De la Mata envía a juicio a PSOE e IU por lucrarse en una trama de corrupción

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió ayer juicio oral a 88 personas por su implicación en el caso Madeja, una trama de amaño de contratos a favor de la consultora sevillana Fitonovo, que actuó durante lustros en una docena de provincias. En el banquillo se sentarán directivos de la empresa y cargos públicos, funcionarios y técnicos a los que presuntamente sobornaron. El magistrado atribuye a PSOE e IU la condición de partícipes a título lucrativo, la misma figura del PP en el caso Gürtel, por la actuación de varios de sus concejales.

La figura de partícipe a título lucrativo describe a la persona —física o jurídica— que se beneficia del fruto de un delito sin tener conciencia de su origen ilícito. En este caso, el juez De la Mata concluye que PSOE e IU, que gobernaban en coalición en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2007 y 2011, se beneficiaron “de la conducta delictiva amañada por las personas investigadas”, en referencia de varios de sus concejales que se sentarán en el banquillo. Dicha actuación reportó a ambas formaciones 159.839 y 155.000 euros respectivamente.

En el auto por el que envía a juicio la pieza referida al consistorio de la capital andaluza —una de las ocho de la que constaba el sumario—, el magistrado detalla que el que fuera teniente de alcalde y portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el también edil de la formación José Manuel García —ambos en el equipo de Gobierno del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín— y el militante del partido Antonio Miguel Ruiz recibieron de responsables de Fitonovo dinero a cambio de la supuesta adjudicación irregular del contrato para la instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol municipales. Uno de los directivos de la sociedad que participó en los amaños detalló ante el juez que entregó a la formación 70.000 euros “en una caja de zapatos”.

En el caso del PSOE, los acusados son el concejal Manuel Gómez Lobo y el que fuera asesor socialista en el consistorio Domingo Enrique Castaño. El juez considera que ambos consiguieron que Fitonovo asumiera el coste de las obras de acondicionamiento del local de una agrupación del PSOE. Directivos de la empresa también entregaban diferentes cantidades de dinero en efectivo a Gómez Lobo en los encuentros que mantenían con carácter mensual en una marisquería de Sevilla.

En el auto, el magistrado detalla que Castaño Gallego también se benefició personalmente de dádivas por su participación en los amaños. El auto detalla la entrega de siete teléfonos móviles, un vehículo y el pago de obras en un chalé de su propiedad. A cambio, ambos políticos participaron activamente en “la adjudicación creciente de contratos” a Fitonovo por parte del Ayuntamiento de Sevilla para la conservación de parques infantiles por toda la ciudad.

El consistorio de la capital andaluza fue solo una de las Administraciones Públicas afectadas por las actividades de la trama corrupta, que comenzó a operar en 1995 y acudió “sistemáticamente a prácticas corruptas” hasta 2013, cuando la Guardia Civil realizó las primeras detenciones de los integrantes de la trama. El juez destaca que durante todos estos años, Fitonovo fue creando “una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares”. El fraude se extendía a la ejecución de los trabajados, ya que incumplían sistemáticamente el alcance de los mismos.

Como complemento, la trama creó “una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios”, a los que recompensaban con dinero en efectivo, regalos u obras en sus casas. En la cúspide la red, los investigadores sitúan al fundador de la empresa sevillana, Rafael González Palomo, y a su hijo José Antonio González Baro, que asumió la dirección de la empresa en 2011.

Durante 18 años

En los 18 años de actividad, la trama extendió su actividad a Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona Extremadura y Canarias. Las administraciones públicas afectadas fueron ayuntamientos, diputaciones, consejerías de gobiernos autonómos, cabildos insulares y delegaciones territoriales del Ministerio de Fomento, así como la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), uno de cuyos directivos, Enrique José Finch, supuestamente recibió más de un millón de euros. El juez concluye que “la obtención fraudulenta de contratos” terminó convirtiéndose en el “elemento nuclear de la actividad de la empresa” que creó para ello todo un entramado societario dedicado a ocultar y blanquear los beneficios obtenidos y simular concurrencias ficticias en los concursos públicos que amañaban.