La exjefa de prensa de Esperanza Aguirre: “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella”

La investigación del caso Púnica ha acreditado siete años (de 2007 a 2014) de grave corrupción en el seno del PP de Madrid. El sumario judicial recoge numerosos indicios de financiación ilegal a través de una caja b —alimentada por empresarios contratistas de la Comunidad— con la que se pagaron supuestamente actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas; a través de Fundescam, la fundación del PP de Madrid que facturaba en falso, según la instrucción del caso, para orillar la ley y financiar actos electorales; y a través del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (que financiaba sus campañas de publicidad ilegales a través de empresas a las que adjudicaba contratos, según el relato del magistrado).

Los supuestos delitos acreditados beneficiaron fundamentalmente a Esperanza Aguirre, candidata del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. Pero solo llevarán al banquillo de los acusados al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez (delito electoral); al exsecretario general del PP en aquella época y exconsejero, Francisco Granados (delito electoral, cohecho y malversación); y a la entonces jefa de prensa de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego (prevaricación y malversación). La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado solo por el último de los tres fiscales que se incorporó a la investigación, propuso archivar la causa contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y el juez instructor, Manuel García Castellón, ha exculpado a ambos definitivamente en su auto de procesamiento. El argumento de fiscal y juez fue idéntico: “Tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que Esperanza Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Pero algunos de los implicados en esta trama de corrupción no opina lo mismo. La periodista Isabel Gallego, directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), ha estallado tras ser procesada. Su abogado ha presentado un recurso de reforma en el que afirma: “El auto ha de ser reformado por lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada (Directora) de Medios de la CAM, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria”.

La persona que trabajó durante una década para proteger la imagen de Esperanza Aguirre, la misma que se empleó a fondo para publicitar todas sus políticas, que intentó evitar informaciones negativas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid durante todos aquellos años, no entiende que el juez la incluya entre las pocas personas que han sido procesadas por corrupción, lo que atribuye al “trato desigual que dan el juez y los (las) fiscales en función del rol particular de cada individuo”.

Díaz Ayuso, responsable de redes sociales

El juez y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Isabel Gallego de prevaricación y malversación por contratar con dinero público de su dirección general a las empresas de Alejandro de Pedro para hacer en las redes sociales campañas de propaganda a favor de Aguirre y González. Gallego responde que ella no decidió esa contratación, sino que se la impusieron. Y detalla quién era el responsable de esas actuaciones en el PP: “No es intrascendente que se haga notar que en el año 2010 la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar [exconsejera de Educación en el Gobierno de Esperanza Aguirre] y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso [hoy presidenta de la Comunidad de Madrid]. Así consta en la causa y en fuentes abiertas. Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego. Como también es importante recordar que en aquellos comienzos de la década del 2010 la moda, tratándose de internet, eran los blogs y que cada político tenía el suyo propio. Pero, como dejamos claro, no los gestionaba Isabel Gallego, quien además no era político. Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociaciones previas con el PP, con Francisco Granados, Salvador Victoria, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, Ignacio González…. es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquel le es presentado”.

Respecto a esas campañas para mejorar con dinero público la imagen de Esperanza Aguirre en las redes sociales, el juez sostiene que durante los primeros meses de 2012 la presidenta madrileña fue “beneficiaria de trabajos de reputación y posicionamiento online llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro”. Pero concluye que tras la instrucción llevada a cabo no pudo acreditar que “Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Isabel Gallego rechaza estos argumentos: “El auto sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente. Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos [Aguirre y González] eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario”, sostiene el recurso.

La exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid explica así el mecanismo de contratación de las campañas de reputación a favor de Aguirre y González: “Se dispuso que se contratara el servicio con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios, lo que en absoluto puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, al Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios Presidentes afectados y, desde luego, ni a Salvador Victoria ni a Borja Sarasola. No es Isabel Gallego quien propone a Alejandro de Pedro, sino que le llega ‘impuesto’ tras ser recomendado por Borja Sarasola”. Y remacha: “No puede tenerse por bueno que se le achaque a la directora general de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal”.

Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada: “Si para la que fuera consejera de Educación, Lucía Figar, no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la directora general de medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos [Aguirre y González] eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada”, insiste. “Y ello, además de ser contrario al derecho a la igualdad, pone en jaque el derecho a la tutela judicial al faltar el razonamiento de por qué lo que para unos es lícito para Isabel Gallego es delictivo”.