La corrupción intermedia del ‘caso Fitonovo’, a juicio

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido este viernes la investigación del caso Fitonovo o Madeja, el gran “caso testigo” de la corrupción de técnicos y funcionarios de escala intermedia, y ha dictado el procesamiento de 66 personas en cinco piezas separadas. La causa afecta principalmente a ayuntamientos, diputaciones y delegaciones territoriales del Ministerio de Fomento en Andalucía, aunque también se extiende a otras regiones de España como Canarias y Extremadura.

La trama corrupta se centra en la consultora medioambiental Fitonovo, cuyos directivos supuestamente obtenían contratos públicos gracias a una red de funcionarios a los que sobornaban de manera continuada con fondos de una caja b que generaron con facturas falsas. En la primera pieza, los sobornos de mayor cuantía los percibieron el ingeniero de la demarcación de carreteras de Fomento en Huelva Alfonso Martín Barroso y el jefe de servicio de Movilidad de la Diputación de Sevilla Carlos Manuel Podio Lora. El primero recibió de Fitonovo, según los autos, 67.336 euros entre 2003 y 2008 por supuestamente certificar trabajos no realizados por la empresa. El segundo se benefició de regalos y trabajos en su finca por valor de 111.882 euros, de acuerdo con el juez De la Mata. La suma total de los sobornos de los 12 imputados en esta pieza asciende a 254.000 euros.

La segunda pieza tiene como escenario el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz). Los directivos de Fitonovo, encabezados por José Antonio González Baron, entregaron supuestamente 279.360 euros entre febrero de 2010 y septiembre de 2011 al concejal de Urbanismo y posterior alcalde Diego Tomás Sánchez Rull, del PSOE. A cambio, obtuvieron el contrato para construir y explotar un polideportivo en la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla ocupa la tercera pieza. Fitonovo supuestamente pagó al director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño 303.000 euros por el concurso de los riegos del Parque de María Luisa, uno de los más importantes de la ciudad, en 2005. La empresa también ganó tres lotes de un macrocontrato de 48 millones de euros de mantenimiento de parques y jardines de la capital de Andalucía. Entre las contraprestaciones figuran la realización de obras en la Agrupación Local Macarena del PSOE, por 6,839 euros, y el pago de 155.000 a Izquierda Unida tras la adjudicación 11 contratos para instalar césped artificial en campos de fútbol, siendo primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

La cuarta fase afecta a funcionarios del ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El director de Operaciones y gerente de mantenimiento de Córdoba, Enrique José Finch, obtuvo unos sobornos entre 2003 y 2012 por 1,03 millones de euros por favorecer un macrocontrato de prevención de incendios en las líneas convencionales y de alta velocidad. Su compañero José Antonio García Pascual, de Zaragoza, percibió otros 100.400 euros por facilitar contratos de Fitonovo, según la investigación. Otro gerente de mantenimiento, Antonio Rodríguez Jurado, de Sevilla supuestamente obtuvo 428.000 euros por el mismo concepto.

La quinta y última pieza corresponde al Gobierno de Canarias, a la Junta de Extremadura y a la Junta de Andalucía. En las islas, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín percibió supuestamente 24.000 euros. En Extremadura, el jefe de conservación de Carreteras José María Pizarro obtuvo comisiones por 66.050 euros. En Andalucía, el funcionario de la Consejería de Fomento de la Junta Francisco Cazorla firmó, según la investigación, certificaciones por obras de poda en la autovía A-92, que cruza la comunidad de este a oeste y se llevó pagos por valor de 44.362 euros.

De la Mata recuerda que los directivos de Fitonovo y los funcionarios supuestamente corruptos causaron un “grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas” públicas. También vulneraron el “orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".