La condena a cuatro trabajadores de Adif cierra el enjuiciamiento de una macrotrama de sobornos a funcionarios

El caso Madeja, sobre la trama de sobornos a funcionarios y altos cargos diseñada por la empresa sevillana Fitonovo, se cierra con cuatro nuevos condenados a cárcel. La Audiencia Nacional ha castigado con penas mínimas —que no superan los tres años de prisión— a tres antiguos directivos y un técnico de la sociedad pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) por participar en el amaño de contratos a favor de la compañía andaluza, que les pagó cientos de miles de euros y les dio regalos durante una década. Con esta sentencia, emitida el 23 de febrero tras alcanzar los 14 procesados un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el tribunal acaba con el enjuiciamiento de las siete piezas de esta macrocausa, que se ha saldado con 36 condenados y más de medio centenar de absueltos.

Este último fallo de la Audiencia Nacional, cuya ponencia ha corrido a cargo de la magistrada Adoración María Riera, se ha centrado en la red de sobornos gestada en torno a Adif. El tribunal considera probado que Fitonovo creó una “trama societaria” delictiva, que funcionaba “en paralelo a una actividad comercial legal” y con la que “acaparó contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público”. La compañía hispalense, que llegó a contar con su propia caja b, se introdujo así en administraciones de todos los niveles (“tanto estatales, como autonómicas y locales”); compró a un “elevado número de funcionarios y autoridades” durante al menos 15 años (desde 1995); y desplegó su actividad por un “amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.

Esta dinámica permitió a Fitonovo desembarcar en Adif. La empresa sevillana “se dedicó a entregar dádivas y regalos, y a hacer pagos en metálico a distintos responsables” de la sociedad pública, según incide la sentencia, que detalla los altos importes entregados a los cuatro condenados a cárcel: más de un millón de euros a Enrique José Finch, antiguo director de Operaciones e Ingeniería de Red Comercial (penado con tres años menos un día de prisión); más de 400.000 euros a Antonio Rodríguez Jurado, ex directivo de Adif Sevilla (castigado a dos años y 6 meses); más de 100.000 euros a José Antonio García Pascual, exgerente del Área de Mantenimiento de Infraestructuras de Zaragoza (un año menos un día de cárcel); y más de 22.000 euros a Luis Mata, técnico de infraestructuras (14 meses de prisión).

A la hora de imponer las penas, en consonancia con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el tribunal ha valorado las atenuantes de confesión y de dilaciones indebidas: “Han transcurrido, desde la apertura de las diligencias previas y hasta la fecha del inicio de las sesiones, más de ocho años”, dice el fallo. A los otros diez acusados se les absuelve por la prescripción de los delitos.

Delitos prescritos

El enjuiciamiento del caso Madeja acaba así con la imposición de penas mínimas y decenas de absoluciones (incluidas las de PSOE e IU, que fueron acusados como personas jurídicas en una de las líneas de investigación, aunque su implicación se descartó al no considerarla probada). A ninguno de los 36 condenados se le ha castigado a más de tres años de cárcel, tras sucederse los pactos con la Fiscalía para rebajar condenas, además de considerarse que multitud de delitos han prescrito y aplicarse atenuantes.

El caso Madeja son unas pesquisas iniciadas hace casi una década, cuando la investigación sobre irregularidades en la empresa semipública Mercasevilla —una causa dirigida por la magistrada Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE andaluces— condujo hasta la trama urdida alrededor de Fitonovo. El caso acabó finalmente en la Audiencia Nacional en 2015. Y, en 2019, el juez instructor José de la Mata envió al banquillo a 88 personas vinculadas a las siete líneas de investigación en las que se dividió.