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Alaya envía el ‘caso Madeja’ y sus 88 imputados a la Audiencia Nacional

La juez remite el sumario, con sobornos por 4,3 millones, dado que afecta a 12 provincias de Cataluña, Madrid, Aragón, Extremadura, Canarias y Andalucía

Agentes de la Guardia Civil, en uno de los últimos registros del caso Madeja, el pasado noviembre. Ampliar foto
Agentes de la Guardia Civil, en uno de los últimos registros del caso Madeja, el pasado noviembre.

La juez Mercedes Alaya ha decidido remitir a la Audiencia Nacional el sumario del caso Madeja, que acumula 88 imputados -40 de ellos funcionarios- y que incluye comisiones ilegales por 4,3 millones a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La magistrada acusa a la empresa Fitonovo, radicada en Sevilla y que supuestamente repartió sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". Alaya eleva el sumario a la Audiencia Nacional, tras solicitarlo el fiscal, porque este afecta a funcionarios de organismos como el Ministerio de Fomento y las sedes de Adif en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, así como Diputaciones y Ayuntamientos de Andalucía, Canarias y Extremadura.

La magistrada se desprende así de una de las seis grandes causas que instruye, justo antes de ceder la titularidad a la juez María Ángeles Núñez. Esta semana es la última al frente del juzgado de Alaya, que a partir de ahora está condicionada al reparto que decida Núñez. Permanecen vivo en el juzgado el caso ERE, los cursos de formación, los avales a las empresas, y están finalizadas las instrucciones de Mercasevilla, caso Madeja, y el caso Betis.

Alaya subraya cómo Fitonovo configuró presuntamente una caja B para disponer de los sobornos que se nutría de facturas falsas proporcionadas por terceras empresas. La constructora sevillana tejió por todo el país, según la juez, una red de funcionarios sobornados compuesta por 40 miembros, que incurrió en una decena de delitos: cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. En su auto de inhibición, Alaya subraya "la grave repercusión  en la seguridad del tráfico mercantil, tanto por su extensión geográfica,abarcando múltiples Administraciones, como por su continuidad en el tiempo, y por el número de personas implicadas en esta trama".

De este modo, Alaya remite las actuaciones a la Audiencia Nacional, después de que el fiscal argumentara que "el fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la fiscalía a la competencia a los Juzgados Centrales de Instrucción".

La magistrada sitúa en el centro de la trama a los directivos de Fitonovo, hoy en concurso de acreedores, Rafael y José Antonio González (padre e hijo), Juan Andrés Brugueras y Ángel Manuel Macedo.

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