumario se imputa a 92 personas. Siguen entre rejas Francisco Granados y David Marjaliza, los presuntos cabecillas de una trama que contrató con varias Administraciones 250 millones de euros.

Valdemoro. Es la cuna de la Operación Púnica y la localidad con mayor número de imputados. Francisco Granados (el político) y David Marjaliza (el constructor) crecieron en sus calles y formaron un tándem durante años que permitió a Marjaliza hacerse con contratos públicos de obras y servicios, concesiones administrativas y promociones y recalificaciones urbanísticas, según el juez Eloy Velasco. La corrupción ha pasado factura en las urnas al PP, que solo obtuvo el respaldo del 18% de los votos frente al 45% de la convocatoria de 2011, pasando de 14 a 5 ediles.

El último en depositar una fianza de 100.000 euros para evitar la cárcel en este municipio ha sido el exalcalde José Miguel Moreno (sustituyó a Granados en 2003). Las escuchas ordenadas por el juez le pusieron en el punto de mira. En una de las conversaciones comentó a Marjaliza: “Bueno, tío, pues nada, que me voy de vacaciones. Prepárame la pasta”. Otro de sus comentarios, que se había hecho diputado para “tocarse los huevos”, le ha supuesto la expulsión del PP.

El sucesor de Moreno y cuñado de Granados, José Carlos Boza, siguió la senda de sus predecesores. Ingresó en prisión al estallar el caso y salió de la cárcel tras depositar una fianza de 25.000 euros. Más de lo mismo. Según el juez, “favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a David Marjaliza y otros empresarios” mediante “adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la Administración a los intereses particulares”.

Registro en el Ayuntamiento de Collado Villalba el pasado octubre. ampliar foto
Registro en el Ayuntamiento de Collado Villalba el pasado octubre.

La lista de imputados de la localidad se completa con Alfredo Ovejero, jefe de gabinete (fianza de 25.000 euros); José Javier Hernández, concejal de Hacienda (fianza de 60.000 euros); José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal (fianza de 100.000 euros); varias personas del departamento de Contratación, entre ellas Ana María Marjaliza, hermana del promotor inmobiliario, además de otros técnicos.

Granados fue alcalde de la localidad entre 1999 y 2003. De ahí dio el salto a la Comunidad de Madrid, donde ejerció de consejero hasta 2011. Ya había caído en desgracia en el partido por su enfrentamiento con Ignacio González, cuando salió a la luz, en febrero de 2014, la existencia de una cuenta en Suiza a su nombre por 1,6 millones de euros, que desencadenó la investigación judicial.

Parla. La noticia de la detención de José María Fraile (socialista, gran amigo de Tomás Gómez, en ese momento todavía secretario general del PSM) por un caso de corrupción cayó como un jarro de agua fría en un Ayuntamiento que arrastra la segunda deuda mayor de la región; cada ciudadano debe 2.869 euros. El juez detectó irregularidades en el contrato de eficiencia energética firmado con Cofely en julio de 2013 por 54,6 millones de euros.

El auto indica que Fraile “como alcalde (…) sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely, participando al menos en el que se ha materializado a través de una supuesta donación”. Además, se detectó que el Ayuntamiento seleccionó a una empresa auditora, Ruta Energética, vinculada con Marjaliza, que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que intervinieron en el contrato. Por todo ello, Fraile incurre presuntamente en los delitos de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. El juez le impuso una fianza de 60.000 euros.

Agustín Juárez, el día de su dimisión como alcalde de Villalba. ampliar foto
Agustín Juárez, el día de su dimisión como alcalde de Villalba.

El día en que se desató la redada, Fraile se encontraba en Málaga, en un encuentro de la Federación Española de Municipios, que presidía. Los agentes detuvieron también a Antonio Borrego, jefe de gabinete de Fraile (fianza de 60.000 euros). El juez explica que existen conversaciones de Borrego con Pedro García (comercial de Cofely) y Marjaliza en las que se apunta a que se han desbloqueado los pagos a Cofely, que serían las “contraprestaciones por la adjudicación”. También gestiona un cohecho que se habría producido en forma de donación.

En cuanto a Avelino Pérez (fianza de 20.000 euros), asesor municipal y el primero que dejó el Ayuntamiento detenido, el juez considera que es el encargado de supervisar el contrato y “habría intermediado en los pagos”. Ahora el municipio, gobernado en minoría por el PP, intenta que Cofely no le corte la luz por los 10 millones que le debe desde octubre.

Móstoles. Las escuchas telefónicas apuntan a que Cofely tenía comprometida la entrega de 240.000 euros en Móstoles, por la adjudicación del contrato de eficiencia energética por 72 millones de euros y una duración de 12 años. Además, las investigaciones constataron la celebración de varias reuniones en las que estuvo presente Alejandro Utrilla, concejal de Medio Ambiente en ese momento, en las que se aborda el tema y la forma de justificar dicha cantidad. En este gran municipio del sur de Madrid (210.000 habitantes), Cofely también se presentó al concurso en “una situación de ventaja” frente a otras empresas, porque se había pactado de antemano que ganaría el contrato.

En Móstoles, el PP perdió en los últimos comicios cinco concejales —pasó de 17 a 12—, aunque fue la fuerza más votada. El PSOE gobierna gracias al apoyo en la investidura de Ganar Móstoles. El nuevo equipo ha iniciado los trámites jurídicos para rescindir el contrato de Cofely, que se encarga de todo el mantenimiento de la ciudad, desde las farolas hasta el aire acondicionado pasando por los colegios.

Las fiestas populares más rentables

Una de las líneas de investigación sobre cómo se financiaba la trama Púnica pone el foco en las contrataciones de actuaciones musicales por varios municipios madrileños con la empresa Waiter Music, ubicada en Aranjuez. Supuestamente, de ahí habrían salido parte de las comisiones de Francisco Granados. El magistrado Eloy Velasco indica en un auto que la empresa ha sido “históricamente” adjudicataria en pueblos y empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde el exsecretario general del PP autónomo ocupó cargos de relevancia. Un hecho que “le confería la capacidad de influir sobre dichas adjudicaciones”. Durante las investigaciones se registraron la empresa y el domicilio del dueño, José Luis Huerta, para quien el juez acordó prisión provisional eludible con fianza en metálico de 300.000 euros.

La Púnica tampoco respetó la gestión educativa. Las pesquisas se extienden a cuatro colegios concertados —tres en Valdemoro y uno en Torrejón de Velasco— en cuya construcción intervino Marjaliza. El dueño de la empresa que impulsó esos centros, Alfonso Ferrón del Río, también está imputado en la operación.

Collado-Villalba. Todo pintaba bien para el popular Agustín Juárez, que arrasó en las elecciones de 2011 en Collado-Villalba, el municipio de 65.500 habitantes conocido como la capital de la sierra. Consiguió 14 ediles, seis más que en las elecciones anteriores. El PSOE perdió ocho concejales. El camino se torció para Juárez cuando los agentes de la Guardia Civil llamaron a la puerta del Ayuntamiento con la Operación Púnica bajo el brazo y le detuvieron. Salió en libertad bajo fianza de 40.000 euros y dejó el Ayuntamiento declarando su inocencia.

El juez considera que existen evidencias de malas prácticas en la adjudicación del contrato a Cofely por 39,4 millones durante 15 años. “Los miembros de la corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros”, dice el auto.

Para la materialización del pago se había preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de Marjaliza y Cofely “por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética”. Por este motivo, el juez considera que Juárez incurre presuntamente en los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

Con el levantamiento del secreto del sumario del caso, que se encuentra en diligencias previas, el juez añadió como imputado a Alberto Sánchez Caballero, segundo teniente de alcalde del municipio. Como consecuencia, Sánchez abandonó el equipo de gobierno, pero no entregó el acta, con lo que sigue en el Ayuntamiento como edil no adscrito.

Cofely ha pedido la rescisión del contrato que firmó con el Ayuntamiento, debido a que el Consistorio no le ha pagado ni una factura desde que inició el servicio, en septiembre del año pasado. Ahora pide 6,8 millones, que incluyen el abono de las facturas que se les adeudan (más de cuatro millones), el lucro cesante y las inversiones que han hecho.

El juez destapa

un sistema de facturas falsas

entre Marjaliza y Cofely

Torrejón de Velasco. Este pequeño pueblo de 4.177 habitantes y una deuda de 12 millones estaba gobernado por Marjaliza en la sombra. El regidor, Gonzalo Cubas, cuñado del promotor, seguía las instrucciones del constructor “hasta tal punto”, especifica el juez, que se dejaba guiar por sus instrucciones sobre cuándo y a quién facturar.

El auto se detiene en un procedimiento que se estaba llevando a cabo para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas de rehabilitación del río de la ciudad. Existen, además, indicios de irregularidad en otros contratos públicos adjudicados a Marjaliza.

En el municipio han trabajado nueve empresas vinculadas con la trama Púnica. Cofely también se hizo con la licitación de eficiencia energética de este municipio por 4,8 millones durante 15 años. Valcenter, parte de la Operación Púnica, se encarga del club de pádel durante 15 años (2.000 euros mensuales), y a la cabeza del servicio jurídico se encuentra Antonio Serrano, testaferro de la trama y exconcejal de Valdemoro.

Un informe de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2012 refleja todo tipo de anomalías en la contabilidad de la localidad. El informe subraya la “inadecuada utilización” del contrato de gestión de servicio público en dos de los contratos adjudicados ese año: uno de 14,8 millones y 25 años de vigencia con SEYS Medioambiente para la limpieza de la localidad y el mantenimiento de las zonas verdes, y el de Cofely.

El alcalde de
Torrejón de Velasco seguía las órdenes del constructor

Casarrubuelos. Con 4.000 habitantes, Casarrubuelos se despertó en octubre en medio de la Púnica. Su alcalde, David Rodríguez Sanz, en libertad sin fianza, está imputado por malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude, debido al contrato energético de 95.000 euros y una duración de seis meses.

El juez Velasco considera que Rodríguez Sanz se puso totalmente en manos de Pedro García (comercial de Cofely) y Marjaliza para redactar los pliegos del concurso, lo que facilitó a la empresa jugar sus cartas con ventaja.

Sobre todo, añade el auto, porque se trata de unos pliegos de preparación compleja, lo que condiciona mucho las posibilidades de obtener el contrato. Además, existen indicios de cohechos vinculados al contrato. Desde el Ayuntamiento insistían en que no habían firmado dicho contrato.

Serranillos del Valle. La Púnica aterrizó en este municipio madrileño de 3.800 habitantes. Su alcalde, Antonio Sánchez Fernández, del partido independiente UCMA, fue detenido pero no puesto a disposición judicial por motivos médicos en octubre del año pasado, cuando el juez Velasco desencadenó la operación. El regidor está imputado por prevaricación, fraude, cohecho y malversación.

Unos días más tarde fue sorprendido cuando trataba de sacar del Ayuntamiento documentación de su despacho. El juez Velasco le envió a prisión bajo fianza de 60.000 euros. Él dimitió de su cargo. En el auto de levantamiento del sumario, el magistrado considera a Sánchez responsable de “severas irregularidades en materia de contratación pública” para beneficiar a David Marjaliza.

El magistrado sostiene que en el contrato de eficiencia energética de la localidad se alteró la valoración de las ofertas de un concurso público a favor de Cofely. El Ayuntamiento anunció en septiembre la adjudicación por 339.250 euros anuales durante 15 años. Un acuerdo que, manifestó entonces, sería altamente beneficioso para el municipio por el ahorro energético y por los beneficios medioambientales. Algo que vendría muy bien a un municipio con una deuda de nueve millones. El juez afirma también que en Serranillos del Valle las empresas de Marjaliza trabajaron sin contrato público con la connivencia del alcalde y del técnico municipal Marco Durán. Para dar cobertura a estos contratos fraudulentos se elaboraron informes y facturas falsas, según el magistrado.

Moraleja de Enmedio. El popular Carlos Alberto Estrada, alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio, fue detenido dentro de la Operación Púnica el pasado 9 de julio. Detrás, una vez más, la firma Cofely, que ganó en abril de 2013 el concurso de Moraleja por 3,5 millones, pese a que la propuesta de la vasca Elecnor —se presentaron solo dos empresas— alcanzó mejor nota en los números objetivos (37,88 puntos de 50, frente a 35,80 de Cofely).

La diferencia entre ambas ofertas se evidenció en el apartado “criterios que dependen de un juicio de valor”, donde Elecnor obtuvo 35 puntos frente a los 43 de los franceses. Teresa Martín, pareja del alcalde, es la técnico encargada de hacer los informes. Ambos fueron puestos en libertad por el juez. El regidor, que llevaba 16 años al frente del Consistorio cuando perdió en los últimos comicios, está acusado de prevaricación, fraude, malversación, tráfico de influencia y cohecho, y su pareja de prevaricación, fraude y malversación.

Sevilla la Nueva. El juez ha imputado en la trama de corrupción a Mario Utrilla, exalcalde de Sevilla la Nueva (9.000 habitantes) y hermano del exedil de Móstoles investigado por la contratación con Cofely. Las pesquisas apuntan a que el exregidor, que no se presentó a las pasadas elecciones, podría haber colaborado con su hermano en el acuerdo con la empresa. El actual regidor de la localidad, el popular Asensio Martínez, asegura que el Ayuntamiento no ha sido registrado.

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