El primo de Almeida dice que no influyó para que Madrid priorizara la compra de mascarillas a Luceño y Medina

Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este martes que su papel como interlocutor entre el empresario Luis Medina y el Consistorio no influyó para que la Administración madrileña priorizara y aceptase la millonaria oferta de material sanitario de Medina y Alberto Luceño. “Nada de lo que yo hubiera podido decir, que no dije, pudo alterar los trámites”, ha dicho en su declaración como testigo en la Audiencia Provincial de Madrid durante la tercera sesión del juicio del caso mascarillas.

El familiar del regidor es uno de los eslabones de la cadena que conectó a los empresarios con el Ayuntamiento de la capital, al que supuestamente ocultaron que cobrarían seis millones de comisiones de los más de 11 millones de la compra. Por esto y por presuntamente falsear documentación, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Luceño (al que también se le imputa un delito fiscal) y nueve para Medina. También están citados a declarar este martes como testigos los directores de las entidades bancarias donde los comisionistas recibieron las transferencias desde Malasia.

Para colocar el material sanitario en la Administración pública, a través de la empresa malaya Leno con la que Luceño estaba en contacto, Medina pidió ayuda a su amiga María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad privada College for the Internacional Studies (CIS) donde el hermano del duque de Feria estudio años antes. Díaz de la Cebosa le pasó el contacto del abogado Carlos Martínez-Almeida, al que conocía por su trabajo en una de las fundaciones que esta dirigía. El empresario llamó al letrado. “Me dijo que tenía experiencia en textil en China y que podía traer mascarillas. Que estaba interesado en poder ayudar al Ayuntamiento de Madrid”, ha repetido Martínez-Almeida, que ha matizado que la llamada duró “unos 40 segundos”, por lo que dice que no pudo conocer más acerca de la oferta.

El familiar del alcalde de Madrid ha explicado durante su declaración que recurrió a la coordinadora general de la alcaldía de Madrid, Matilde García Duarte, y esta le remitió a una dirección genérica de un correo electrónico. Martínez-Almeida se lo facilitó a Medina, y este envió un mensaje el 18 de marzo de 2020 ofreciendo diverso material sanitario: trajes de protección, mascarillas, pruebas covid de anticuerpos y desinfectantes. Al no tener respuesta, volvió a enviar el mismo mensaje el 19 de marzo y contactó con el primo del regidor. “Me llamó para decirme que nadie se ha puesto en contacto con él. Volví a hablar con García Duarte para preguntarle si el correo era correcto y ya no volví a hablar con Medina”, dice el abogado.

García Duarte, que ya declaró la semana pasada en la misma causa, revisó el mail tras la llamada de Martínez-Almeida y contactó con Medina para conocer si la oferta de material era gratuita u onerosa, ya que el equipo que esta coordinaba tan solo se dedicaba a derivar las propuestas que llegaban al Ayuntamiento y, dependiendo del tipo que fueran, la remitían a un departamento u otro. Tras conocer que Medina proponía una transacción económica, reenvío la oferta a Emergencias, que a su vez lo envió a Hacienda. Los mails de Medina llegaron el 20 de marzo a Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento que en ese momento era la encargada de la compra de material sanitario. En pocos días, Luceño también se presentó a Collado y acordaron finalmente una compraventa de un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes por 15,8 millones de euros. La compra la realiza la empresa funeraria municipal, de titularidad pública y la que por entonces tenía liquidez y la capacidad burocrática para ello.

Durante el trato de la compraventa, tanto Medina como Luceño acudieron a las oficinas de las entidades bancarias donde cada uno de ellos había planeado recibir las transacciones. Así lo han explicado los dos directores bancarios que han declarado este martes como testigos en la causa. Cristina Sierra, directora de la sucursal del Deutsche Bank donde el hermano del duque de Feria recibió la transferencia de su comisión millonaria, ha detallado que Medina acudió para informar de que recibiría una transferencia con una gran cantidad. “Vino a la oficina, se sentó a hablar conmigo. Me dijo que tenía previsto cerrar un negocio y como consecuencia podría recibir un millón de dólares. Me comentó que si se daba el negocio necesitaría una cuenta en dólares”, ha explicado Sierra. En esa entidad Medina tenía dos cuentas, una personal con poca cantidad de dinero y otra de la que era administrador. Para abrir una nueva cuenta y recibir la comisión, el empresario presentó la documentación que le exigieron, la directora la remitió a servicios centrales para que revisase si había alguna irregularidad y, finalmente, abrieron la cuenta donde recibió el dinero desde Malasia.

Luceño, al igual que Medina, fue a una oficina del Caixabank donde tenía varias “cuentas residuales” días antes de ejecutar la operación con el Consistorio, según ha informado Javier Martí, director de la sucursal. El comisionista “se adelantó” y presentó numerosa documentación de la operación de la venta de material sanitario (detalles de la mercancía, albaranes, información de la empresa Leno...). “Sabía cómo funcionaban los bancos”, ha dicho Martí. El director también ha declarado que Luceño le avanzó que quería crear una Sociedad Limitada (SL), pero que en ese momento no podía por la situación del coronavirus: “Su idea es recibir el dinero [en una cuenta personal] y luego constituir esa SL [...]. Recuerdo que cuando constituyó la empresa pasó el grueso de lo recibido”.

Precisamente fue la creación de esa empresa la que le saltó las alarmas a la Agencia Tributaria mientras examinaba la situación fiscal de Luceño. El organismo descubrió después que utilizó esa compañía para “simular” que fue la que trabajó como intermediaria para la empresa de Malasia y poder, según Hacienda, declarar los ingresos millonarios a través de ella y pagar menos impuestos que si lo hubiera hecho a través del IRPF, como correspondía. El organismo público le imputa por ello un delito fiscal de 1,3 millones de euros.