El PSOE pide cárcel para uno de sus exalcaldes y para siete del PP por una parte del ‘caso Púnica’

El PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), personados como acusación popular en el caso Púnica, han presentado ya su escrito de petición de penas contra los 37 procesados por la presunta trama urdida en ayuntamientos del país para conceder adjudicaciones irregulares a la empresa energética Cofely, a la que también se ha propuesto sentar en el banquillo como persona jurídica. Los socialistas solicitan cárcel para todos los implicados, entre los que se encuentra uno de sus exalcaldes, José María Fraile; siete del PP; y otro de un partido local. También, el constructor David Marjaliza.

En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el PSOE y Adade explican que Marjaliza tejió durante años una extensa “red de influencias y contactos” entre alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid, gracias a la ayuda de su amigo Francisco Granados —quien fuera regidor de Valdemoro, consejero de Esperanza Aguirre, secretario general del PP de Madrid y epicentro de Púnica—. De esta forma, cuando llegó “lo más crudo de la crisis inmobiliaria” que asoló España hace una década, el empresario “supo reinventarse” y aprovechó su amplia agenda para ofrecerse como “conseguidor de contratos públicos”.

“Marjaliza contactó con Cofely para, juntos, acercarse a diversos ayuntamientos. [El empresario] aportaría su red de contactos, influencia e intermediación con alcaldes y concejales que venía ya utilizando anteriormente; y Cofely aportaría su experiencia como multinacional especializada en esos trabajos”, subrayan las acusaciones populares. La trama ofrecía entonces “acuerdos de corrupción” a las autoridades y técnicos, a quienes pagaba presuntamente dádivas y mordidas, según apuntó Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional. En su auto de procesamiento, el magistrado señaló que la infiltración de la red corrupta en las corporaciones locales llegó a tal extremo que influían en la redacción de “los pliegos de la adjudicación, los informes de necesidad del contrato, los informes de valoración de las ofertas [...], el precio de las licitaciones, los plazos o la fórmula económica...”.

El pasado 30 de septiembre, el juez procesó a los 37 implicados. Entre ellos, se encuentran un exalcalde del PSOE, José María Fraile (Parla). Otros siete del PP: Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), cuñado de Marjaliza; Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio); José Carlos Boza (Valdemoro); Agustín Juárez (Collado Villalba); Daniel Ortiz (Móstoles); Mario Utrilla (Sevilla la Nueva), y José García Lobato (Almendralejo, provincia de Badajoz). Y otro regidor del partido local UDMA: Antonio Sánchez (Serranillos del Valle). Boza, Estrada y Ortiz también se encuentran procesados en la línea de investigación del caso Púnica que versa sobre la contratación irregular de la empresa de organización de festejos Waiter Music a cambio de favores.

El PSOE y Adade atribuyen a Fraile delitos como tráfico de influencias, malversación, fraude y cohecho. Por todo ello, solicita que se le imponga una pena de cerca de 20 años de cárcel. “Marjaliza contactó con el alcalde [de Parla] y ofreció una comisión de 600.000 euros a cambio de que Cofely resultase adjudicataria del contrato unificado de suministros, eficiencia energética y mantenimiento de instalaciones. Esa comisión se repercutiría como un mayor coste del contrato público; es decir, que serían las arcas municipales las que costearían las recompensas”, remachan las acusaciones, que aseguran que Cofely “tomó por asalto” el departamento encargado de tramitar los pliegos del concurso y “los acomodó a sus intereses”.

Los socialistas piden también decenas de años de cárcel para Marjaliza. Y para el resto de exregidores, además de dictar su inhabilitación para empleo y cargo público, plantean las siguientes penas: 15 años de prisión para Carlos Alberto Estrada; cerca de 10 años para José Carlos Boza, Agustín Juárez, Daniel Ortiz, Mario Utrilla y Antonio Sánchez; 6 años para José García Lobato; y 3 años para Gonzalo Cubas.