Rodrigo Rato ya tiene la fecha de inicio de su próximo juicio: el 12 de diciembre de 2023

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya tiene fecha para volver a sentarse en el banquillo de los acusados. La Audiencia de Madrid ha fijado para el próximo 12 de diciembre el inicio de la vista oral contra el exdirigente del PP por el presunto origen ilícito de su patrimonio, por el que la Fiscalía ha llegado a pedir que se le condene a cerca de 70 años de prisión. Según una resolución dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal prevé que el juicio comience ese día y se prolongue hasta el 23 de mayo de 2024.

El viacrucis del expolítico del PP escribe así un nuevo capítulo. Condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black y absuelto en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia —entidad que también presidió de 2010 a 2012—, Rato afronta esta última causa pendiente en los tribunales. La Audiencia de Madrid confirmó en 2021 que debía sentarse en el banquillo por delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción. La Fiscalía asegura que ha identificado elevados incrementos patrimoniales no justificados y millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. Pero el exvicepresidente del Ejecutivo ha defendido su inocencia: “Nos encontramos ante una causa general y prospectiva, en la que se dirige la acción acusatoria contra todas y cada una de las personas que hayan podido tener cualquier tipo de relación (de amistad, familiar o empresarial) con [Rato]”, ha expuesto su defensa.

La dimensión del caso Rato se refleja en el número de días que ha reservado el tribunal para la celebración del juicio. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid prevé que la vista se prolongue durante 74 jornadas, debido al elevado número de acusados —además de a Rato, el juez procesó a casi otra veintena de personas físicas y jurídicas— y a la gran cantidad de prueba testifical y documental que debe practicarse. Sin embargo, entre todos los comparecientes citados, los magistrados no han aprobado que acuda a declarar Rafael Catalá, exministro de Justicia de Mariano Rajoy, como había pedido Rato. El exdirector del FMI quería que su antiguo compañero de filas ratificase unas declaraciones públicas que hizo en 2015, cuando aseguró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal que había aprobado el Ejecutivo de Rajoy en 2012.

En su escrito de acusación provisional, entre otras cuestiones, el ministerio público apuntó que Rato ocultó parte de su patrimonio al fisco desde 1999, cuando era vicepresidente de Aznar. Para ello, según la acusación pública, se valió de un entramado de sociedades —entre ellas, la irlandesa Red Rose Investment; las panameñas Red Rose Finantial y Westcastle Corporation; y la británica Vivaway Limited— que usaba para realizar continuas actividades de inversión financiera, mediante multitud de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros lugares. La Fiscalía calculó que las cuotas defraudadas por Rato superan los 8,5 millones de euros. El expresidente de Bankia lo niega.

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