La Audiencia Nacional investigará la red de sobornos del ‘caso Madeja’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investigará la red de sobornos del caso Madeja, la causa de corrupción destapada por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, y que incluye el pago de 4,3 millones de sobornos a funcionarios de distintas administraciones a cambio de contratos públicos. De la Mata ha aceptado la causa después de que la juez Alaya se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional al afectar la investigación a doce provincias. La causa acumula 96 imputados, entre ellos 40 funcionarios de organismos como el Ministerio de Fomento y las sedes del ente público Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, así como Diputaciones y Ayuntamientos de Andalucía, Canarias y Extremadura.

La investigación se centra en la empresa Fitonovo SL, la cual, según el juez De la Mata, tenía una "actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos público2". Esta sociedad, dedicada a los servicios mediambientales, "creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación". También creó supuestamente "una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".

El juez asegura que los imputados "crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se había ocupado de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos". Esta actividad causó, según De la Mata "un grave daño al interés público". La trama pervirtió "numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas, del interés público en una adecuada prestación de los servicios". También se produjo "un grave daño al orden socioeconómico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama".

La red estaba encanbezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael González Palomo; su hijo, José Antonio González Baró, que asumió el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, Ángel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andrés Brugueras. Los cuatro constituyeron "una organización criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de "dádivas" en forma de dinero y regalos como móviles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma o la limpieza de viviendas.

Entre los imputados se encuentran antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona

Entre los cargos públicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que supuestamente percibió 155.000 euros para la formación -70.000 de ellos en una caja de zapatos— a cambio de la instalación de césped artificial en once campos de fútbol en la ciudad. También están imputados los exportavoces municipales de la coalición en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García.

También se investiga al exconcejal de Vía Pública de la capital hispalense Manuel Gómez Lobo (PSOE), que pidió como compensación a una adjudicación la remodelación de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (Cádiz) Tomás Herrera y Diego Tomás Sánchez, también socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Jaén) Cristóbal Pérez Martínez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, la Jefatura de Conservación de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, Córdoba y Jaén, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos que se investigan constituyen delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupción entre particulares, asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y fraude a la Seguridad Social, así como prevaricación, malversación, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias y falsedades documentales, con "carácter instrumental como medio para la comisión de otros delitos", afirma el magistrado.