El último órdago contra Rodrigo Rato: claves del juicio sobre la fortuna del exdirector del FMI

Eran poco más de las tres de la tarde del 16 de abril de 2015 cuando, de repente, alguien aporreó con fuerza la puerta de la vivienda de Rodrigo Rato. El ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, símbolo de ese “milagro económico” del que alardeaba el PP para alcanzar el poder, se encontraba en ese momento solo en casa. Conversaba con Pedro Arriola, asesor de confianza del presidente Mariano Rajoy, al que había telefoneado tras recibir varios avisos en los últimos días de que iban a detenerlo. “Lo llamé para ver si me podía confirmar que esa era la intención del Gobierno”, confiesa Rato en sus memorias al describir la jornada que propició su definitiva caída por el precipicio y que dejó una imagen icónica: la de un agente colocándole la mano en la nuca para meterlo en un coche tras su arresto.

En aquel entonces, la Audiencia Nacional ya investigaba a Rato por la salida a bolsa de Bankia (de la que fue absuelto en 2020) y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid (por el que fue condenado en 2017 a cuatro años y medio de cárcel). Pero, ese 16 de abril, iba a sufrir el golpe más personal. Una multitud de agentes de Vigilancia Aduanera se amontonaba en las escaleras de su edificio para registrar su casa por orden del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, que estaba de guardia ese día y había recibido esa mañana otra denuncia de la Fiscalía contra el exdirigente del PP. El caso se centraba esta vez en el patrimonio del exmandatario —del que se había conocido esa misma semana que se acogió a la amnistía fiscal del Ejecutivo de Rajoy— por delitos fiscales y blanqueo de capitales, entre otros. Y esa investigación, tras una compleja instrucción de más de un lustro, se enjuicia a partir de este viernes en la Audiencia Provincial.

El ex director gerente del FMI volverá así a sentarse ante un tribunal. La Fiscalía, que pidió que se le condenase a cerca de 70 años de prisión por esta causa, pone sobre la mesa un relato de corrupción, opacidad, tramas societarias, testaferros, paraísos fiscales… “Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades” extranjeras (de Irlanda, Panamá o Gran Bretaña), con las que ejecutaba “actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Suiza y Mónaco, entre otros lugares”, según explica el ministerio público. Añade que el exvicepresidente de Aznar también operaba en territorios como la Isla de Man, Kuwait o Curaçao.

“Se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas […] Repatriaban parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por el trust gibraltareño Finsbury”, apostilla el escrito de acusación. Este documento afirma que el incremento patrimonial no justificado de Rato, entre 2005 y 2015, supera los 15 millones de euros; y cifra las cuotas defraudadas a Hacienda en más de ocho millones y medio. Además, la Fiscalía añade que, durante su etapa como presidente de Caja Madrid y Bankia, cobró “comisiones” ilegales por la adjudicación de contratos publicitarios.

La vista oral se calcula larga y tediosa. Se han reservado cuatro días de diciembre (15, 18, 19 y 20) para la fase de cuestiones previas. Después parará hasta el 8 de enero, cuando se retomará el juicio con las declaraciones de los testigos, que prevén prolongarse hasta febrero. Le seguirá la prueba pericial —la parte más técnica y que suele resultar clave en procesos sobre fraude fiscal—, que pueda durar hasta cinco semanas. Los interrogatorios de los acusados se han dejado para abril. Ya en mayo se afrontará la recta final con la presentación de la prueba documental; las conclusiones e informes de todas las partes, y el derecho a la última palabra de los procesados. El tribunal estima que el 24 de mayo todo quedará visto para sentencia.

Para entonces, Rato y sus compañeros de banquillo ya deberían haber jugado todas sus cartas. Además de contra el expolítico, se abrió juicio oral contra otra quincena de personas físicas y jurídicas: entre ellas, Teresa Arellano, quien fuera la secretaria personal de confianza durante décadas del exdirigente del PP; Santiago Alarcó, excuñado de Rato; el asesor fiscal Domingo Plazas; y Ramiro Sánchez de Lerín, exsecretario de consejo de administración de Telefónica, compañía que se encuentra implicada también como responsable civil subsidiario.

A sus 74 años, quien fuera ministro de Economía de 1996 a 2004, sigue negando irregularidades en su patrimonio: “Los hechos objeto de acusación no se ajustan a la realidad [...] A la fecha de presentar la denuncia el 16 de abril de 2015, la totalidad de su patrimonio había sido puesto en conocimiento de la Agencia Tributaria, de manera voluntaria y acorde a la normativa. En consecuencia, no existía opacidad ni ocultación, sino transparencia”, afirma su abogada, María Massó, en un escrito. “[El juez] me acusa de delitos por hechos por los que a los demás les hacen una simple inspección”, ha minimizado el propio Rato en público, que ha acusado a Hacienda, la Fiscalía y la justicia de emprender una cacería contra su persona. Según afirma, se violó su derecho a la inviolabilidad del domicilio con aquel registro “innecesario” y “desproporcionado” de su casa, que permitió intervenirle un maremágnum de papeles (más de 12 millones de documentos).

“La presente causa ha tenido y tiene como único objeto a Rato y todo su entorno”, insiste la defensa del ex director gerente del FMI, que apostilla: “Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con él”.

A partir del viernes, cuando vuelva a sentarse en el banquillo tras salir de la cárcel en 2020, Rato escribirá otro capítulo de su larga caída. Su vida se colocará de nuevo bajo los focos. Lejos quedará ya su etapa como influyente director gerente del FMI. Y aún más lejos, su paso por el Gobierno de Aznar y por la cúpula del PP, donde compartió horas con compañeros a los que después acusaría de urdir una trama para propiciar su detención. Durante seis meses, según las previsiones de la Audiencia de Madrid, el tribunal escuchará atento cómo se escruta su pasado y sus cuentas. Él tendrá la oportunidad de explicarse y de defenderse. Y podrá, incluso, rememorar esas dos frases con las que cierra su libro de memorias: “La vida es un misterio y nunca sabes lo que te deparará. Así he llegado hasta aquí”.

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