La defensa de Medina y Luceño asegura que el Ayuntamiento de Madrid conocían el precio de fábrica de las mascarillas

Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina han entrado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid con paso sereno a la primera sesión del juicio del Caso Mascarillas, donde ambos están acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid y de falsear documentos durante la compraventa de material sanitario que realizaron en la primera ola del coronavirus, en marzo de 2020. Mientras la covid sembraba de muertos la capital, estos dos procesados urdieron supuestamente un plan para vender al Consistorio un millón de mascarillas, 250.000 test rápidos y 2,5 millones de pares de guantes por el que se llevarían seis millones de euros en comisiones, cinco para Luceño (al que también se le imputa un delito fiscal) y uno para Medina, hermano del duque de Feria e hijo de la modelo y socialité Naty Abascal. Fue la compra más cara que hizo un municipio español en lo peor de la pandemia. El sumario de la causa señala que ambos ocultaron al Ayuntamiento que cobrarían una parte de ese desembolso público. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Medina y 15 para Luceño. Este martes también ha acudido a declarar como testigos María Díaz de la Cebosa, amiga de Medina que le enlazó con el Consistorio, y Matilde García Duarte, excoordinadora general del Ayuntamiento de Madrid.

“Estoy tranquilo”, ha repetido varias veces Luceño a los periodistas antes de entrar en la sala. Medina, por el contrario, guardaba un silencio calmado y sonreía al lado de su socio comisionista. Parte de esa tranquilidad, ha precisado la defensa de ambos a varios periodistas, se debe a una prueba que ha aparecido hace tan solo unos días y que presuntamente desmonta que los acusados ocultaron al Ayuntamiento de Madrid las comisiones de las que se beneficiaron. Medina envió dos supuestos mensajes de audio a Elena Collado, por entonces coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio y que negoció el contrato con los comisionistas, en el que este revelaba que el coste de las mascarillas en Asia era de dos euros. “El Ayuntamiento sabía el precio de fábrica de las mascarillas”, ha afirmado en un corrillo durante un receso uno de los abogados de Medina. Collado siempre ha negado que los empresarios le dijesen que iban a cobrar comisiones.

La defensa del aristócrata ha solicitado incorporar la relación de mensajes entre su cliente y Collado como prueba: “Ofrecemos el terminal donde se alojan los mensajes”. El fiscal ha considerado que esta no tiene garantías de ser auténtica y ha solicitado que, de admitirse, se pida a Collado una copia de dichas comunicaciones para corroborar que recibió esos mensajes. El fiscal también ha subrayado que resulta “raro” que los audios, en principio tan relevantes, no se hayan presentado antes. Preguntados durante un descanso a los abogados por este detalle, han afirmado que su defendido no los había encontrado hasta este momento. Luceño, sonriente, ha dicho: “Ese es Medina”. De cualquier manera, esos audios solo hacen referencia a la venta de los cubrebocas y no a las pruebas anticovid o a los guantes.

El abogado de Luceño también ha pedido incorporar más audios y WhatsApps que los empresarios se intercambiaron entre el 18 de marzo y el 2 de abril de 2020, que en su opinión son “importantes” para demostrar que “el Ayuntamiento no se sentía estafado” con la venta del material sanitario. El letrado aludía que en esos mensajes se hace referencia a la gratitud que sintió el Consistorio por el trato. La jueza le ha pedido que en la tarde de este martes le indique en un documento cuáles de ellos son relevantes para la causa, para luego decidir si los admite o no. “No vamos a ver 146 archivos de audio”, ha explicado la magistrada.

El abogado representante del PSOE, por otra parte, ha solicitado la declaración como testigos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que especifiquen el alcance de la supuesta estafa. “Esa declaración es fundamental” y “el engaño llegó hasta el alcalde”, ha dicho el letrado.

El pelotazo de estos comisionistas comenzó a fraguarse durante la segunda quincena de marzo de 2020, según indica el escrito de acusación. Luceño contactó con Medina para que le ayudara a buscar contactos con instituciones públicas para vender material sanitario de China a través de un enlace en Malasia, el empresario San Chin Choon, director ejecutivo de la compañía Leno Sdn Bhd. Medina, personaje de la prensa rosa española, llamó por teléfono a su amiga María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad privada College for the Internacional Studies (CIS) donde el hermano del duque de Feria estudio años antes. Díaz de la Cebosa le pasó el contacto del abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. La presidenta de la CIS ha acudido también este martes para declarar como testigo y ha matizado que solo sirvió de puente entre Medina, al que considera “un empresario y persona respetable”, y Carlos Martínez-Almeida.

El familiar del alcalde de Madrid le facilitó a Medina una dirección de correo electrónico genérico de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid, dirigida entonces por Matilde García Duarte, para que enviase la solicitud. Lo hace el 18 de marzo de 2020, ofreciendo diverso material sanitario: trajes de protección, mascarillas, test COVID de anticuerpos, desinfectantes. En este mensaje, Medina afirmaba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas. Al no tener respuesta, volvió a enviar el mismo mensaje el 19 de marzo.

García Duarte, la segunda testigo que ha declarado este martes, ha explicado que recibió una llamada de Carlos Martínez-Almeida, amigo cercano, para contarle acerca del ofrecimiento de Medina y que le había enviado un mail al correo genérico. García Duarte leyó el mail y contactó con el empresario para conocer si el ofrecimiento de material era gratuito o no, ya que el equipo que ella dirigía tan solo se dedicaba a derivar las propuestas que llegaban al Ayuntamiento y, dependiendo del tipo que fueran, la remitían a un departamento u otro. Tras conocer el ofrecimiento oneroso, reenvío la oferta a Emergencias, que a su vez lo envió a Hacienda.

Esos mensajes de Medina acaban llegando el 20 de marzo a Collado, que en ese momento era la persona encargada de la compra de material sanitario para el Consistorio madrileño. En pocos días, Luceño también se presenta a Collado como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático. El auto de acusación señala que, en ese momento, “dijo actuar con ánimo altruista, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia”.

Los contratos entre el Consistorio y la empresa de Malasia Leno se cerraron por una valor total de 15,8 millones de euros a comienzos de abril a través de la empresa funeraria municipal, de titularidad pública. Se firmaron sin que Collado se diera cuenta de que los guantes que le habían vendido estaban más baratos en el supermercado de debajo de su casa y que, además, eran defectuosos. “Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida”, le escribió el 8 de abril la coordinadora a Luceño. El Ayuntamiento recibió el coste de los guantes y los empresarios no recibieron las comisiones de ese contrato. No obstante, en los primero 24 días de abril recibieron ochos transferencias desde Malasia con los seis millones de euros. Medina se los gasta todo en menos de seis meses, lo invierte, por ejemplo, en una yate que registra en Gibraltar, mientras que Luceño se lo gasta en objetos de lujo como relojes o coches de alta gama.