Fitonovo instaló gratis y sin concurso un parque infantil a la Guardia Civil

La empresa Fitonovo, protagonista del caso Madeja,instaló un parque infantil en la comandancia de Montequinto de la Guardia Civil en Sevilla, una obra de 150.000 euros que realizó gratis y sin que mediara concurso público, a pesar de estar realizada en terrenos públicos adscritos al Ministerio del Interior. Esta irregularidad, incluida en el sumario de la causa entregado a las partes la semana pasada, fue revelada por el dueño de Fitonovo, José Antonio González, ante la juez Mercedes Alaya y el fiscal del caso, Federico Buero, pero un año después no hay constancia de que se haya investigado y ninguno de los responsables están imputados.

La paradoja es considerable. La Guardia Civil investiga desde hace casi dos años a Fitonovo, a la que tilda de “organización criminal” por la red de sobornos que puso en práctica para contratar con las Administraciones. Pues bien, dicha empresa benefició a la propia Guardia Civil con un parque infantil para que los niños de los agentes jugaran en columpios remozados entre 2011 y 2012. ¿Cómo llegó Fitonovo a trabajar de manera altruista para el Instituto Armado? A través del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP.

El edil Gregorio Serrano derivó al empresario a la comandancia

Este martes tanto la Guardia Civil como el Consistorio se echaron la pelota sobre la patata caliente que nadie quiere asumir. Los hechos trascendieron hace un año cuando el empresario declaró en el juzgado. Sin embargo, como la transcripción de su declaración (que el acusado sólo firmó en la última página) excluyó este relato, González trasladó los hechos a la Audiencia en un recurso: “El único contacto que tuve con algún político y/o funcionario antes del macrocontrato de 2012 (...) fue a instancias (...) del entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Gregorio Serrano y del general o autoridad que aparentemente mandaba en dicho cuartel”. El empresario desveló que accedió a construir la infraestructura “para congraciarse con el nuevo equipo de gobierno” dirigido por Zoido. “Me pidieron [Serrano y el general] en un almuerzo que tuvo lugar dentro del propio cuartel que construyera un parque infantil para los familiares de guardias que allí viven, a lo que accedí, sin que existiera ni concurso ni licitación alguna, coste que nunca fue abonado ni por la Guardia Civil ni por el Ayuntamiento”. El imputado precisaba que el relato suponía “cierta autoinculpación” y que contaba esto a la investigación “para aclarar los hechos, delictivos o no, y para asumir en su caso, las consecuencias de los mismos”, y sobre los que “la instructora no había preguntado”.

Serrano, actual concejal de Empleo, derivó este martes la responsabilidad en el Instituto Armado. El edil asegura que solo recomendó a González que acudiera a la Guardia Civil. “Le dije que tenía allí ese potencial cliente y que se acercara a ver qué podía hacer por ellos, pero desconozco que ocurrió, si hizo el trabajo, si lo cobró, si era de 150.000 o de 1.000 euros”, comentó el concejal, que añadió: “Había visto un pequeño terreno de albero que hacía falta que fuera transformado con césped para los niños de la Guardia Civil”. El concejal aseguró también: “Se lo comenté, algo que no tiene trascendencia pero visto en ese contexto ahora parece que sí la tiene”.

Alaya evita indagar la vía que abrió uno de los implicados en el ‘caso Madeja’

Mientras, la Guardia Civil echó balones fuera con una explicación enfrentada por completo a la versión del Ayuntamiento. “Nosotros en ningún momento contactamos con ninguna empresa. Se contactó con el Ayuntamiento y el Ayuntamiento solicitó la historia. El Ayuntamiento envió a los técnicos de la empresa, que observaron el estado del parque y un día vinieron para la rehabilitación de un parque infantil ya existente”, aseguró este martes un portavoz de la Guardia Civil. Sin embargo, esta versión choca con el hecho de que los terrenos de la comandancia son patrimonio del Estado, adscrito al Ministerio del Interior, el órgano que en teoría debería haber licitado el concurso preceptivo, según fuentes del caso.

Dicho portavoz del Instituto Armado negó la existencia del almuerzo en la comandancia de Montequinto para despejar el asunto, comida descrita por el empresario con el general o autoridad de la comandancia. El coronel Juan Roldán estaba al mando de Montequinto.

Fuentes de la fiscalía matizaron este martes que los hechos pueden ser revisados en cualquier momento dado que la instrucción permanece abierta, para así determinar si ha existido delito. En tal caso, sería la Unidad Central Operativa (UCO) encargada del caso, la que interrogaría al concejal y a los mandos de su propio cuerpo para analizar el extraño asunto.

Por su parte, Zoido matizó este martes que ha pedido un acto de conciliación previo a interponer una querella contra el funcionario Francisco Amores. La razón es que en un pinchazo telefónico Amores afirmó que tenía documentos que pueden perjudicar al alcalde, y que mantiene en la caja de seguridad de un banco. Cuando fue preguntado al respecto, Amores se retractó sobre la existencia de dichos documentos supuestamente comprometedores para el regidor popular.