La Fiscalía exculpó a Esperanza Aguirre porque “no conoció” la corrupción de su Gobierno y de su partido

La Fiscalía Anticorrupción renuncia a pedir el procesamiento de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid imputada en la línea de investigación del caso Púnica centrada en la presunta caja b del PP de Madrid. Tras más de un lustro de instrucción, el ministerio público ha llegado a la conclusión de que no cuenta con los indicios suficientes para proponer al juez Manuel García-Castellón que la siente en el banquillo. El fiscal Alejandro Cabaleiro deja clara su posición en un escrito de 860 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, del que dedica nueve folios a analizar las claves para solicitar el archivo de la causa contra la exdirigente popular: “No se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los delitos”.

Aguirre fue imputada en 2019. Entonces, tanto la Fiscalía como el magistrado instructor la situaron en la cúspide de las pesquisas. No solo afirmaron que era la gran beneficiaria de la red corrupta, sino que todo el entramado “pivotaba” sobre ella. Era quien presuntamente “ideó la búsqueda de recursos para financiar” sus campañas, dirigidas “fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”. Sin embargo, tres años después, el ministerio público ha concluido que no cuenta con pruebas suficientes que lo demuestren.

“Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Aguirre en los hechos delictivos”, incide el fiscal Cabaleiro en su informe, donde recalca que existen “claros indicios” de que el PP de Madrid “falseó” sus cuentas para financiar ilegalmente las campañas de 2007, 2008 y 2011. Pero las irregularidades de las dos primeras estarían prescritas. Y, sobre las terceras, limita la responsabilidad a Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, dos de los hombres de confianza de la dirigente del PP. El primero fue su consejero y secretario general de los populares madrileños. El segundo, su gerente.

El informe del ministerio público hace referencia, por ejemplo, a una llamada entre Aguirre y su vicepresidente Ignacio González, en la que ella afirma: “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede. Pero, desde luego, Fundescam [Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid] no ha pagado”. El fiscal reconoce que estas palabras revelan que la presidenta “pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral”; “pero, igualmente, revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedió, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”, apunta en su largo escrito.

Es entonces cuando la acusación pública plantea la tesis de si Aguirre se situó en la “denominada ignorancia deliberada”. Una opción que también descarta el fiscal por falta de pruebas: “Afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”. “El genérico hecho de que, en tanto presidenta, tenían un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por hechos concretos”, remacha.

“Se benefició de trabajos” de la trama

Otras de las líneas de investigación se centró en las campañas de reputación online que se financiaron en favor de Aguirre. En este punto, el ministerio público repite lo mismo: “No ha podido acreditarse que tuviese conocimiento de la contratación de los trabajos, de su desarrollo o de cómo se abonaban los mismos”.

El fiscal Cabaleiro admite que el empresario Alejandro de Pedro, al que sí pide procesar, creó en 2010 un blog sobre la dirigente popular y elaboró un estudio sobre su “situación en las redes sociales”. Más tarde, desde abril de 2012 hasta su dimisión como presidenta de la Comunidad, la política se “benefició de trabajos de reputación y posicionamiento online” que ponían en marcha las compañías de De Pedro. Pero, según añade, no hay pruebas de que esta relación la tejiese ella, sino que supuestamente lo hizo Borja Sarasola, uno de sus protegidos —jefe de su gabinete y posterior consejero de Ignacio González—. La supervisión de los trabajos durante su desarrollo corrió a cargo presuntamente de Isabel Gallego, su jefa de prensa. El fiscal sí pide procesar a estos dos subordinados de la exdirigente del PP: Sarasola y Gallego.

“El contenido de los trabajos realzados era únicamente y exclusivamente en beneficio de Aguirre, pues se efectuaron campañas para contrarrestar noticias negativas”, admite el fiscal, que prosigue: “[Pero] no existe, más allá de los propios trabajos, indicio alguno de que [Aguirre] se concertase para su ejecución. Es más, si consideramos la prueba documental existente en las actuaciones, se pone de manifiesto que Aguirre nunca se ocupó de forma directa o personal de sus redes sociales, así siempre hubo una persona encargada de tales fines, lo que ofrece el indicio de que la misma no era conocedora ni de sus contenidos ni de su forma de contratación”.

Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad, fue una de sus “responsables de redes”, según destaca el ministerio público, que añade sobre ella: “No solo conocía a Alejandro De Pedro, sino que también mantenía relación profesional con él”. Ayuso nunca ha sido imputada en esta causa.