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Alaya acusa al PSOE e IU de recibir sobornos en Sevilla desde Fitonovo

La juez sostiene que los partidos recibieron mordidas a cambio de contratos municipales

Rafael González, empresario Fitonovo, escoltado en los juzgados en 2013. Ampliar foto
Rafael González, empresario Fitonovo, escoltado en los juzgados en 2013.

El caso Madeja ha desvelado sus tripas después de año y medio de pesquisas. Y la juez Mercedes Alaya sitúa al PSOE e Izquierda Unida de Sevilla como ingredientes de una pésima digestión. La instructora acusa a ambos partidos de financiarse con sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de contratos municipales cuando ambos partidos gobernaron el Ayuntamiento de la capital andaluza (2003-2011). La magistrada achaca al partido socialista sevillano haber recibido mordidas mensuales entre 2006 y 2009 por cantidades que oscilaron entre 30.000 y 60.000 euros. Es decir, Alaya sitúa las supuestas comisiones ilegales del PSOE en una horquilla entre uno y dos millones de euros. Mientras, a su antiguo socio de gobierno le acusa de recibir un soborno de 155.000 euros. Y en Algeciras, Alaya acusa al PSOE de la localidad gaditana de financiarse con 279.360 euros en comisiones ilegales entre 2010 y 2011.

La instructora tilda a Fitonovo de “organización criminal” por pagar mordidas a altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla, entre ellos el exconcejal socialista Manuel López Cobos. Alaya hace partícipes de los graves cohechos a los exconcejales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García —que dimitió este viernes como portavoz—. Sin embargo, en sus imputaciones la juez no aporta pruebas que certifiquen cómo acabó el dinero en las arcas de los partidos ni tampoco la connivencia de los dirigentes de la coalición de izquierdas. Ambos han negado estar al tanto de los sobornos en sus comparecencias judiciales.

Tras 17 meses de investigación, Alaya levantó este viernes el secreto de sumario del caso Madeja y trasladó a las partes 7.512 folios con indicios que detallan cómo la firma Fitonovo penetró, a través de sobornos a políticos, altos funcionarios y técnicos, en Administraciones de todo el país (Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía y Extremadura, Cabildo de Gran Canaria, Diputaciones de Sevilla y Jaén, y Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras, La Carolina, etc).

La Guardia Civil halló en el verano de 2013 un archivo con la contabilidad B de Fitonovo, un tesoro repleto de indicios del que han tirado para detallar las mordidas, más de dos millones durante una década (2003-2012). Alaya destaca que el PSOE recibió supuestamente pagos ilegales de hasta 60.000 euros al mes durante tres años a través del exconcejal socialista de Vía Pública Manuel Gómez Lobo, quien se reunía con el dueño de Fitonovo, Rafael González, en una popular marisquería sevillana, Casa Marea. El dueño del restaurante, Antonio García, identificó ante la Guardia Civil al exteniente de alcalde Alfonso Rodríguez de Celis como un comensal que cada mes acompañaba a González, una acusación que De Celis ha desmentido de manera tajante.

Las claves

  • La juez Mercedes Alaya acusa al PSOE y a IU de Sevilla de financiarse con los sobornospagados por Fitonovo a cambio de adjudicaciones. Sin embargo, la instructora no aclara las pruebas que demuestran cómo el dinero acabó en las arcas de ambos partidos.
  • Según la magistrada, el PSOE de Sevilla habría recibido entre uno y dos millones de euros. El de Algeciras, 279.360 euros. Por su parte, las mordidas a IU sumaron 155.000 euros.
  • Entre los cargos políticos señalados por la instructora, se encuentran el exconcejal socialista Manuel López Cobos, los exp0rtavoces de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García; y el ex alto cargo de IU Antonio Miguel Ruiz.
  • Los investigadores señalan que Fitonovo pagó 4,4 millones desde su caja B para sueldos de empleados.

La instructora acusa al exedil Gómez Lobo de acordar con el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño exigir el dinero a Fitonovo a cambio de incrementar sus contratos en el Consistorio sevillano un 15%. En la imputación del exedil, Alaya precisa “que se abonó por Fitonovo al Partido Socialista en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros”.

En paralelo, Fitonovo realizó las obras de adecuación de la sede del PSOE en el distrito sevillano Macarena. “La facturación se realizaría, para maquillar la operación, a nombre de una empresa instrumental de Fitonovo, la entidad Klevin, para evitar que se apreciara la vinculación de estas obras con la adjudicación de contratos de mantenimiento a la entidad Fitonovo”, reza el auto de imputación de Gómez Lobo.

Junto al PSOE, la juez acusa a IU de recibir 155.000 euros en dos pagos ilegales, uno de 70.000 euros —entregado en una caja de zapatos— el 30 de marzo de 2010 y 85.000 euros el 18 de febrero de 2011. La supuesta mordida fue recibida por el ex alto cargo de la coalición de izquierdas Antonio Miguel Ruiz a cambio de 11 contratos para instalar césped artificial en 12 campos de fútbol de Sevilla por 6,9 millones.

Alaya estima que Ruiz actuó “siguiendo órdenes de sus superiores en el partido”, y ha imputado por cohecho y malversación a los dos últimos portavoces de IU en el Consistorio, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García. Alaya les acusa de “intervenir decisivamente” para que IU recibiera las comisiones ilegales, pero en su imputación no aporta indicios que prueben esta supuesta connivencia.

La instructora acusa a García de interventir “en connivencia con otros dirigentes como Rodrigo Torrijos” de recibir para IU “determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de contratos”. En su declaración, García alegó que cuando ejerció como concejal (entre 2008 y 2011) se siguieron en su delegación los “procedimientos legales establecidos” y para los contratos menores se invitaron al menos a tres empresas. El portavoz de IU hasta hoy matizó ante Alaya que cuando Fitonovo se alzó con 11 de los 12 proyectos de césped artificial temió que no tuviera capacidad para ejecutarlos, pero que finalmente los ejecutaron a tiempo.

Alaya acusa a Rodrigo Torrijos, entonces portavoz de IU en el Consistorio, de haber “intervenido decisivamente, como dirigente de Izquierda Unida, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a 11 campos de fútbol”. Rodrigo Torrijos negó “rotundamente” estar vinculado a los hechos que le describió Alaya en su comparecencia judicial el pasado lunes.

Mientras, los investigadores acusan a los dueños de Fitonovo de mantener una “constante facturación falsa de proveedores y acudir a ampliaciones de capital y constituir nuevas sociedades” con fines ilícitos. “Se habría movido un ingente capital opaco”, concluye la juez. La investigación subraya cómo gracias a las facturas falsas Fitonovo pagó 4,4 millones desde la caja B para sueldos a sus empleados, entre ellos al estadounidense Randy Sharberg, acusado de pagar en efectivo un soborno de 130.000 euros para el polideportivo El Calvario de Algeciras. El pago, que el excomercial de la firma niega, se llevó a cabo supuestamente en una venta de Jerez de la Frontera. En total, la juez estima que el PSOE de Algeciras y al delegado de Urbanismo y posterior alcalde, Diego Jesús Sánchez Rull, recibieron 279.360 euros en mordidas. La investigación concluye que Fitonovo repartió jugosos sobornos entre numerosos funcionarios, como el directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch, que supuestamente percibió un millón de euros.

En su estrategia empresarial, el administrador de Fitonovo, José Antonio González, relató a la juez que, poco después de la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla, recibió la petición del primer teniente de alcalde, Gregorio Serrano, para construir un parque infantil de manera gratuita en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto por un costo de 150.000 euros. Y este asegura que accedió “para congraciarse con el nuevo equipo de gobierno”. González admitió haber abonado sobornos al jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Amores, por 40.000 euros. Los pagos fueron mensuales (de 2003 a 2012) y oscilaron entre 300 y 600 euros.

Mientras, ante la Guardia Civil, Amores aseguró que el antiguo concejal y exdirector del área de Medio Ambiente con el PP, Joaquín Peña, le pidió que favoreciera a la empresa Albaba para adjudicarle un contrato de conservación de zonas verdes y arbolado. La juez ha imputado al administrador de Albaba, Juan Antonio Salas, tras haber logrado tres lotes de dicho “macrocontrato” de 48 millones de euros a través supuestamente de Peña y su amigo Carlos Alfonso Lozano.