El juez deja a Esperanza Aguirre e Ignacio González fuera de la causa sobre la financiación irregular del PP de Madrid

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, respira más tranquila desde este viernes. La exdirigente del PP acaba de quedar fuera del caso Púnica, sobre la presunta caja b del partido regional. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha acordado excluir a la política de la causa. Una decisión que llega después de que la Fiscalía Anticorrupción ya pidiese en julio su desimputación por no existir pruebas suficientes para sentarla en el banquillo. Además, el magistrado adopta una decisión similar en el caso de Ignacio González, su sucesor en el cargo; y circunscribe a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, ex secretario general y exgerente de la formación respectivamente, toda la responsabilidad sobre la supuesta financiación irregulares de los populares.

A través de un auto dictado este viernes, el juez reduce la lista de imputados de forma drástica. El magistrado solo propone enviar a juicio a ocho personas por esta parte del macrosumario de Punica, y archiva la investigación contra 71 personas. Entre los procesados se encuentran Granados y Gutiérrez, dos hombres de la máxima confianza de Aguirre; Isabel Gallego, ex jefa de prensa de la popular; Borja Sarasola, exconsejero de Ignacio González; y el empresario Alejandro de Pedro. Sin embargo, se quedan fuera otros ex altos cargos del PP de Madrid, como Salvador Victoria (al que sí había pedido procesar la Fiscalía) y Lucía Figar.

Las pesquisas han dado un giro de 180 grados en su última fase. Cuando se decidió imputar a Aguirre en 2019, el juez y la Fiscalía la señalaron como la gran beneficiaria de la trama. Ella encabezó los tres órganos donde anidó la corrupción (Gobierno regional, PP de Madrid y Fundescam) y el dinero supuestamente desviado se usó para financiar sus actos electorales e, incluso, pagar una campaña de reputación online a su favor. “[Aguirre] ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba”, dirigidas “fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”, plasmaron en varios escritos, donde añadieron: “Una situación como la descrita explica que el impulso y la supervisión de todo el entramado pivotara en la presidenta [...]. [Era] la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza”.

Sin embargo, en opinión del ministerio público y del juez, los indicios que sí fueron suficientes para llamarla a declarar como imputada no se han visto reforzados para poder sentarla en el banquillo. “Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre en los hechos delictivos [...] No se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”, dice la resolución dictada este viernes por García-Castellón, que sigue así la línea del informe final de la Fiscalía presentado en julio sobre esta parte del caso Púnica (la Pieza Separada 9).

Ocho años de investigación

El enorme sumario sobre el caso Púnica se abrió en 2014 tras recibir una alerta de Suiza por delito de blanqueo de capitales. Entonces solo se investigaba a Granados, pero las pesquisas de la Audiencia Nacional depararon una gran sorpresa. La Guardia Civil encontró en casa del ex secretario general una libreta Moleskine de color negro, con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. Según los agentes del instituto armado, constituye una prueba clara de los movimientos en la caja b del PP de Madrid.

A raíz de ese hallazgo, el juzgado inició esta Pieza Separada 9 sobre la financiación irregular y se centró en tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, donde Aguirre arrasó con mayoría absoluta; y las nacionales de 2008. En esta parte del sumario también se analizaron las adjudicaciones al empresario De Pedro de contratos públicos para mejorar la reputación online de altos cargos del PP en redes sociales y en la web.

García-Castellón considera, al igual que la Fiscalía, que las irregularidades de los comicios de 2007 y 2008 han prescrito. Sobre los de 2011, añade el instructor, solo existen pruebas para acusar a Gutiérrez y Granados. En este caso, el juez se muestra contundente y afirma que idearon “una operativa desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales”, que nunca se declararon a la Cámara de Cuentas. El juez explica que, “para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos”, con una serie de “empresarios afines”. Unos que hacían “aportaciones de dinero en efectivo” a la formación —“que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general”— y otros que facturaban servicios falsos para ocultar los reales.

“La relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues él mismo venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación política regional y de los diferentes directores de las campañas como nexo de unión entre las personas que recibían el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional”, remacha el auto de este viernes. Los otros seis procesados responden por irregularidades en los trabajos online y en otras adjudicaciones bajo sospecha. Las acusaciones populares presentes en la causa, como PSOE e IU, pueden recurrir ahora la exculpación de Aguirre y González.

La llamada sospechosa

Según el sumario, Fundescam se convirtió en un instrumento del partido para pagar sus actos. El juez apunta que se ha acreditado que esta fundación de la Comunidad abonó, al menos, 114.405 euros en la campaña de 2011. “Los empresarios que aportaron donativos a la Fundescam preferían utilizar una fundación porque tenían un recibo que poder contabilizar en sus empresas y por el tratamiento fiscal favorable que tenían las donaciones a los partidos”, llegó a afirmar Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, durante su interrogatorio en el caso Púnica.

En este contexto, la investigación judicial recoge una llamada entre Aguirre y su entonces vicepresidente Ignacio González, en la que ella afirma: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede. Pero, desde luego, Fundescam no ha pagado”. El fiscal y el juez admiten que esas palabras revelan que la presidenta “pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral”; “pero, igualmente, revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”. García-Castellón reconoce entonces que Aguirre pudo optar por mostrar una “ignorancia deliberada”, pero añade que no cuenta con indicios suficientes para sostenerlo.