La sentencia del ‘caso de los ERE’: lea la condena del Tribunal Supremo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán (PDF)
Aquí puede consultar y descargar el texto íntegro de la sentencia y de los votos particulares de la llamada pieza política del caso, que ocupan 1.205 páginas
![El País](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0b9a52b8-006a-4382-938a-05e3d58f07cf.png?auth=d7a4bd5f610bf92a4f1d3b8bd39266a940bc685b735267a60e73646c6f66a05c&width=100&height=100&smart=true)
![Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MQVRHAGOYAZTJVORGENY6LHXKY.jpg?auth=0fa3c86ea50edda12ca3ca54cdfe19cd254bf9e5d2faab8e59467a9128e32652&width=414)
La Sala II del Tribunal Supremo ha hecho pública este miércoles la sentencia del llamado caso de los ERE de Andalucía, en la que ratifica las condenas impuestas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación) y José Antonio Griñán (seis años de cárcel por prevaricación y malversación) por permitir, durante cerca de una década, un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales. Cincuenta días después de anunciar el fallo, el alto tribunal ha divulgado tanto el cuerpo de la sentencia como los votos particulares. La resolución sobre los ERE, unas prestaciones que día de hoy se siguen pagando, salió adelante por la mínima. Tres de los cinco jueces la han apoyado: Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres (ponente) y Carmen Lamela, considerados de tendencia conservadora —los dos primeros son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)—. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, enmarcadas en el sector progresista (pertenecen a Juezas y Jueces para la Democracia), firman el voto particular. La sentencia asegura que Griñán tuvo la posibilidad de evitar la malversación y argumenta que los dos expresidentes crearon el sistema de pagos para “evitar todo control administrativo”.
Aquí puede leer o descargar la sentencia de la parte política del llamado caso de los ERE. Si no puede verla, pinche aquí
Otros ocho ex altos cargos de la Administración regional deberán entrar en prisión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (penado con 7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Economía (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez, ex director general de Trabajo (al que se reduce el castigo a 3 años de encierro); y Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA/IDEA (6 años y 6 meses). La Audiencia de Sevilla condenó igualmente a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a 7 años y 11 meses de cárcel, pero falleció en 2020. La lista de condenados, pero solo a inhabilitación, la completan Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento; José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA. El Supremo ha decidido absolver a tres ex secretarios generales técnicos de Empleo (Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina), castigados a inhabilitación por la Audiencia de Sevilla. La familia de Griñán ha pedido el indulto.
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