Operación Madeja: “Las comisiones eran una estrategia cardinal”

La última operación policial contra la corrupción tiene una letra pequeña que revela todo un abanico de sobornos. La red de altos funcionarios y políticos a los que la empresa sevillana Fitonovo pagó comisiones por todo el país para supuestamente amañar contratos públicos demuestra cómo las mordidas oscilaron entre lo desmesurado y lo ridículo. Entre el millón de euros abonado al directivo de la empresa pública Adif Enrique José Finch y el regalo de un cable digital óptico de 14 euros para el jefe de servicio de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz. 

La firma desplegó una estrategia que le llevó a pagar mordidas ilegales por 1,8 millones a una veintena de cargos situados en puestos clave de las Administraciones (Ministerio de Fomento, Diputaciones y Ayuntamientos) durante una década (2003-2012), según los investigadores. El dinero abría las puertas sin engrasar para Fitonovo.

“Las comisiones eran una de las estrategias cardinales de la empresa Fitonovo para articular el pago de cohechos y defraudar a la Administración, (algo) que además ha sido una práctica permanente”, señala la juez Mercedes Alaya en el auto de prisión del director comercial de la compañía, Juan Andrés Brugueras, primer encarcelado en la Operación Enredadera en la noche del martes. Del total de 32 detenidos por la Guardia Civil, 22 quedaron en libertad y este martes declararon seis imputados ante la juez.

Tras 15 meses de pinchazos telefónicos y análisis de transferencias bancarias, la instructora del caso detalla “las mordidas” —denominación textual de un detenido en un correo electrónico— supuestamente pagadas por Fitonovo para lograr contratos públicos: sobornos, transferencias de dinero o regalos. “Una actuación coordinada entre la empresa y los funcionarios para corromper el mercado y las arcas públicas en beneficio de dicha entidad”, concluye Alaya.

Junto a los ingresos a Finch, directivo de Adif en Córdoba, destacan por su volumen los abonos al directivo de Adif en Sevilla Antonio Rodríguez Jurado por 418.191 euros y los pagos al gerente del área de mantenimiento de Adif en Zaragoza José Antonio García, por un total de 100.400 euros entre 2003 y 2009. En el extremo opuesto el jefe de servicio de la Diputación de Jaén Miguel Ángel Cruz recibió como regalo un producto informático valorado en 68 euros, un lápiz USB por 89 euros y un pocket PC de 680 euros. Mientras, el jefe de servicio de carreteras en la Junta José María López se ahorró el alojamiento en un hotel de lujo por 377 euros, recibió botellas de Brut por 166 euros, regalos de joyería por 10.000 euros, y un viaje a Panamá valorado en 3.000 euros, según los agentes. Francisco Diego Cónsul de Adif Barcelona recibió abonos por 2.500 euros.

La magistrada detalla una veintena de pagos en efectivo y regalos como videocámaras, que los comerciales de Fitonovo supuestamente entregaron en distintas comunidades autónomas para lograr los contratos en las Administraciones. “Se ha evidenciado múltiples retiradas de dinero en efectivo para el pago a funcionarios y de instrucciones impartidas a los comerciales a su cargo [de Brugueras], para el logro de contratos públicos”, resume el auto.

El primer pago destapado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se remonta a 1997, cuando entregaron a un funcionario de Renfe en Jaén 911.000 pesetas, tal y como refleja un recibo firmado por Brugueras hallado en el disco duro Hitachi intervenido en el registro de la sede social de Fiverde, una filial de Fitonovo.

La estrategia de Fitonovo pasaba por presentar empresas de relleno que estaban controladas por la propia Fitonovo, y así asegurarse la adjudicación de los contratos de manera fraudulenta y despejar dudas. A un concurso de desbroce de la Junta de Extremadura se presentaron Fiverde, Conversa y Fitonovo, “tratándose pues de articular una concurrencia ficticia para garantizar la adjudicación a Fitonovo (…) las tres empresas actuaban en unidad de dirección”, concluye la juez. A cambio del concurso amañado, el funcionario de la Junta de Extremadura José María Pizarro recibía “comisiones periódicas” por parte de Fitonovo.

Los investigadores han hallado incluso el acta de una reunión de la dirección de la empresa celebrada en 2008 en la que se acuerda la retribución a un funcionario de Adif (el 4% del contrato) que se compensaría por la empresa con la no ejecución de los trabajos incluidos en el contrato público en determinados tramos. Es decir, la Administración haría la vista gorda para ahorrar a Fitonovo trabajos que por contrato debía elaborar. Asimismo, la Guardia Civil subraya cómo la firma sevillana llegó a acuerdos fraudulentos con la entidad Seanto para pactar y repartirse contratos entre esta firma y Fitonovo.

Alaya subraya la precisión del informe de la UCO sobre los indicios recabados: “El informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionario públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos”. A continuación, la instructora destaca cómo las pruebas contra los detenidos, obtenidas en los registros y mediante pinchazos telefónicos, son concluyentes: “Todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidos y consistentes”.