El PSOE reprocha “prisas e inacción” al juez del ‘caso Púnica’ para “blindar” a Aguirre

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han solicitado a la Audiencia Nacional que conceda más tiempo al exacalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega, para que pueda revisar la documentación que acumula y presentar así pruebas que, según dijo, salpicarían a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Los socialistas han planteado esta medida al recurrir la decisión de Manuel García-Castellón, juez instructor de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, que ya dio por acabado el plazo para que el antiguo regidor entregase su informe. El partido le reprocha al magistrado, además, “prisas e inacción” para “blindar” a la política, a la que mantiene imputada.

Guillermo Ortega, condenado por el caso Gürtel y actualmente en prisión, contó en 2020 que Aguirre lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales de la formación. Además, el exalcalde aportó facturas para sostener sus acusaciones, lo que provocó que García-Castellón separara su testimonio de la instrucción sobre la caja b del PP de Madrid y abriera en 2021 una nueva línea de investigación (Pieza Separada 13 del caso Púnica) centrada solo en sus afirmaciones, que la Sala de lo Penal le obligó a unir después al considerar que se trataba de hechos conexos.

Con la idea de ahondar en estos extremos, el exregidor popular solicitó que, para recabar las presuntas pruebas que acumulaba, le proporcionasen en prisión el acceso a su ordenador y a la contabilidad del Mercado Puerta de Toledo. Pero, más tarde, Ortega explicó que tenía dificultades para elaborar su escrito de conclusiones, ya que únicamente podía consultar sus documentos en horario muy reducido, debido a su encarcelamiento. Un problema que, según denuncia el PSOE en su recurso, no se solucionó hasta abril de este año, cuando se puso a su disposición los “medios técnicos” adecuados.

Los socialistas explican que, a continuación, Ortega presentó un escrito el 23 de mayo, donde solicitaba más tiempo para confeccionar su informe, ya que debía trabajar con “ingentes volúmenes de documentación” y no había podido ponerse hasta superar “enormes dificultades técnicas”. El magistrado le dio entonces una prórroga de 10 días, que dio por finiquitada la pasada semana. “No se puede hacer depender la continuación de la pieza de la voluntad de Ortega”, argumentó el instructor.

Pero, para las asociaciones populares, el tiempo que se le concedió fue insuficiente. Es más, el PSOE carga contra García-Castellón: “No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final”. “Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP en esta autonomía”, remacha el recurso de los socialistas, que consideran que la información que pueda proporcionar Ortega “será seguramente de una extraordinaria relevancia”, ya que “admitió” su “participación directa en los hechos”. El partido plantea a la Audiencia que pida al exregidor que informe “del estado de su escrito, incluso que presente un avance o esquema previo”, y después se decida si se le otorga más tiempo.

Aguirre —que encabezó los tres organismos donde se han detectado prácticas corruptas: el Ejecutivo autonómico, el PP regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid)— permanece actualmente imputada en esta línea de investigación del caso Púnica, que el magistrado ya da por “agotada” tras más de un lustro y que la Sala de lo Penal ya apremió a acabar en una ocasión. De hecho, el pasado enero, García-Castellón dio por acabada la instrucción y ahora se encontraba a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción presente su informe final sobre el caso, donde deberá plantear si pide procesar a la expresidenta madrileña. Una opción que, según fuentes jurídicas, va a ser difícil, ya que ninguno de sus subordinados la señaló durante la instrucción con indicios lo suficientemente sólidos como para enviarla al banquillo.