Alberto Luceño, sobre el cobro de comisiones por el material sanitario: “Como empresario, lo volvería hacer”

El empresario Alberto Luceño no mastica un sentimiento de arrepentimiento cuando habla de las comisiones millonarias que cobró por intermediar en la compraventa de material sanitario realizada por el Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia. “Yo, como empresario, lo volvería hacer”, confesó este jueves a este periódico, en un receso durante la segunda sesión del juicio por el caso mascarillas en la Audiencia Provincial de Madrid.

Luceño se sienta en el banquillo junto al empresario Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de la modelo Naty Abascal, acusados ambos de falsear documentación y estafar al Consistorio madrileño por ocultar la jugosa comisión que se llevarían por la venta de un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes. El Ayuntamiento pagó 15,8 millones de euros a la empresa Leno de Malasia, de la que los comisionistas eran intermediarios, por los recursos sanitarios. El pedazo del pastel que se llevaron los empresarios fue de seis millones de euros gracias a los altos porcentajes que aplicaron: un 60% a las mascarillas, un 81% a los guantes y un 71% a los test.

Ese abultamiento exagerado de los precios y la compra descontrolada —impulsado por un decreto del estado de alarma que permitía, excepcionalmente durante unos meses, contratar sin reglas— se aplicaron durante la primera ola del coronavirus, en marzo de 2020, mientras cientos de personas fallecían en Madrid y el pánico por la falta de stock se incrustaba dentro de las Administraciones. Luceño responde ante las preguntas sobre la inmoralidad de inflar los porcentajes en ese momento aludiendo a que era una oportunidad comercial que, a la par, también ayudó a mucha gente: “Yo no lo veo como el negocio de la muerte, sino como el negocio de la vida. Si no lo hubiéramos hecho [traer la mercancía] ¿Qué hubiera pasado?”. El empresario afirma que le cabrea que los focos le alumbren a él y a Medina y que no se haya publicado nada sobre otras empresas que, dice, “se han beneficiado más” de los fallecimientos a causa de la covid: “¿Por qué nadie pregunta cuánto ganaron las empresas funerarias?”.

Luceño describe la transacción como el resultado de años de trabajo y no como una jugada oportunista o una operación cómica como las que aparecen en los comics “de Mortadelo y Filemón”. Esto último es una referencia al registro que la Policía realizó en su vivienda y en la sede de su empresa, donde halló numerosos documentos falsificados, como una placa y un carnet del CNI. El descubrimiento desembocó en la burla en redes sociales comparando a los acusados con los personajes del historietista Francisco Ibáñez.

La repartición del botín fue desigual: Medina se guardó cinco millones y uno fue a las cuentas de Medina. La Agencia Tributaria examinó poco después la situación fiscal de Luceño y descubrió que este creó una empresa tras la venta al Ayuntamiento de Madrid para “simular” que fue esta compañía la que trabajó como intermediaria para la empresa de Malasia, para luego declarar a través de esta empresa los ingresos millonarios y pagar menos impuestos que si lo hubiera hecho a través del IRPF, como correspondía, según Hacienda. El organismo público considera le imputa un delito fiscal por 1.3 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el Luceño y nueve para Medina

Pese a los años de cárcel que sobrevuelan sobre ellos, ambos empresarios han acudido serenos a la sesión de este jueves, en la que han declarado como testigos Isabel de Palacio Tamarit, jefa de gabinete de la delegada de Hacienda y personal del Ayuntamiento de Madrid; Engracia Hidalgo, y Elena Collado, la alto cargo de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid que negoció la compraventa millonaria con Medina y Luceño. Collado ha insistido que los dos le dijeron que no cobrarían comisiones. “Me lo dijeron ambos, y en varias ocasiones”, ha respondido Collado a las preguntas del fiscal. “Siempre entendí que de forma desinteresada y altruista. De hecho, me intentaron convencer”, ha remarcado la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.

La declaración de Collado contradice los dos audios —presentados esta semana por la defensa de Medina— que este le envió durante las negociaciones en el que le informa del precio de fábrica en China de las mascarillas, lo que presuntamente desmonta, según los abogados de los acusados, que ocultaron al Ayuntamiento el cobro de comisiones. Esos archivos vocales se han reproducido durante la declaración de Collado: “Esta marca [de mascarillas] que te he enviado están hechas con grafeno. Son la pera, las Rolls Royce de las máscaras. El grafeno repele todo, es la más segura. Estoy intentando hacerme con ellas, con una cantidad muy grande […] La gente las está vendiendo entre seis y ocho dólares en el mercado, pero en fábrica nos cuestan a dos dólares”.

Preguntada por el fiscal, Collado ha admitido haber recibido esos mensajes, pero que en ese momento entendió que Medina le hablaba “del margen comercial de la fábrica, como el embalaje”. Y ha dicho que, de haber sabido que iban a cobrar una comisión, habría reconsiderado la oferta. “Hubiéramos parado en seco”, ha asegurado. No obstante, ha explicado que también la situación era muy difícil, plagada de dificultades para conseguir mascarillas y guantes, tanto por la poca oferta como por los límites administrativos municipales. “Necesitábamos el material de forma desesperada”, ha declarado.

El hermano del duque de Feria también dice en esos audios que “le encantaría” donar al Ayuntamiento una partida de mascarillas, aunque pide a Collado que no comente nada, porque aún no sabe si podría conseguir el material: “No cuentes todavía con ello”. La alto cargo del Consistorio ha afirmado en su declaración que esa donación fue “una excelente noticia” que les ayudó a identificar a los comisionistas como “personas de fiar”.

La alto cargo del Consistorio ha detallado que mantuvo una extensa comunicación con ambos comisionistas tanto por mail, por mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas. No obstante, Collado ha remachado que la mayoría de las veces hablaban por el móvil, y que los wasaps y mails representan una pequeña parte de las comunicaciones. “Fueron 900 horas de llamadas esos meses a los proveedores, también a estos”, ha matizado.

Estos audios, que los acusados no conocían de su existencia hasta la semana pasada, parecen imbuir de una cierta seguridad a Medina y Luceño. “Estamos tranquilos”, es la frase que han lanzado a los periodistas como una coletilla. Han sonreído entre ellos, en los descansos ha ido juntos a fumar “un cigarro” e incluso han bromeado entre ellos o con el resto de personas a las que se arriman. “Mi madre aún no sabe que fumo”, se ha guaseado Medina durante un receso en el pasillo de la Audiencia.

“No eran esos guantes maravillosos”

Los comisionistas llegaron al Ayuntamiento de Madrid gracias a la intervención del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida. Este facilitó primero a Medina un correo electrónico genérico de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid, donde el duque de Feria escribió dos correos el 18 y 19 de marzo para ofrecer diverso material sanitario: trajes de protección, mascarillas, pruebas de anticuerpos, desinfectantes... Luego, el familiar del alcalde llamó a la coordinadora general del Consistorio para hablarle sobre la oferta y comunicarle que los empresarios habían enviado a su equipo una proposición.

La coordinadora leyó el mail y contactó con el empresario para conocer si el ofrecimiento de material era gratuito o no, ya que el equipo que ella dirigía tan solo se dedicaba a derivar las propuestas que llegaban al Ayuntamiento y, dependiendo del tipo que fueran, la remitían a un departamento u otro. Tras conocer el ofrecimiento oneroso, reenvío la oferta a Emergencias, que a su vez lo envió a Hacienda, a Collado.

Los contratos entre el Consistorio y la empresa Leno se cerraron a través de la empresa funeraria municipal, de titularidad pública y con la suficiente liquidez y agilidad administrativa como para pagar por adelantado. El precio final por todo el material se fijó en 15,8 millones de euros, sin que Collado supiera, por ejemplo, que los guantes que acababa de comprar con dinero público eran mucho más caros que los que se vendían en el supermercado de debajo de su casa, y que, además, eran defectuosos. “No eran esos guantes maravillosos, sino corrientes, no los que habíamos encargado. Llamé a Luceño y Medina, y no me cogían el teléfono. Estaba convencida de que nos habían engañado desde la fábrica. Luego Medina me cogió el teléfono, le dije que estaba muy disgustada”, ha declarado la coordinadora.

En su defensa, Luceño ha dado su versión a varios periodistas de ese acontecimiento en el pasillo: “Yo vendí los guantes, ellos se esperaban que fueran de otra forma, más largos. Pero no se les engañó”. Finalmente, el Ayuntamiento recibió cuatro millones por el coste de los guantes, pero no denunció el engaño. Solo lo hizo cuando la Fiscalía se querelló dos años después. El Consistorio figura como acusación popular y reclama a los empresarios más de siete millones de euros.

Las semanas posteriores a la llegada del material, los empresarios recibieron ocho transferencias desde Malasia con los seis millones de euros. Medina se los gasta todo en menos de seis meses, lo invierte, por ejemplo, en un yate que registra en Gibraltar, mientras que Luceño se lo gasta en objetos de lujo como relojes o coches de alta gama. El empresario ha justificado la compra de esos coches como una inversión, “un activo”.