Penas mínimas y decenas de absoluciones para una macrotrama de sobornos a funcionarios

Desde un polígono industrial de Salteras, un pueblo sevillano de poco más de 5.000 habitantes, un empresario y su hijo levantaron un imperio del soborno. Ambos, en torno a la compañía Fitonovo y con ayuda de otros directivos, erigieron un auténtico grupo criminal que pagó, durante al menos 15 años, mordidas a toda una red de funcionarios que colaboraba con ellos. También, según considera probado la Audiencia Nacional, traficaron con información privilegiada, falsearon facturas, amañaron contratos públicos para adjudicárselos, diseñaron una infraestructura contable opaca y una caja b, entregaron regalos y dinero en efectivo a autoridades locales… Pero esta trama con tentáculos en seis comunidades y en administraciones de todos los niveles, una vez llegada a juicio, se está saldando con penas mínimas a los implicados y decenas de absoluciones.

Un apabullante chorreo de pactos con la Fiscalía para rebajar condenas, multitud de delitos prescritos y dilaciones indebidas marcan el enjuiciamiento de estas pesquisas iniciadas hace casi una década, cuando la mediática magistrada Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE andaluces, empezó a tirar en la capital hispalense de un hilo que la llevaría hasta una enrevesada madeja. La investigación que tenía abierta sobre irregularidades en la empresa semipública Mercasevilla la condujo hasta Fitonovo. El caso, que se bautizó para más inri como Operación Madeja, acabó finalmente en la Audiencia Nacional en 2015, que envió en 2019 al banquillo a 88 personas vinculadas a las siete líneas de investigación en las que se dividió.

Tres años después, con cuatro de ellas ya juzgadas y otras dos inmersas en plena vista oral, el saldo resulta clarificador: se ha condenado a 22 personas, ninguna a más de tres años de cárcel (a las que se deberían sumar otras 10 que ya han confirmado ante el tribunal su pacto con el ministerio público); y se ha absuelto a 34 procesados.

La Audiencia Nacional, en línea con la Fiscalía, ha aplicado varios atenuantes a los implicados, como el de dilaciones indebidas por los retrasos en el proceso. Los magistrados explican que todo se “ralentizó” en 2015, cuando la causa llegó a este órgano y la instrucción acabó dividida en siete piezas. “Han transcurrido, desde la apertura de las diligencias previas, ocho años y seis meses”, destacó en marzo el tribunal que juzgó dos partes de la investigación. Además, para rebajar las penas impuestas tras pactar con el ministerio público, se han apreciado igualmente atenuantes de confesión y de reparación del daño (al haber depositado el dinero exigido como responsabilidad civil).

La “organización criminal”. El 18 de enero de 2022 comenzó la vista más multitudinaria del caso Madeja. La Sección Primera de la Sala de lo Penal enjuiciaba dos piezas del sumario —la principal, con los cabecillas de Fitonovo como grandes señalados por formar una “organización criminal”, un hecho que quedó probado, y la parte centrada en su relación con otras tres compañías—. Por ambas, el juez instructor José de la Mata había enviado al banquillo a 37 personas. Sin embargo, la jornada comenzó con una inhabitual escena: la Fiscalía retiró la acusación contra 12 procesados al considerar prescritos diversos delitos de cohecho y falsedad documental, por lo que estos fueron abandonando el tribunal a medida que se adelantaba su absolución.

Pero el juicio también quedó marcado desde el primer día por los pactos con la Fiscalía. Según la sentencia, se sellaron acuerdos de conformidad con 34 personas —algunos de los cuales implicaron la retirada total de la acusación—. Entre los beneficiados se encuentran el fundador de Fitonovo (Rafael González Palomo) y su hijo (José Antonio González Baró), así como el adjunto a la dirección (Ángel Manuel Macedo Gajete) y el director comercial (Juan Andrés Brugueras Foye). Estos cuatro, para quienes se pedían inicialmente casi 20 años de reclusión, vieron cómo las penas solicitadas por el ministerio público se reducían drásticamente y oscilaron finalmente de los 23 a los 36 meses de cárcel. A su vez, una decena de empresarios que colaboró en la facturación falsa pactó un castigo de solo ocho meses de prisión.

El primer juicio. Antes de que los cabecillas se sentaran en el banquillo a inicios de 2022, ya se había celebrado la primera vista oral contra la trama, que avanzó el camino que ha tomado el proceso. Ese juicio se saldó en noviembre de 2020 con la condena de solo tres personas de las nueve acusadas —a penas que van de seis meses a tres años de cárcel al aplicar el atenuante de dilaciones indebidas—. En esta parte se analizaban las mordidas recibidas por funcionarios del Cabildo de Lanzarote y de organismos de la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía. La Fiscalía retiró la acusación contra tres procesados y el tribunal consideró que habían prescrito los delitos atribuidos a otros tres.

Absolución total. La sentencia del tercer juicio de Madeja se encuentra fechada el 22 de julio de 2022 y acabó con la absolución de los 10 acusados. En esta parte de las pesquisas, la Audiencia Nacional consideró probado que se pagaron sobornos (miles de euros en efectivo y regalos, como coches y ordenadores) a trabajadores del Ministerio de Fomento y de las diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén para conseguir contratos y obras, como la construcción de Puntos Limpios o la instalación de varios parques geriátricos. Pero, tras llegar a un acuerdo con las defensas, la Fiscalía retiró la acusación contra siete acusados por prescripción de los delitos y el tribunal concluyó que no se habían acreditado los hechos atribuidos a los tres restantes.

‘Mordidas’ a PSOE e IU. La parte más política de la trama se está juzgando actualmente. Este octubre ha comenzado la vista oral sobre otras dos piezas del sumario: el pago de sobornos a funcionarios, concejales y asesores de los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras (Cádiz), que sientan en el banquillo al ex teniente de alcalde de la capital andaluza, Antonio Rodrigo Torrijos (IU); y al alcalde de la ciudad gaditana, Diego Sánchez Rull (PSOE). Ambos han rechazado un acuerdo con la Fiscalía, que implica reconocer los delitos. Sin embargo, sí han confesado otras 10 personas, incluido un exedil socialista, que han pactado penas de menos de un año de cárcel. El primer día del juicio, en el que también se acusa a PSOE e IU por beneficiarse de la trama, el ministerio público salvó a otro procesado por prescripción.

Una vez que concluya esta vista y se dicte sentencia, solo quedará por juzgar una última parte del sumario, que versa sobre pagos a trabajadores de Adif y en la que se acusa a 15 personas.