El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire

Cinco meses después de que comenzara la vista oral contra Rodrigo Rato por el supuesto origen ilícito de su fortuna, ya solo queda conocer el dictamen de los magistrados. Este viernes, la Audiencia de Madrid dejó el juicio visto para sentencia tras 56 sesiones. La presidenta del tribunal, Ángela Acevedo, avanzó a todas las partes que ahora les toca esperar: “No vamos a poder dictar la sentencia en cinco días, pero esperamos que sea en un plazo razonable”, les comentó antes de dar por acabado un complejo proceso que ha sentado en el banquillo a quien fuera uno de los políticos y banqueros más poderosos de España. Sobre Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, pende ahora una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Y muchas preguntas por resolver.

¿Volverá a la cárcel? Rato salió de la prisión de Soto del Real (Madrid) en octubre de 2020 tras pasar dos años encerrado (de la pena de cuatro años y medio de reclusión que se le impuso por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia). Desde entonces, la posibilidad de regresar a la cárcel ha sobrevolado su vida y, también, este último juicio que se ha celebrado contra él. “Después de mi salida, he vuelto varias veces a ver a antiguos compañeros y hoy amigos. Y espero seguir haciéndolo, pero solo de visita”, confiesa en su libro de memorias titulado Hasta aquí hemos llegado.

La Audiencia de Madrid tiene ahora sobre la mesa una petición de Anticorrupción de 63 años, que abre la puerta a esa hipotética vuelta si se le declara culpable. Aunque, en ese caso, a Rato aún le quedaría batalla por delante. Si el exministro recurre la sentencia (hasta llegar, incluso, al Supremo), podría esquivar su ingreso en prisión, ya que la condena seguiría sin ser firme hasta que se pronuncie la última instancia. Pero, en el caso de que se le impusiera una pena muy alta, el escenario se complica. En otros casos de corrupción, no se esperó al Supremo y se ordenó la entrada al apreciar que, tras dictarse el fallo, se había multiplicado el riesgo de fuga.

¿Serán válidas las pruebas que sustentan la causa? El juicio se inició con las denominadas cuestiones previas, que las defensas aprovecharon para exponer las vulneraciones de derechos que consideran que han tenido lugar durante la investigación de los hechos. En este caso, los abogados de los acusados, y en especial la de Rato, plantearon la nulidad de los registros de domicilios y oficinas que tuvieron lugar en abril de 2015 —cuando se inició este procedimiento— al entender que muchos de los documentos incautados no contaban con autorización judicial. Es decir, las defensas cuestionaron la legalidad de las pruebas que sustentan todo el procedimiento y, por tanto, la validez de la causa judicial. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión en la sentencia, ya que pospuso su valoración a dicho momento.

¿Quién ganará la batalla de informes periciales? El tribunal deberá sumergirse durante las próximas semanas, igualmente, en los análisis periciales que se exhibieron en una larga vista oral que se ha prolongado cinco meses: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024. En los juicios sobre delitos fiscales (como es este caso), estos informes acostumbran a desempeñar un papel fundamental. Y su peso se deja notar en las sentencias. Cada una de las partes, muy conscientes de ello, hicieron hincapié en las conclusiones que les benefician, y trataron de restar valor a las que les perjudican.

“En esta causa, el auxilio judicial ha operado como perito de la acusación”, arremetió la abogada de Rato durante su exposición final. “Esta parte no alcanza a entender el papel de la IGAE [Intervención General de la Administración del Estado] en esta causa porque el informe versa sobre una materia ajena a sus competencias”, cargó también la defensa del exvicepresidente, que llevó a la vista sus propios informes periciales. Antes, durante su declaración ante el tribunal, los peritos de Hacienda habían puesto contra las cuerdas su estrategia: entre otros extremos, estos técnicos subrayaron que el exministro impulsó operativas bancarias para “dificultar” la trazabilidad de su patrimonio y el “seguimiento del dinero”, así como mecanismos societarios para “parapetar el origen de los fondos”.

¿De dónde viene el patrimonio bajo sospecha? Es la gran cuestión y el origen de todo el proceso. El expolítico negó rotundamente la acusación de la Fiscalía Anticorrupción y aseguró que toda la fortuna bajo sospecha era “dinero limpio”. Así, explicó que una parte de esos fondos corresponden a la herencia de una sociedad de su padre en Suiza. Otra parte está relacionada con dos cuentas bancarias que abrió en Estados Unidos durante su etapa como director gerente del FMI entre 2004 y 2007. Una fue utilizada para recibir su salario y en la otra se ingresó la devolución de un préstamo y la cuantía por venta de un inmueble, según manifestó. Sobre el hecho de que esta segunda cuenta estuviera radicada primero en Bahamas y luego en Suiza, el exministro de Economía se escudó en que fue una decisión adoptada por el propio banco.

En cuanto al dinero recibido por sus trabajos de asesoría a empresas como Lazard, Criteria Caixa o Telefónica, así como su intervención en conferencias tras regresar a España, Rato afirmó que facturó dichos servicios a través de Kradonara (la sociedad donde se sitúa el epicentro del caso) porque detrás de ellos había un equipo de “carne y hueso” trabajando. No obstante, la Fiscalía no da credibilidad a esta tesis e insiste en que el objetivo de este modo de operar era conseguir una rebaja fiscal. Por último, el exdirigente del Partido Popular negó haber seleccionado las agencias de publicidad de Bankia y que se llevara por ello determinadas comisiones.

¿Participó el círculo de confianza de Rato? A su vez, los magistrados deberán ahondar en la dimensión de la presunta trama. Tendrán que responder a la pregunta de si alguien más participó en la supuesta operativa para esconder su fortuna, así como en las presuntas maniobras para adjudicar contratos de Bankia a cambio de comisiones. Por un lado, la Fiscalía apunta a Domingo Plazas, a quien considera el asesor fiscal del exvicepresidente, aunque ambos lo niegan. Por otra parte, entre otros, señala a Teresa Arellano, quien fuera su secretaria durante décadas; y a José Manuel Fernández Norniella, que fue hombre de confianza del exministro durante su etapa en el Gobierno y en la entidad financiera.

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