La Policía describe cómo Gürtel “colonizó” el PP y desvió dinero a las campañas electorales
El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la red corrupta, declara en el tercer gran juicio contra los populares por beneficiarse de la trama
El PP ha vivido un día aciago en el tercer gran juicio que lo sienta en el banquillo por el caso Gürtel. Este miércoles, durante casi cuatro horas, la Policía ha confirmado la acusación de la Fiscalía y ha desgranado la multitud de pruebas sobre el funcionamiento de la trama liderada por Francisco Correa, su “colonización” de las administraciones gobernadas por los populares —expresión usada por la fiscal— y el desvío de dinero para costear sus campañas electorales. “Correa se convertía en el ejecutor y canalizador de fondos, cualquiera que fuera su origen, que el partido ponía a su disposición para poder financiar esos actos”, ha sentenciado el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la red corrupta que anidó en la formación ahora encabezada por Pablo Casado.
Sentados frente al tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia esta parte de Gürtel, centrada en el desembarco de la trama en Boadilla del Monte (Madrid), Morocho y uno de sus compañeros —el funcionario número 76.134— han compuesto un relato que ametralla la estrategia de defensa del PP, que niega cualquier responsabilidad como fuerza política. Los policías han descrito una dinámica ilícita de cobro de mordidas a empresas a las que adjudicaban contratos públicos amañados y el desvío posterior de parte de ese dinero a las campañas. Un sistema que, según han remachado los agentes, se repetía no solo en este municipio, sino en otras partes del país donde la trama había logrado asentarse con el beneplácito de dirigentes de la formación.
“La estructura empresarial de Correa [creada] no solo hacía los preparativos para ejecutar los eventos [de campaña], sino que intervenía en los procesos de financiación de esos eventos”, ha incidido Morocho, identificado con el número de funcionario 81.067. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha especificado, por ejemplo, cómo repartieron una comisión ilegal de 60.000 euros: “De estos fondos, que vienen de una comisión por una adjudicación, deciden dedicar una parte a financiar actos de campaña en Boadilla [...] Generan un sobre que lo van a dedicar al concepto ‘campaña”.
La relación entre el PP y el grupo dirigido por Correa era intensa. Los policías han narrado que la trama logró montar tres vías principales para captar ingresos, todas relacionadas con el partido. La primera, a través de la adjudicación de contratos de publicidad que le concedían administraciones en poder de los populares. La segunda, mediante su intermediación ante otras empresas para que les dieran concesiones públicas amañadas. Y la tercera, mediante la preparación de esos actos de campaña. El movimiento de dinero negro y pagos en b era habitual en esas operaciones, según ha precisado Morocho, que ha recuperado la ingente documentación incautado a la red corrupta.
Todos estos extremos lo ratifican, además, la mayor parte de los 24 acusados que se sientan en el banquillo desde que arrancó el juicio el pasado noviembre. Hasta 17 de ellos han confesado su implicación en la trama y la mecánica irregular descrita por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción. Entre los arrepentidos se encuentran el propio Correa, conocido con el mote de Don Vito; su mano derecha, Pablo Crespo, alias Grecian; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, El Albondiguilla; el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda, Tomás Martín Morales, El Santo; y el exdiputado popular Alfonso Bosch, El Bujías. “Ya comprobamos la propensión que tenían a utilizar motes para referirse a las personas”, ha recordado Morocho. Otros que han admitido los delitos son el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno); y los constructores José Luis Martínez Parra, Alfonso García-Pozuelo y José Luis Ulibarri.
“Se repiten las mismas empresas”
El funcionario 81.067 conoce cada recoveco de Gürtel. Desde que estalla el escándalo hace más de una década, Morocho encabeza las pesquisas y firma numerosos informes que han demostrado los negocios ilícitos de la red corrupta y la existencia de la caja b del PP. Una larga experiencia que ha demostrado este miércoles ante el tribunal, al que ha explicado con profuso detalle los mecanismos irregulares diseñados por la trama para saquear las arcas públicas. Todo el tiempo, destaca el agente, “se repiten las mismas empresas: Constructora Hispánica, Teconsa, Sufi...”.
El sistema ilegal se sostenía sobre los contactos personales. Sin confianza entre los implicados resultaba imposible, según ha descrito el agente: “Los empresarios contratan a Correa para que sea él quien, a través de sus contactos en las Administraciones Públicas, les consiga aquellos contratos que consideran de su interés”. De esta forma, el cabecilla de Gürtel ejercía como intermediario y se esforzaba por tejer relaciones de afinidad en dos direcciones: con sus pagadores (los empresarios) y con los corruptibles (los funcionarios y políticos que compraban). Un plan que caló con fuerza entre dirigentes del PP.
Como han subrayado varios acusados, que han confesado, Correa se movía como pez en el agua dentro de los círculos de poder populares. “Siempre ha sido un excelente relaciones públicas. Trabó relación con todos los dirigentes y con los alcaldes. Era una persona con mucha capacidad de influencia en todos ellos. Y así fue como fue conociendo a todos”, apuntó su número dos, Pablo Crespo, que también fue secretario de Organización de los populares gallegos. En la misma línea se pronunció Arturo González Panero, exregidor de Boadilla: “Comprobé que tenía mucha ascendencia en el PP [...] Entraba [en Génova] sin necesidad de acreditación”. Correa asistió a la boda de la hija de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.
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