Claves de la trama | ¿Cómo funcionaba el fondo de los ERE? ¿Qué impacto político tuvo el fraude?

Cinco grandes cuestiones del caso de los ERE que ha desembocado en la condena a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y numerosos altos cargos

Desde la izquierda, los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, en la sala de la Audiencia de Sevilla en 2019.
Desde la izquierda, los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, en la sala de la Audiencia de Sevilla en 2019.José Manuel Vidal

1. ¿En qué consistió el fondo de los ERE?

La Junta de Andalucía instauró en el año 2000 un fondo para empresas en crisis dotado con 680 millones de euros hasta 2009. La partida presupuestaria buscaba solucionar de manera ágil las graves crisis industriales que sufría la comunidad, con despidos masivos, mediante las subvenciones a los ERE de las grandes empresas para pagar las prejubilaciones de 6.328 trabajadores. Al margen de los ERE, un 15% de la partida se dedicó a ayudas directas a empresas afines al PSOE.

Para la concesión de ayudas, el Gobierno recurrió a las transferencias de financiación, un traspaso de fondos desde la Consejería de Empleo a la agencia Idea, que finalmente pagaba los ERE. Este mecanismo de abono —cuestionado ya en 2003 por la Intervención General de la Junta— produjo disfunciones que se agravaron con el paso del tiempo: aparecieron intrusos —personas prejubiladas y ajenas a las empresas, en su mayoría amigos y enchufados del partido socialista—, se pagaron comisiones a las consultoras de hasta el 25% del coste de los expedientes y del 1% a las corredurías de los sindicatos UGT y CC OO.

La cuantía del fondo se ha situado entre los 680 y los 800 millones, en función de los años contabilizados, pero lo cierto es que la Junta seguirá pagando el fondo hasta 2025 con un coste final de 1.306 millones, con una media de 206.000 euros por trabajador prejubilado.

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2. ¿Cómo surgió el caso y qué desarrollo ha tenido?

En 2009, dos empresarios grabaron de manera oculta a los directivos de la lonja Mercasevilla que intentaron extorsionarles, y ahí surgió el caso Mercasevilla. Dos años después, en la investigación del ERE de esta empresa pública varios intrusos fueron descubiertos y eso hizo ampliar las pesquisas al resto de expedientes subvencionados por la Junta: nacía entonces el caso de los ERE fraudulentos.

En 2011, la jueza Mercedes Alaya le dio un fuerte impulso al caso, apoyada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —tras un accidentado inicio con la Policía Nacional— y con sucesivos enfrentamientos con la Fiscalía Anticorrupción. La causa fue creciendo en número de piezas e imputados hasta alcanzar 507 personas investigadas. Buena muestra de su complejidad es que en 10 años ha tenido seis jueces instructores.

La macrocausa es hoy un mastodonte que avanza a paso muy lento: tiene 97 piezas en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla (76 en plena investigación y 21 en fase intermedia) y 42 elevadas a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, de las que cinco han sido ya sentenciadas, aunque sin fallo firme.

3. ¿Qué efecto político ha tenido el caso?

La macrocausa supuso un tremendo mazazo para el PSOE andaluz a medida que la corrupción incrustada en la Consejería de Empleo iba conociéndose y se sumaban nuevos cargos imputados de otras consejerías, exconsejeros, el vicepresidente Gaspar Zarrías y los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Las noticias judiciales y policiales que provocó el caso —sobre todo entre 2011 y 2015— dejaron una resaca que contribuyó a minar el prestigio de los socialistas, ligarles a la corrupción y desbancarles en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, tras 36 años en el poder de manera ininterrumpida.

4. ¿Cuáles han sido las tesis opuestas sobre los hechos?

Las acusaciones y las defensas del caso ERE han tenido durante toda la causa posturas enfrentadas sobre la partida denominada 31L. La Fiscalía ha considerado que la cúpula de la Junta evitó con las subvenciones públicas la fiscalización de la Intervención, “que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas”. Los fiscales han achacado a los ex altos cargos que debían conocer las irregularidades detectadas por los interventores ya en 2003, pero que las habían permitido para mantener “la paz social” a través de “un entramado administrativo” que les permitió repartir ayudas “sin control”, basado en las transferencias de financiación.

Las defensas han sostenido durante todo este tiempo que solo se desvió una pequeña cantidad de los 680 millones y que la tesis del contubernio desde la cúpula de la Junta eran solo conjeturas sin base factual. Los altos cargos han defendido que la partida 31L fue incluida año tras año durante una década en la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento, y, por tanto, una norma no puede ser ilegal. Los abogados han insistido en que no había pruebas sobre la concertación de políticos, que han considerado un pacto de silencio descabellado.

5. ¿Qué relevancia tiene la sentencia del Supremo y cómo afecta a la macrocausa?

El fallo de la pieza política es fundamental para el devenir de las otras 139 piezas, que acabarán en el alto tribunal tras los recursos respectivos. Será la referencia y el terreno de juego en el que se dilucidarán los juicios pendientes sobre el resto de subvenciones, que antes o después también contarán con el veredicto de los magistrados del Supremo. Su perspectiva sobre el fondo, y si este contó con una concertación al más alto nivel político, es decisiva.

La pieza política determinará, entre otras cuestiones, el principio por el que los políticos condenados no pueden estar en las piezas separadas de las ayudas (principalmente los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera), ya que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos. Pero su peso moral será incluso mayor, puesto que censura el mecanismo de pago que atraviesa toda la macrocausa y está presente en cada pieza. Previsiblemente, los abogados acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración de la presunción de inocencia, y habrá que ver entonces si una posible admisión suspende la entrada en prisión de algunos condenados, entre ellos Griñán.


Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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